IV. UNA PRECARIEDAD INTENCIONADA.
En el camino a la precarización del empleo en el Sector es necesario hacer memoria para explicar por qué hemos llegado hasta aquí. La mayoría de los argumentos utilizados por la Administración han ido siempre en la misma dirección: la crisis económica como excusa para justificar los recortes, incluyendo los recortes en personal.
Pero lo cierto es que los orígenes de la precariedad aparecen mucho antes de la crisis. Los primeros pasos los da la Administración a mediados de los 80, utilizando los modelos de contratación temporal de la empresa privada, y preceden en unos pocos años al Informe Abril Martorell, que fue el primer documento oficial de orientación privatizadora. De manera que dichos orígenes dejan ver el doble propósito (laboral y social) de la precariedad en la Sanidad Pública, que se volverá evidente años después: flexibilizar y reducir las plantillas y facilitar las privatizaciones.
La consagración legal de la precariedad, como situación regular, en el sector sanitario la encontramos en la Ley 55/2003 del” Estatuto Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud “. Una norma estatal, que además deja al personal de los servicios de salud en una situación de “semifuncionarización” sometidos al Derecho Administrativo, pero con peores derechos en su conjunto que los funcionarios y laborales.
En ninguna otra norma de los Servicios de Salud, ni en las Leyes de la Función Pública dictadas por el Gobierno o las CC.AA, ni en los Convenios Colectivos del personal laboral, se da tanta diversidad de nombramientos temporales (eventuales de corta y larga duración, sustituciones, comisiones de servicio, servicios especiales, promociones internas temporales, interinos etc). De ahí que la Administración ha ido jugando con estos nombramientos para ir cubriendo las vacantes que se venían produciendo, de forma totalmente indiscriminada y arbitraria.
A partir de aquí y debido precisamente a esta diversidad, los servicios de Salud de cada Comunidad Autónoma, han ido adaptando sus modelos de selección y provisión temporal a sus modelos sanitarios y, en la Comunidad de Madrid, se han ido concretando con Pactos y Acuerdos con las Organizaciones Sindicales, que no han tenido ningún reparo en avalarlos con su firma, a pesar de ser tremendamente nocivos para los trabajadores.
Como ejemplo de estos Acuerdos podemos poner el firmado el 8 de Noviembre de 2005 sobre “criterios de cese por incorporación de personal procedente de Ofertas de Empleo Público” un Acuerdo para ordenar los despidos, generando en los trabajadores una dinámica de confrontación, sin conseguir un compromiso de regularidad en las OPEs, ni establecer mecanismos para recuperar las plantillas perdidas con anterioridad.
Es decir, el camino que se decide recorrer es el inverso a la creación de empleo estable y de calidad, cesar a trabajadores con muchos años de experiencia que no han podido consolidar su empleo por falta ofertas de Empleo Público, con el carácter periódico que hubiese sido obligatorio y deseable.
Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad
