La sanidad falla en las cárceles

Alrededor de 60.000 personas están presas en España  -55.000 hombres y 5.000 mujeres-. Su salud está “extraordinariamente más quebrantada que la de las personas en libertad”  según el informe “Sanidad en prisión. La salud robada entre cuatro muros” elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)  y presentado hoy junto a la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la Organización Médica Colegial de España.

El estudio señala la existencia en las cárceles de enfermedades “prácticamente erradicadas en el exterior”, como la tuberculosis  -padecida por un 5% de reclusos-. Además alrededor del 5,8% tiene VIH  y un 20% Hepatitis C (13.000 presos). Cuatro de cada 10 infectados con Hepatitis C también lo están con VIH. En cuanto a la salud mental, más de la mitad de la población reclusa recibe medicación con psicofármacos. Alrededor del 40% padecen algún trastorno mental y un 8% tiene enfermedades mentales graves.

Perfil de presos

El perfil del preso español es el siguiente: Varones de una media de edad de 39 años, procedentes de contextos de exclusión o vulnerabilidad social y con bajo nivel de escolarización. Posiblemente con algún problema de salud mental y relación con las drogas – según un estudio de 2011 de la Fundación Atenea, entre un 70 y un 80% de las personas reclusas estarían privadas de libertad por delitos relacionados con las drogas-. Por otra parte, más de un 30% estaban en paro antes de entrar en prisión.

Se incumple la ley

La Constitución y la legislación vigente establecen que las personas reclusas tienen los mismos derechos que el resto de la población en materia de salud. Actualmente, los servicios de sanidad de las cárceles dependen de Instituciones Penitenciarias y no están integrados en los servicios públicos de salud. Una de las principales reivindicaciones del citado informe es la “transferencia de competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas -con la trasferencia presupuestaria correspondiente-”, para que “la misma administración sanitaria” que atiende a la población general  lo haga con la recluida y lograr así una “equidad en la asistencia”.

Aunque una ley de 2003 resolvió que todas las competencias sanitarias debían ser transferidas a las comunidades autónomas en 2004, esto no se ha cumplido. Solo País Vasco ha realizado esta transferencia, con resultados muy positivos según el informe. Esta dualidad de competencias en materia sanitaria (Instituciones Penitenciarias para la población reclusa y Servicio Nacional de Salud para la población general) provoca, por ejemplo, que entrar y salir de prisión sea como “cambiar de país”. El estudio señala que “las personas presas no se encuentran incluidas en el sistema de datos e historia clínica del Servicio Nacional de Salud (excepto en Navarra y País Vasco)”. Al  no existir un sistema único,

tanto los médicos de prisión como los de fuera desconocen el historial clínico del paciente. Denuncian que tampoco se comparte información entre centros penitenciarios.

Otro de los problemas que plantea esta dependencia de la sanidad penitenciaria del Ministerio del Interior, es que los médicos de prisión ven condicionada su labor por “limitaciones presupuestarias y criterios regimentales y de seguridad”, por encima de sus obligaciones médicas. Esto ha derivado, por ejemplo – como ha referido el Defensor del Pueblo Andaluz en un informe- que la prisión de Algeciras no solicitara tacs o resonancias por su elevado coste. Los autores del estudio afirman que Instituciones Penitenciarias «está en constante pleito con las comunidades autónomas sobre quién es la administración competente que debe prestar la asistencia especializada y pagarla».

Es la economía…

La pelea por derivar a otra administración las competencias en sanidad penitenciaria tienen una causa: Los antivirales de acción directa para la Hepatitis C y su elevado precio. En este sentido, el informe advierte que “ la tendencia del Ministerio a reorganizar sus presupuestos sin merma de la seguridad, lo ha sido a costa de la sanidad” y señala que “los tratamientos contra la hepatitis C de última generación no están siendo administrados en igualdad de condiciones a la población en libertad”. Teniendo en cuenta la alta incidencia de Hepatitis C en los presos (13.000 afectados)  y que -si no se trata- esta enfermedad deriva normalmente en cáncer hepático o cirrosis, la cuestión es de especial gravedad. Según el informe, Instituciones Penitenciarias “está dificultando o negando desde hace unos cuatro años, que reclusos enfermos de Hepatitis C accedan a los nuevos tratamientos”.  En la actualidad, solamente entre el 1% y el 3% han recibido estos antivirales. El estudio cita el caso de un interno en la prisión Sevilla I, que falleció en 2014 de un cáncer de hígado provocado por una hepatitis C que no había sido tratada.

Pérdida de citas y derecho a ser informados

La pérdida de citas con los especialistas es otra de las quejas recogidas en el informe: Algunos reclusos con graves afecciones como cirrosis o enfermedades mentales han llegado a perder 14 citas médicas en un año. Esto se debe a que la asistencia primaria se presta en la propia prisión, pero la especializada en el exterior (pese a que para las especialidades más demandadas, como medicina interna o psiquiatría, está previsto que se realicen en el interior de la prisión). La falta de conducciones policiales y lo complicado de la organización de la salida dificultan la asistencia a la cita. Así mismo, la visita de los médicos especialistas a prisiones es  desigual e insuficiente.

Otro problema es “la dificultad de las personas presas para acceder a sus informes médicos e historial clínico”. A pesar de que la ley reconoce su derecho a ser informados, el estudio señala que en muchas ocasiones “se les niega el acceso a los resultados de sus pruebas médicas y no se protege su intimidad”.

Reclusos con trastornos mentales

La escasez de  recursos asistenciales para los internos con enfermedades mentales es otra de las quejas recogidas en la investigación. Además del agravamiento de las patologías que se produce en prisión, se denuncia la falta de coordinación entre Instituciones Penitenciarias y las CCAA. Esto produce, por ejemplo, que una vez en libertad muchos reclusos no sigan ningún tratamiento y viceversa (entran a prisión y no son tratados por su patología mental).

Fuente: bez, lo que deseas saber