La ONU pide a España que garantice la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares

El Comité para la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha hecho públicas este viernes sus conclusiones finales de los informes 21, 22 y 23 presentados por España ante este organismo. La ONU recomienda a España que reintroduzca el derecho a la asistencia sanitaria universal de los inmigrantes en situación irregular, entre otras medidas, como buscar alternativas a la restricción de libertad de los inmigrantes en los CIE y no ejecutar ‘devoluciones en caliente’ en Ceuta y Melilla.

En dicho texto el Comité dice estar «preocupado» por el hecho de que el acceso a la asistencia sanitaria universal a los inmigrantes en situación irregular haya sido restringido, y recuerda que esta medida «es regresiva» y «tiene un impacto negativo sobre el derecho a la salud de las personas concernidas».

El Gobierno dio marcha atrás, en parte, a esta medida de exclusión sanitaria en marzo: dijo que los inmigrantes sin permiso de residencia debían tener acceso a la Atención Primaria. Gracias al decreto ley 16/2012, que aprobó el mismo Ejecutivo, los inmigrantes sin papeles solo tenían acceso a la sanidad pública en casos de urgencias, menores de edad, embarazadas y si padecían enfermedades infecciosas.

A pesar del anuncio, el Gobierno no aprobó el prometido documento que dé acceso a esa atención, que quería que fuera homogénea en el territorio español. Como las competencias en Sanidad están en manos de las Comunidades Autónomas, cada una ha ido regulando en sus regiones y el resultado ha sido un mapa muy desigual en derechos sanitarios y la pervivencia de casos de exclusión sanitaria.

El último informe de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) recoge 541 casos de exclusión entre agosto de 2015 y marzo de 2016. Algunos de ellos, son incluso irregularidades: personas que tenían derechos por ley a ser atendidos (como niños y mujeres embarazadas) pero que fueron rechazadas en el sistema de salud público.

Ante esta situación «el Comité recomienda al Estado parte que reinstaure el acceso universal a la asistencia sanitaria, a efectos de garantizar el derecho a la salud sin discriminación».

Pide alternativas a los CIE

Por otra parte, los expertos del Comité dedican gran atención al trato recibido por los inmigrantes y, específicamente, en los centros de internamiento para extranjeros (CIE).

El órgano aplaude el nuevo reglamento de estos centros – que no se cumple en muchas ocasiones– pero «lamenta» que a pesar de que los CIE no pertenecen al régimen penitenciario según la legislación interna, «en la práctica se trata de privaciones efectivas de la libertad».

«El Comité insta al Estado parte a que tome las medidas necesarias para evitar el uso recurrente de la privación de la libertad de migrantes en situación irregular y garantice que cuando ésta tenga lugar, siempre sea razonable, necesaria y proporcionada. Asimismo, insta a que siempre se consideren posibles medidas alternativas».

Asimismo, los expertos lamentan la falta de intérpretes en los CIE, «una cobertura sanitaria insuficiente» y «la falta de confidencialidad de las quejas».

Con respecto a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla, el Comité muestra su preocupación por «el hacinamiento y la precaria atención psicológica y jurídica brindada».

«Se insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para mejorar las condiciones de recepción de los CETI, especialmente en lo que se refiere al hacinamiento, que se tomen medidas para fortalecer la asistencia psicológica y jurídica brindada, así como para identificar las necesidades específicas de las personas que allí se encuentran, especialmente las mujeres solas o con hijos».

Denuncia «devoluciones sumarias» en Ceuta y Melilla

Respecto a la situación general en Ceuta y Melilla, el Comité de la ONU reconoce que se han creado puestos habilitados para recibir solicitudes de asilo en esas dos ciudades autónomas. Pero los expertos están preocupados porque han recibido informes que indican que se niega el acceso a los mencionados puestos a solicitantes de asilo no sirios o los provenientes de otros países árabes. Los subsaharianos, como ha denunciado Acnur y otras entidades, no pueden pedir protección en estas salas.

La ONU expresa, además, «grave preocupación por la práctica de devoluciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad españolas en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, antes de que las personas devueltas tengan acceso a los mismos».

«En particular, preocupa que la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015) permita ‘rechazos en frontera’, sin que se haga un estudio previo de riesgo de retorno, e impidiendo el acceso a los procedimientos de asilo», agregan las conclusiones. Acnur ha afirmado en numerosas ocasiones que las devoluciones sumarias de migrantes, en las que no se garantizan unos mínimos de asistencia letrada y se ofrezca la oportunidad de pedir asilo, son ilegales.

«Asimismo, preocupan al Comité informes sobre malos tratos durante operaciones de expulsión tanto por parte de las autoridades españolas, como por las marroquíes que actúan en territorio español» y pide encarecidamente que se investiguen todos las alegaciones y que se sancione a los responsables.

Esta semana se ha dado  carpetazo a una causa judicial que investigaba los posibles malos tratos de ochos agentes de la Guardia Civil en Melilla en el caso de un migrante al que apalearon para bajar de la valla. Después, lo llevaron atado de manos y pies al otro lado de la valla, cuando estaba aparentemente inconsciente, según un vídeo de la ONG Prodein. La Guardia Civil alega que el chico estaba aplicando una resistencia pasiva.

El Gobierno en funciones ha condecorado a estos ocho agentes con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, tras el «penoso incidente», como calificó el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz al juicio y las acusaciones contra ellos.

Finalmente, con respecto a la población gitana, los expertos alaban las medidas aplicadas en aras a mejorar la situación de dicha comunidad, pero «le preocupa que todavía existen dificultades en materia de empleo, vivienda, educación e igualdad salarial, así como manifestaciones cotidianas de discriminación en su contra».

Fuente: El Diario