Ana Botella vulneró la legalidad en la venta de pisos protegidos a fondos buitre

El Ayuntamiento de Madrid que gobernaba Ana Botella (Partido Popular) «vulneró las más elementales reglas de buena gestión» en 2013 cuando vendió 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros, según el informe provisional de la Cámara de Cuentas de Madrid, al que ha tenido acceso eldiario.es

El dictamen que fiscaliza esta macrooperación inmobiliaria destapa a lo largo de 66 páginas un rosario de irregularidades por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en la enajenación de su cartera de viviendas en régimen de alquiler y con opción a compra.

La Cámara de Cuentas revela que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.

La Cámara sospecha que la decisión de vender estas promociones se tomó «como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013». En otras palabras, «no hubo concurrencia pública» a la hora de vender esa cartera de pisos sociales porque con cuatro fondos aspirantes ya disponían de información que nadie más tenía. De hecho, habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese público.

El informe va mucho más allá y recuerda que la empresa municipal del Ayuntamiento obvió fijar el preceptivo pliego de condiciones, «saltándose no solo las normas internas de contratación sino también la Ley de Contratos del Sector Público», así como los informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación y que «ignoró su obligación de establecer una tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar».

La conclusión de la Cámara de Cuentas es demoledora: la empresa pública municipal en la venta a los fondos buitres «no solo ignoró las normas de contratación» sino también «los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos».

Facturas como «única prueba» del trabajo

La catarata de reproches del órgano fiscalizador al Gobierno de Ana Botella duda incluso de que la empresa Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaziona, que percibió casi 2,4 millones de euros por mediar en la operación entre la sociedad pública y los fondos buitres, hiciera su trabajo. Sostiene que la única prueba que existe en la documentación pública son las facturas de cobro. Lo dice la Cámara de Cuentas con estas palabras: «No queda otra constancia de la intermediación realizada, que las facturas por dichas intervenciones, que en el caso de las 18 promociones asciende a 2.397.775 euros».

Para cerrar el negocio, el Ayuntamiento echó mano de este supuesto intermediario. La Cámara de Cuentas dice que el Ayuntamiento pagó la comisión por la venta de viviendas a Fidere, basándose en que la había contratado en 2012 para intentar vender unos solares. Podía ganar como comisionista un máximo de 2,26 millones de euros. Aunque ese contrato «parece no tener relación» con las casas ya que no eran los inmuebles listados, la EMVS se fundamentó en ese contrato para abonarle los pagos por intermediar con Fidere en las 18 promociones.

En su repaso del proceso, Cuentas llega a concluir que cuando inició el proceso de venta la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo «desconoce el valor objetivo del mercado de los bienes a enajenar, ha renunciado a un informe técnico hecho por personal experto en valoraciones de esos bienes o por empresas de tasación homologada». De hecho, lamenta que los inmuebles se vendiesen por 30,5 millones menos del valor que establecía la propia empresa municipal.

El dictamen censura que el Ayuntamiento de Madrid haya esgrimido una valoración de PWC (Pricewaterhousecoopers), una empresa auditora que asesoró a la empresa adjudicataria. Según el informe de la Cámara de Cuentas, «carece de la condición de informe técnico la valoración hecha por Price Waterhouse Cooper, que no solo carece de validez como tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar según sus propias manifestaciones, sino que además se revelará en la fase de negociación posterior con la que resultaría adjudicataria, como asesora de esta última».

El órgano fiscalizador recuerda que la venta de 18 promociones de vivienda a Fidere, las dos sociedades del fondo buitre Blackstone, «contraviene el reglamento de Adjudicación de Viviendas de Protección Pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado en 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento».

Comisión de seguimiento

Ana Botella siempre sostuvo que los inquilinos de los pisos adjudicados al fondo buitre no verían cambios en su vida más allá del titular del recibo de alquiler. Sin embargo, en varios casos, Fidere subió de golpe el precio anual hasta un 40%: de 4.388 euros se pasó a otra renta de 6.183 euros al año. Se les daba un par de años para adecuarse al nuevo contrato. También se menoscabó la estabilidad de los alquileres gestionados por las sociedades de Blackstone: los contratos nuevos eran por un año (antes dos) con posibles prórrogas.

Entre los reproches de la Cámara al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella, incluye que tras el traspaso de titularidad, la institución no hiciese un seguimiento del carácter social de esos pisos. Critica que no se estableciera una «comisión o instrumento adecuado y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones que esta se ha subrogado». Es decir, que no se ha velado por el beneficio social que entrañan las promociones de vivienda pública de la EMVS.

Además, los vecinos de algunas de estas casas han podido ver cómo la nueva dueña está utilizando sus hogares como garantía para pedir préstamos. Fidere ha avalado créditos hipotecarios con promociones de las que se llevó en la venta masiva de la empresa municipal.