Igualdad denuncia que las estadísticas del Ministerio de Sanidad esconden la escasa inversión estatal en la aplicación de la ley de Dependencia
La nueva estructura de las estadísticas del sistema de atención a la dependencia, que ha comenzado a aplicarse durante febrero, fue aprobada en 2014 por la comisión delegada, donde están presentes los gobiernos autonómicos, que en el caso de la Comunitat Valenciana tenía un signo político distinto al actual
La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, ha denunciado que las estadísticas mensuales que realiza el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ofrecen una visión real de la aplicación de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia porque «omite datos básicos» como los referentes a la aportación que desde el Estado se hace para la aplicación de esta norma.
La nueva estructura de las estadísticas del sistema de atención a la dependencia, que ha comenzado a aplicarse durante el mes de febrero, fue aprobada en 2014 por la comisión delegada, donde están presentes los gobiernos autonómicos, que en el caso de la Comunitat Valenciana tenía un signo político distinto al actual, según ha recordado Casas, quien ha criticado que los ratios actuales no dan una visión transparente de la situación en la que se encuentran las personas en situación de dependencia.
«Los contenidos de las nuevas estadísticas que el Ministerio va a publicar a partir de este mes no ofrecen una visión transparente de la situación real en la que se encuentran los cientos de miles de personas que se encuentran a la espera para poder acceder al sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en todo el territorio español», ha insistido.
En este sentido, ha señalado el hecho de que uno de los datos que el Ministerio omite en las nuevas estadísticas es el porcentaje de la financiación directa en materia de dependencia que realiza cada comunidad autónoma frente a la parte que aporta el Estado, y que en el caso de la Comunitat Valenciana no alcanza el 50 por ciento que se establecía con la aprobación de la ley.
La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal ha explicado que durante el pasado ejercicio la aportación que se hizo desde el Gobierno de España a la Comunitat Valenciana para la aplicación de la ley de Dependencia ascendía a 66,4 millones de euros, una cantidad que está muy lejos de representar la mitad de los 430 millones de euros que el Consell gastó en esta materia y que es lo que le correspondería aportar al Estado.
A su juicio, esta es una muestra más de la insuficiente financiación que sufre la Comunitat Valenciana, y que ha provocado, entre otras cuestiones, que se haya situado en la cola en la aplicación de la ley de Dependencia, algo que el actual Consell está trabajando para cambiar como lo demuestra la aportación que los Presupuestos de la Generalitat para 2016 tienen para pagar las ayudas a este colectivo, que crece un 60,1 por ciento.
Datos poco fiables
La estadística tampoco reflejará de manera clara los datos de lista de espera, al igual que no será un documento fiable que permita al usuario conocer los tiempos medios de espera desde que solicita el reconocimiento de dependencia hasta que se lo conceden y cobra la prestación o recibe el servicio correspondiente.
Casas ha criticado que con el actual sistema de estadísticas tampoco se refleja el número de bajas mensuales de beneficiarios con prestación que se producen en el sistema, como tampoco se refleja el porcentaje de la tasa de reposición ni de incremento de nuevas incorporaciones de una manera clara, lo que impedirá visualizar los avances logrados por gobiernos como el valenciano.
En este sentido, la secretaria autonómica ha recordado que en el último semestre de 2015 se logró por primera vez en dos años superar la tasa de reposición de fallecidos, de manera que se resolvieron 5.726 nuevos expedientes de dependencia, de los cuales 2.810 cubrían la tasa de reposición de fallecidos y el resto, 2.916, eran incorporaciones netas, con un saldo final de 44.871 personas dentro del sistema.
