La Comunidad de Madrid calcula que hacer público el Hospital de Villalba le costaría 500 millones
El Gobierno regional admite que ‘rescatar’ la concesión del Hospital de Villalba le supondría un gran gasto. La reversión del resto de centros público-privados, el relación a éste, sería muy costoso.
La Asamblea pide al Ejecutivo regional que renegocie la adjudicación del Hospital de Villalba
En enero de 2015 el entonces presidente regional Ignacio González seguía pensando que podría ser el elegido por Rajoy para ser el cabeza de lista del PP en las elecciones de mayo. Paseaba por el recién inaugurado Hospital de Villalba y sacaba pecho de su gestión sanitaria que le había costado el puesto a dos de sus consejeros.
«Madrid es la región europea que más hospitales y centros de salud ha construido en la última década», rezaba el titular de la nota de prensa del 7 de enero, en la que se aseguraba que la región disponía de 36 hospitales públicos, «12 de ellos construidos en los últimos diez años, período -durante los mandatos de Esperanza Aguirre y González- en el que se han puesto en marcha también 82 centros de salud».
Hoy, más de un año después de su apertura, la Comunidad asegura a una pregunta del diputado de Ciudadanos Daniel Álvarez Cabo que el rescate de la concesión a IDC Salud del Hospital de Villalba «supondría un importe de 500 millones de euros» a las arcas públicas, «realizando una valoración prudente». En septiembre la Asamblea pidió al Ejecutivo regional, con los votos de PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos, que renegociase su reversión. El elevado coste hace difícil el rescate de la concesión. Además, Si se hace un cálculo sobre los otros 11 hospitales que durante las tres últimas legislaturas se han ejecutado en colaboración con la iniciativa privada, la cuantía para hacerles plenamente públicos sería casi imposible de afrontar por la Administración.
Durante los mandatos de Aguirre y de su mano derecha ellos apostaron por el modelo sanitario público-privado. Es decir, dejando en manos de constructoras la edificación de los hospitales para, luego, alquilarles el inmueble. La Administración se encarga de dotar el centro de profesionales públicos. La gestión sanitaria era pública y la construcción privada. Además, también decidieron externalizar los servicios no sanitarios (lavandería, cafetería, limpieza, seguridad…).
Esta forma de conducirse provocó una gran convulsión en el mundo sanitario madrileño que acabó con el asunto en los tribunales y la renuncia de González a abundar en la privatización. En el caso del de Villalba, el de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles, la Administración regional dio un paso más. Sí, la titularidad del centro es pública, no se cobra al usuario por utilizar los servicios, pero el personal sanitario depende de la adjudicataria. Este es el caso de IDC Salud, que gestiona tres de estos cuatro centros de este tipo. Sanitas se encarga sólo del centro de Torrejón deArdoz.
Y eso era lo que no contaba la nota oficial de la visita al Hospital es que el centro es una concesión privada por 30 años y por 1.817 millones de euros. La adjudicación se realizó en septiembre de 2010 a Capio (ahora IDC Salud). Originalmente se ideó una inversión de 108 millones pero, al final, la cifra se fue a los 201 millones, con un plazo de ejecución de 18 meses. El centro se abrió en octubre de 2014, con tres años de retraso, en los que la Comunidad pagó más de 25 millones por su mantenimiento.
En la respuesta del Gobierno regional a Ciudadanos, se reproduce el apartado específico del pliego que habla del rescate. «La Administración podrá, una vez acordado el rescate de la concesión, gestionarla directamente o celebrar un nuevo contrato». Eso sí, tendría que pagar la inversión patrimonial realizada y el beneficio que la adjudicataria ha dejado de percibir.
En el caso de que el desestimiento fuera por una causa imputable a la Administración abonará a la adjudicataria una compensación por el valor de las obras, instalaciones y equipamientos teniendo en cuenta su estado y el tiempo que quede para la reversión. Es decir, que le tendría que pagar al privado las obras realizadas y el mobiliario instalado; el gasto por la adquisición de bienes para la gestión y prestación del servicio; las inversiones de reposición y los gastos financieros capitalizados «con mayor valor de la inversión final del período de construcción».
De todo este cálculo, se debería deducir la cuota de amortización acumulada por el número de años. Asimismo, se tendrán que compensar los gastos de redacción del proyecto de construcción y dirección de obras; el coste financiero no capitalizado y los pendientes de pago que restasen.
Fuente: El Mundo
