El centro “podría llegar a una situación de suspensión de pagos” según un informe de la Cámara de Cuentas
El Hospital del Tajo, en Aranjuez, está al borde de la quiebra y corre el riesgo de entrar en suspensión de pagos. Así lo asegura un informe, aprobado el martes, en el que la Cámara de Cuentas analiza las cuentas de todas las empresas públicas de la Comunidad en 2013. El centro, que forma parte de la red sanitaria pública madrileña, es uno de los seis con gestión mixta público-privada inaugurados por Esperanza Aguirre en 2008 y que el anterior Gobierno trató de privatizar completamente. Su plan fue contestado con el mayor movimiento sanitario de protesta vivido en Madrid: la marea blanca.
El hospital del Tajo tiene pérdidas acumuladas por más de 153 millones de euros. Solo en 2013 las pérdidas ascendieron a 49 millones. Acumula deudas con bancos de 3,2 millones y es el único de los hospitales madrileños que funcionan como empresa pública que tiene un patrimonio neto negativo (2,5 millones de euros), según el informe de la Cámara de Cuentas. El ratio de solvencia, es decir, la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas, indica que “podría llegarse a una situación de suspensión de pagos”, según advierten literalmente los auditores públicos.
Una compañía privada estaría al borde de la quiebra, pero el hospital no es una sociedad al uso, sino una empresa pública cuyo accionista principal es la Comunidad. Todos los años el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) aporta a sus finanzas unos 50 millones de euros. Por un lado, con esta cantidad garantiza la prestación sanitaria de los más de 70.000 pacientes que atiende el centro. Por otro, abona el canon a la concesionaria privada que gestiona toda la parte no sanitaria del centro (restauración, limpieza…), unos nueve millones al año. Aportaciones que, a juzgar por las cuentas, son insuficientes.
En 2014 las pérdidas de la empresa pública todavía fueron superiores, de 50,1 millones de euros, según las cuentas de la entidad consultadas por EL PAÍS. De 2014 data también una seria advertencia de los auditores de la Intervención General de la Comunidad de Madrid. Cuando examinaron las cuentas, alertaron de que la empresa pública estaba realizando contrataciones ilegales. “Se incumple lo previsto” en la Ley de Contratos del Sector Público, escribieron, al realizar “en un porcentaje significativo las adquisiciones de bienes sin respetar los principios y procedimientos” de esa normativa.
El Hospital del Tajo, de un centenar de camas, es el más pequeño de los seis centros que la expresidenta Esperanza Aguirre empezó a construir en 2005 bajo la fórmula de la colaboración público-privada. Aguirre fue inaugurando progresivamente los nuevos hospitales en 2008; en algunos casos, como el del Tajo, lo hizo coincidiendo con el periodo electoral. El Gobierno regional acordó encargar la construcción de los centros a empresas privadas a cambio de pagarles un canon anual durante 30 años por la gestión de los servicios no sanitarios. A finales de 2012 el presidente Ignacio González anunció su intención de privatizar completamente estos centros. Las protestas de la marea blanca y los tribunales se lo impidieron.
El Hospital del Tajo protagonizó uno de los recientes episodios de puertas giratorias de la sanidad madrileña. El exconsejero Manuel Lamela, que aprobó su construcción en 2005, después formó parte del consejo de administración de Assignia, la empresa que actualmente gestiona los servicios privatizados. La adjudicación la ganó la constructora Hispánica —investigada en el caso Gürtel—, junto con otras dos firmas. En 2009 la compró el grupo Essentium y le cambió la denominación social: ahora se llama Assignia Infraestructuras y mantiene el 40% del accionariado, según las cuentas aportadas al Registro Mercantil.
El Hospital del Tajo empleó 23,6 millones de euros en pagar al personal, una plantilla de 527 trabajadores en 2013.
La versión oficial
Entre las irregularidades que descubre el informe de la Cámara de Cuentas destaca también que en cinco de los seis hospitales de gestión mixta las cuentas no las rinde el responsable de la entidad fiscalizada. En cuatro casos es el director de gestión económico financiera el que firma, cuando debería ser el director gerente, señalan los auditores. El caso del Hospital del Tajo es aún más irregular: “La remisión aparece sin firmas”, dice el informe.
Este diario no logró obtener la versión del director gerente, Antonio Romero. La Consejería de Sanidad envió una respuesta escrita: “En ningún caso el informe destapa un caos contable. Las cuestiones a las que hace referencia son puntuales, relativas a cuestiones de forma o procedimiento. (…) Términos como suspensión de pagos o similares es la aplicación de términos contables del ámbito privado a una empresa pública, cuyo fin es la prestación de un servicio público”. “Las cuentas de todos estos hospitales están revisados por la Intervención General de Madrid”, añadió.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes anunció en abril pasado que su intención es integrar en el Sermas los hospitales Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, Hospital del Tajo, Hospital del Henares y del Sureste. El portavoz de sanidad socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, cree que, de hacerlo, la Comunidad asumirá la enorme deuda que estos centros han ido acumulando.
