La incineradora de Valdemingómez: ¿Un ingenio invencible?

Raúl Camargo. Diputado de Podemos en la Comunidad de Madrid. Javier Navascués. Portavoz de Rivas Aire Limpio.

Lleva 21 años quemando millones de toneladas de residuos, desde 1995. Más de 3 millones de toneladas en los 11 años que van del año 2004 al 2014, a una media de 286.910 toneladas al año*, 786 Tm al día. Procedentes de los residuos urbanos de Madrid, Arganda y Rivas Vaciamadrid**.

En esos años ha enviado a la atmósfera ingentes cantidades de contaminantes, algunos de los cuales, los mas peligrosos, son bioacumulativos y persistentes en los seres vivos, como las personas que habitan o trabajan en los alrededores. Y por ello contribuyen a originar múltiples enfermedades, que llevan en muchos casos a su fallecimiento.

Además con la incineración, aun cuando ésta se utilice para producir electricidad, se desaprovechan importantes recursos que contienen los residuos incinerados. Además la energía producida es mucho menor de la necesaria para producir y utilizar de nuevo esos recursos quemados.

Hay conciencia científica de la gravedad de los efectos de estas prácticas y por eso las directrices europeas y mundiales colocan la incineración en el penúltimo lugar en la jerarquía de tratamiento de residuos, sólo por delante de los vertederos. Sin embargo las autoridades medioambientales madrileñas hacen muy poco para acabar con este método. Ni donde está usándose, como en Valdemingómez, pero además periódicamente aparecen propuestas de nuevas incineraciones de residuos, e incluso algunos se llevan a cabo. La intentaron para Loeches, estudiaron la ampliación de Valdemingómez y se implementó en la cementera de Morata.

En los primeros años 90 hubo una fuerte movilización ciudadana, en particular en Rivas Vaciamadrid, contra la construcción de la incineradora de Valdemingómez. Ésta se puso en marcha el año 1995. La incapacidad de impedirlo produjo un grave desánimo en dicho movimiento, que sin embargo continuó vivo muchos años después, entre los sectores mas activos.

Ésto llevó a que entre los años 2001 y 2004 hubiera iniciativas y controles por parte de la Comunidad de Madrid, sobre la Incineradora de Valdemingómez, que acabaron animando al fiscal de medioambiente a denunciar la situación de descontrol de sus emisiones en 2004. Las alegaciones de la empresa concesionaria de que se trataba sólo de un fallo puntual y la falta de recursos por parte de las organizaciones sociales, o de voluntad de las autoridades, como las de los ayuntamientos colindantes afectados, llevó a que el archivo de dicha denuncia ni fuera recurrido.

Desde entonces se han reforzado todos los métodos para ocultar los problemas y todos los esfuerzos gubernativos parecen destinados a acallar la preocupación ciudadana por estas prácticas.

Para reiniciar la lucha por el control y el cierre de la incineradora, el año 2010 comenzó a trabajar por ello en Rivas, un pequeño colectivo ecologista, Rivas Aire Limpio. Éste había comenzado su andadura en el marco de la actividad de la Plataforma comarcal del sureste de Madrid contra las centrales térmicas. Plataforma creada e impulsada por nuestro amigo y compañero fallecido, Ladislao Martínez, al que rendimos homenaje.

En la lucha contra la incineradora, los activistas de Rivas Aire limpio estudiaron los expedientes legales que autorizaban el funcionamiento de la misma y apoyándose en las irregularidades descubiertas presentaron en 2013 una denuncia ante la Fiscalía general del Estado, que fue apoyada por 9.816 firmantes. La Fiscalía tras hacer algunas indagaciones ante las autoridades medioambientales de la Comunidad de Madrid, archivó la denuncia. También organizaron numerosas charlas divulgativas y manifestaciones en Rivas. Todo ello con el apoyo de numerosos colectivos sociales, entre los que debemos destacar al 15M y su Asamblea de Medio Ambiente Sol.

Tras esas primeras incitativas, Rivas Aire Limpio y la Plataforma Incineradoras No, buscó preparar una denuncia penal contra las autoridades medioambientales de la Comunidad de Madrid. Para ello se basaron en que la Unión Europea estableció el año 1996 un nuevo método de control integrado de la contaminación. El método está destinado a adaptar las instalaciones industriales mas contaminantes, a las mejores técnicas disponibles de prevención y control de la contaminación, en defensa del medioambiente y la salud de las personas. Establece una serie de obligaciones, no sólo para las instalaciones que entren en funcionamiento a partir de su vigencia, sino también para las anteriormente autorizadas. Además para todas fija renovaciones periódicas de las autorizaciones, e intervenciones administrativas de oficio. Esta Directiva fue convertida en ley en el Estado español, con manifiesto retraso, en el año 2002.

Pues bien, en opinión de Rivas Aire Limpio, con la incineradora se está haciendo una aplicación claramente contraria al espíritu y la letra de la ley y la directiva. En el año 2008 la Incineradora tuvo que actualizar la autorización que tenía previamente, y al concederle la nueva autorización, ésta no solo obliga a informar previamente de las visitas de medición de las emisiones (una de las preocupaciones mayores en la denuncia del fiscal el año 2004), sino que eximió al solicitante de hacer el exhaustivo estudio de impacto ambiental, que es el mecanismo legal para evaluar los efectos directos e indirectos de una instalación sobre los seres humanos, la fauna y la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural, así como la interacción entre los anteriores factores. Tampoco se han actualizado los contaminantes que deberían controlarse.

Estos incumplimientos están en el centro de la denuncia, que firmaron 36 personas afectadas por graves enfermedades que pudieran derivarse de la proximidad de su domicilio o empleo a la incineradora. Ahora dicha denuncia ha sido admitida a trámite y el 10 de marzo el Director General de Evaluación Ambiental de Comunidad de Madrid, que concedió la autorización de 2008 declaró ante el juzgado.

El Director respondió, afirmando que un informe de la Dirección General de la Salud, solicitado en el marco de la nueva autorización, expresaba que la situación es conforme a la normativa de salud ambiental. Dicho informe, que conocimos con el expediente de la denuncia, sólo hace referencia a la documentación presentada por los responsables de la incineradora y no hace ninguna evaluación del impacto causado por el funcionamiento de la incineradora en la salud de las personas que viven o trabajan en las proximidades de la incineradora.

En relación con el estudio de impacto ambiental, el Sr. Director afirmó que hubo un primer estudio y que han hecho una adaptación de las pequeñas diferencias respecto a la autorización original, en base a la ley de 2002, de prevención y control de la contaminación. Con ello obviaba que el citado estudio, que se hizo el año 1990 por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y no del órgano que dio la primera autorización, no contaba con las mismas garantías de participación, ni de requisitos. Entre otras cosas por que en casi 20 años las técnicas disponibles de control de la contaminación han variado mucho. Además no informó de que no exigió al solicitante la realización de un nuevo estudio de impacto, escondiendo su importancia con la mención a las pequeñas diferencias existentes, entre la primera autorización y la nueva (que en nuestra opinión no son en absoluto pequeñas), pero en ningún momento dijo expresamente que no hubiera obligación de realizar el estudio, aunque si repitió que había cumplido estrictamente la ley de 2002.

Las personas firmantes esperan que la justicia ponga de manifiesto las graves irregularidades en las que está funcionando la incineradora y esto ayude a su cierre.

Como nadie puede asegurar que el resultado de la denuncia resuelva el grave problema de la incineración de residuos, los denunciantes y nosotros mismos, animamos a utilizar el grito de auxilio que esta denuncia representa, para levantar una movilización social sostenida por el cierre de la incineradora y poner en marcha en todos los municipios de la Comunidad de Madrid nuevos tratamientos de residuos basados en el modelo Residuos Cero. Para comenzar animamos a firmar la petición en Change.org. “Carmena cierra la incineradora”.