Castilla-La Mancha insiste en revisar el convenio sanitario con Madrid “por ser perjudicial”
La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha ha vuelto a insistir en la necesidad de llevar a cabo una revisión del convenio sanitario establecido con su homónima en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, al ser este acuerdo “altamente perjudicial para los intereses de Castilla-La Mancha y de los castellano manchegos”.
A juicio de la cartera sanitaria del Ejecutivo de esta comunidad autónoma, para la misma “supone un coste inicial de 64 millones de euros y contiene, además, un plan de inversión en tecnología sanitaria y en contratación de personal sanitario para los Hospitales de Parla y de Aranjuez a cargo de los presupuestos”. “Implica, pues, una descapitalización de la Sanidad de nuestra región, derivando pacientes y presupuestos hacia la Comunidad de Madrid”, explica.
“A esto se suma que en el convenio queda fuera la farmacia hospitalaria que, aunque puede ser prescrita por hospitales madrileños, su dispensación debe facilitarse en el hospital de referencia de Castilla-La Mancha”, continúa la Administración sanitaria regional, que añade que “el importe final a satisfacer por Castilla-La Mancha se calcula multiplicando el valor de la cápita por el número de personas que han elegido ser atendidas en los hospitales de la Comunidad de Madrid”.
Según expone la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, “lo que se está abonando es la facultad de elección de los ciudadanos, no la prestación sanitaria recibida, como si de un seguro médico privado se tratase”. Ante ello, recuerda que “se ha publicado una resolución en la que se acuerda ampliar el plazo máximo de resolución de las solicitudes realizadas para adherirse al convenio sanitario”.
“Se puede afirmar con rotundidad que el número de solicitudes sobre las expectativas del anterior Ejecutivo es francamente bajo, lo que demuestra que la gente se ha informado y ha visto que este convenio tiene más perjuicios que beneficios”, prosigue el Gobierno de Castilla-La Mancha, que asegura que “para la tramitación de estas 17.000 solicitudes se requiere de un trabajo administrativo y de revisión de la documentación presentada, que ha recaído sobre el área administrativa de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo”.
