Uniformes de médicos y de personal de enfermería con manchas y desgarrones. Sábanas y toallas que llegan húmedas o con descosidos. El hospital de La Paz lleva meses recibiendo ropa de la lavandería privatizada de Mejorada que no puede usar, como han denunciado sus trabajadores. No es un problema puntual. Más de un tercio de la ropa de los 19 hospitales públicos madrileños se considera “no utilizable”: llega sucia (17%), arrugada (12%) o no vuelve parte de la que se envió a lavar.
La Comunidad de Madrid sacó a concurso el servicio de lavandería de 19 hospitales públicos madrileños —los de gestión directa— en agosto de 2013. La Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que al privatizar el servicio se ahorrarían más de 36 millones. Pasados dos años, el balance de aquella operación es desastroso, según reconoce el propio Gobierno regional y muestran los datos de una auditoría interna a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El 35,4% de la ropa que llega a los centros desde la lavandería externa es “no utilizable”. Porque llega sucia, arrugada, húmeda, con manchas… La calidad del servicio es “mala”, concluyen los auditores, contratados por la propia Consejería para evaluar de forma independiente cómo funciona el servicio.
La unión de dos empresas (Flisa y Laundry Center) pertenecientes a la Fundación ONCE ganó en octubre de 2013 el concurso para lavar la ropa hospitalaria durante cuatro años por 47,5 millones de euros. Los 19 centros envían desde entonces los pijamas y las sábanas sucias a cuatro lavanderías distintas —en Mejorada del Campo, Huete (Cuenca), Fuenlabrada y Segovia—, que devuelven, según la auditoría, un 12,5% de la ropa arrugada, un 8,9% sucia, un 8% con manchas y un 5% húmeda. Se trata de una media. Al hospital de La Paz, por ejemplo, llega el 18,5% de la ropa con suciedad, mientras que al infantil Niño Jesús, el 15,5%, según el detallado análisis que elaboraron los auditores entre mayo y julio pasados, y que fue entregado en agosto.
Casi la mitad de los hospitales envían la colada a la lavandería de Mejorada del Campo, la antigua Lavandería Central Hospitalaria. Este centro era de gestión pública hasta que el Gobierno regional decidió cedérselo al ganador del concurso. La concesionaria estaba obligada a contratar a los trabajadores interinos y eventuales que lo solicitaran, pero les ofreció un sueldo un 46% menor. De ganar 1.100 euros pasaban a cobrar 640. Fueron a la huelga. Con servicios mínimos del 50% porque Sanidad consideró que los paros suponían un riesgo para la salud pública. Tras 42 días de huelga, consiguieron una subida: 800 euros. Los sindicatos criticaron la “precarización del empleo” que suponía la privatización.
La auditoría señala “fuertes divergencias” en los niveles de calidad que dan las cuatro lavanderías. La de Mejorada del Campo destaca porque el 42,2% de la ropa que llega es “no utilizable”. Solo la supera Huete, con el 43,3%, aunque este centro solo lava la ropa de un hospital, el Gregorio Marañón. En Mejorada se da también el peor porcentaje de ropa con suciedad: el 11%. Las otras tres están por debajo del 6%. “La mayor problemática se sigue concentrando en la planta de Mejorada del Campo”, concluye la auditoría, que apunta a “problemas de control de calidad interno”, acumulación de “ropa semiprocesada en determinados puntos” que dificulta el planchado y “problemas de productividad”.
El informe de auditoría también señala otro problema: el 4,9% de la ropa que se entrega en un hospital pertenece a otros centros. Además, en muchas ocasiones se registraron mermas; es decir, que llegaba menos ropa de la que había salido el día anterior. Ese es uno de los problemas que denunció el sindicato de médicos Amyts en junio pasado. “Durante los fines de semana se entrega un uniforme el viernes y hay dificultades para tener más uniformes para sábado y domingo durante la guardia”, se quejaron. Se referían al hospital de La Paz, donde según relatan, la gerencia “ha optado por comprar durante este año material textil nuevo: uniformes, batas, ropa de cama, etcétera”. Hasta el punto de “agotar esta partida presupuestaria en febrero”.
“La lavandería central se gestionó mal para justificar su venta”, asegura José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, que ha hecho varias preguntas sobre la cuestión. “Dijeron que lavar un kilo de ropa allí costaba 1,3 euros y en una lavandería industria, 0,7. Pero ¿y la calidad?”, se pregunta.
