La mayoría de miembros del comité para la hepatitis C está vinculado con el laboratorio Gilead

Comité de expertos nombrado por el Gobierno. (Foto: Ministerio de Sanidad)

«La crisis de la hepatitis C ha servido para confirmar el enorme poder de la industria farmacéutica en España y de cómo el Ministerio de Sanidad se esta plegando a sus intereses posponiendo a ellos el derecho a la salud», denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública».

Prueba de ello -a juicio de la FADSP- es el nombramiento por parte del Ministerio de Sanidad de Joan Rodés, uno de los médicos españoles más fuertemente relacionados con las multinacionales farmacéuticas y con Farmaindustria y uno de los impulsores de la privatización del en otrora admirado Hospital Clinic, actualmente conocido por sus recortes de actividad y sus derivaciones a la sanidad privada (CVC-Capio).

MIEMBROS DEL COMITÉ

Todos los profesionales que integran la comisión encargada de elaborar el plan estratégico para la hepatitis C tienen conflicto de intereses que cuestionan su independencia:

1- Agustín Albillos: Jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Ramón y Cajal y director del grupo de investigación de hipertensión portal de su instituto de investigación sanitaria  IRYCIS de colaboración público privada. Dirige el Master de hepatología de la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con ROCHE,participa en cursos financiados por Gilead.

2- Alfonso Moreno: catedrático de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la comisión nacional de especialidades desde hace 20 años, incumpliendo la legalidad vigente (la LOPS exige la renovación cada 4 años). Este profesional pertenece al autodenominado Foro de la Profesión, y fue firmante con Ana Mato el acuerdo que abría el camino a la privatización de la gestión clínica. Preside además la Fundación Hospital Madrid, el organismo investigador del grupo privado HM hospitales, vinculado al fondo privado de investigación START de Texas. Como Juan Rodés es patrono de la fundación Pfizer.

3- Javier Crespo, jefe de servicio de digestivo del hospital de Valdecilla, participante en cursos sobre hepatitis financiados por Gilead. Es vicepresidente de la Asociación Española para el estudio del Hígado (AEEH) asimismo financiada por la industria, especialmente por Gilead. Crespo participa en varios ensayos clínicos financiados por Gilead y otras compañías farmacéuticas.

4- María Buti: Jefa de servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, y Miembro del CIBER, consorcio público-privado para la investigación sobre enfermedades hepáticas, del Instituto de Salud Carlos III. Recientemente coordinó las jornadas sobre el tratamiento de la hepatitis, realizadas en Barcelona y patrocinadas por Gilead. Realiza trabajos de investigación financiados por esta multinacional farmacéutica.

5- Antonio Andreu, también proviene del Vall d’Hebrón. Es director del Instituto de Salud Carlos III desde marzo de 2013, el mayor organismo público de investigación, pero que cada vez se encuentra más infiltrado por la industria sanitaria privada que financia y por lo tanto influye las prioridades de investigación, que suelen encaminarse esencialmente a la fabricación de patentes. Poco después de su nombramiento, en Julio de 2013, Andreu aprueba un programa de investigación sobre VIH y Hepatitis C patrocinado por Gilead.

Los miembros internacionales seleccionados tienen conflictos de interés con Gilead y con las otras que han comercializado o están pendientes de la aprobación de la FDA, que les permita participar en el fabuloso nicho de negocio mundial de la hepatitis C.

6- Massimo Colombo, catedrático de Gastroenterología en la Universidad de Milán (Italia).  Pertenece al comité científico de la CF Gilead; además recibió subvenciones a la investigación, es asesor y/o conferenciante de Schering, Roche, Bristol-Myers, Gilead, Bayer, Novartis, Vertex y Tibotec.

7- Michael Manns, director del departamento de Gastroenterología, Hepatología y Endrocrinología de la Escuela de Medicina de Hannover (Alemania) y presidente del comité científico de Gilead

8- Jean Michel Pawslotsky, director del Centro Nacional de Referencia para Hepatitis Víricas y del departamento de Virología del Hospital Henri Mondor de Francia. Ha colaborado como asesor de Gilead y de Abbott, Boehringer, Bristol-Myers, Glaxo, Janssen, Sanofi-Aventis, Schering, Merck, Novartis, Pfizer, Roche y Vertex entre otras.

Ante esta situación, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública exigen:

– Que los organismos públicos de evaluación de tecnologías sean los que emitan un informe, tras la evaluación de la mayor evidencia disponible en el manejo de la hepatitis C

– La publicación inmediata de toda la información (datos brutos) sobre los pacientes a los que se ha administrado el tratamiento con sofosbuvir en las distintas CCAA, antes de su aprobación, como uso compasivo, y tras su aprobación por el Ministerio de Sanidad, sus resultados y los efectos secundarios observados.

– Que los profesionales más prestigiosos de los servicios públicos de salud de las diversas CCAA (que deberán financiar el tratamiento) sean los componentes de la comisión que deberá elaborar el plan estratégico de la hepatitis C, prescindiendo de los miembros con cualquier conflictos de interés. También es necesario que se incorporen expertos en Epidemiología y Salud Pública.

– La exploración de todas las vías que conduzcan al abaratamiento de los antivirales que se consideren beneficiosos para los pacientes, incluyendo su fabricación como genérico.

– La  revocación de un comité plagado de conflictos de intereses, que chocan frontalmente contra la responsabilidad que supone la elaboración de un plan estratégico para la hepatitis C.

La FADSP también denuncia que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso,» es el primer responsable en la elección de un comité de expertos estrechamente relacionado con la industria farmacéutica y con tantos conflictos de interés. Una vez más esta claro que se priorizan los intereses económicos de la industria farmacéutica por delante del derecho a la salud de la ciudadanía».

Nueva Tribuna