Las retribuciones en estas empresas deberán estar desligadas del IPC y vincularse a “criterios de productividad”. El Ejecutivo aboga por “impulsar” la contratación parcial en las nuevas incorporaciones y suprimir la antigüedad en los convenios colectivos. En caso de despidos colectivos y objetivos, las indemnizaciones “en ningún caso” deberán superar los 20 días por año.
EMPRESAS | 18-07-2014
El Gobierno ha acordado una serie de “pautas concretas en materia salarial y de contención del gasto del sector público” que, en la práctica, pueden suponer una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores de empresas públicas como Renfe, Adif, la Agencia EFE, RTVE o Correos, para los que los Presupuestos de este año ya establecen una congelación salarial, en línea con los últimos ejercicios.
Así se recoge en un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con “pautas para la negociación colectiva de las empresas públicas en el año 2014” aprobado el pasado 29 de mayo por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el director de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal.
En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo recomienda “periodos de vigencia amplios” para los convenios colectivos de estas empresas para “impulsar periodos de estabilidad” y establece dos pautas para los convenios con una duración superior a dos años que se negocien a partir de ahora: por un lado, las “cláusulas de revisión salarial que se pacten deberán vincularse preferentemente a los resultados o beneficios de la entidad o a criterios de productividad” y “no se deberán pactar incrementos salariales o cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC u otros índices de precios generales”.
Estas directrices del Gobierno abren la puerta a que estos empleadospierdan poder adquisitivo en los próximos años a menos que las empresas públicas mejoren ostensiblemente sus resultados.
El presidente de la SEPI ya ha mantenido reuniones de coordinación con sus empresas para “insistir” en la importancia de cumplir con esas exigencias
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, responsable de fijar las retribuciones de los empleados públicos, no ha querido hacer comentarios sobre unas pautas que pueden afectar a un colectivo que supera con mucho las 150.000 personas.
Sólo del Grupo SEPI, afectarían a 74.000 empleados, incluyendo las 16 empresas participadas de forma directa y mayoritaria por el holding público (entre otras, Correos, la Agencia EFE o Tragsa), cuyo presidente, Ramón Aguirre, mantuvo la semana pasada reuniones de coordinación con su directora de Recursos Humanos y los responsables de esas empresas para “insistir en la importancia de cumplir con esas exigencias”, según fuentes del proceso.
Al colectivo de trabajadores vinculados a SEPI se sumarían los cerca de 15.000 empleados de Adif, los 14.000 de Renfe, el Grupo RTVE (6.400 empleados), Aena (más de 13.000, aunque en proceso de privatización parcial) o Paradores de Turismo (3.000), entre otras empresas públicas.
En el caso de los convenios con una duración de menos de dos años, el Gobierno quiere mantener también el año que viene (esto es, hasta 2016) la congelación de sueldos que establece el artículo 20.2 de la última Ley de Presupuestos para este año para el sector público empresarial:“No se deberán pactar incrementos salariales respecto a las tablas salariales fijadas en dichos convenios ni cláusulas de revisión salarial”, señala el documento.
El Gobierno establece que “sólo podrán llevarse a cabo aquellas adecuaciones retributivas derivadas de la aplicación de convenios o acuerdos en vigor, cuando las mismas resulten imprescindibles como consecuencia del contenido de los puestos de trabajo, de la variación del número de efectivos, o de la consecución de los objetivos asignados a la entidad”. Y las tablas salariales deberán aproximarse a las del área en la que opere la empresa, “no debiéndose pactar condiciones salariales muy superiores a las del sector de actividad“.
También “debe tenderse a una estructura salarial que prime el carácter variable del salario“, “evitando pactar complementos personales de carácter fijo, tales como la antigüedad u otros similares. Del mismo modo, debe tenderse a pactar el carácter no consolidable de los complementossalariales”.
La consolidación automática de la antigüedad deberá “suprimirse en aquellos convenios que así lo tengan reconocido”
El documento, a lo largo de poco más de cinco folios, también contiene pautas en materia derelaciones laborales, con una serie de recomendaciones que implican una posible bajada de salarios para todo este colectivo en torno a tres supuestos: una congelación de quinquenios (por conceptos como la antigüedad), una simplificación de las escalas profesionales (presumiblemente, hacia abajo) y un freno a las promociones profesionales.
Así, subraya que en la negociación colectiva en las empresas públicas “se deberán evitar acuerdos que impliquen promociones, ascensos y consolidaciones de niveles salariales superiores automáticos, en función de la antigüedad, debiendo suprimirse en aquellos convenios que así lo tengan reconocido”.
También apuesta por aplicar una suerte de reforma laboral a los trabajadores de estas empresas. La negociación colectiva, dice, “no debe imponer limitaciones a las facultades empresariales relativas a la adopción de medidas de regulación temporal o extintiva de empleo (despidos colectivos, despidos objetivos, suspensión de contratos, reducción de jornada) exigiendo, por ejemplo, el acuerdo previo con la representación de los trabajadores para la adopción de tales medidas o exigiendo unos requisitos, condiciones o causas que difieran de lo previsto en la normativa laboral”.
En el caso de los despidos colectivos y objetivos, y “sin perjuicio de los acuerdos que se puedan alcanzar durante el periodo de consultas”, también se apuesta por la indemnización de 20 días que establece el artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores. “En ningún caso deben pactarse” cuantías superiores, advierte. Tampoco podrán pactarse las regulaciones de empleo “a través de la salida voluntaria de trabajadores con derecho a determinadas condiciones o a través de planes de prejubilación para los trabajadores de mayor edad”.
En materia de nuevas contrataciones, se “debe tender a impulsar lautilización de los contratos para la formación y el aprendizaje y los contratos en prácticas, como fórmula de inserción en el mercado de trabajo, así como de los contratos a tiempo parcial, de acuerdo con las necesidades de la empresa”.
Para este año “no podrán asumirse” compromisos que impliquen aportaciones a planes de pensiones
El Gobierno también fija pautas para reducir el absentismo laboral y promover la “flexibilidad interna” en los sistemas de provisión de puestos, de clasificación profesional y de movilidad funcional. En materia de flexibilidad, “debe tenderse a pactar un sistema de clasificación profesional estructurado como máximo en tres o cuatro grupos profesionales de carácter amplio y una definición de los mismos que facilite la movilidad funcional como mecanismo que permite una mayor adaptación de los recursos humanos a las circunstancias concretas de la actividad productiva”. Todo ello, sin “generar incremento de masa salarial”.
Por último, y tal y como ya establecían los Presupuestos de 2014, para este año “no podrán asumirse compromisos” que impliquen aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos (por ejemplo, de jubilación), aunque con dos excepciones: que esos planes de previsión hayan sido suscritos antes de diciembre de 2011 o que, de aplicarlos, se reduzca la masa salarial, “en condiciones de homogeneidad, en otros conceptos retributivos en la misma cuantía en que se proyecte hacer aportaciones, para cumplir con la exigencia de no incremento de masa salarial”.
