Varapalo de la justicia a las unidades de gestión clínica de Castilla y león

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera el plan de las unidades de gestión clínica «disconforme con el ordenamiento jurídico».

La Consejería de Sanidad recibió el martes un varapalo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al considerar el plan de las unidades de gestión clínica, germen de uno de los proyectos estrella de la Consejería de Sanidad para la presente legislatura, «disconforme con el ordenamiento jurídico».

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Valladolid anunció su decisión de estimar el recurso interpuesto por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. y anular la resolución de 31 de mayo de 2012 del director gerente de la Gerencia Regional de Salud por la que se aprobaba el «Programa Especial de Gestión Clínica».

La resolución del tribunal se debe no tanto al fondo sino a la forma en que se puso en marcha el plan, ya que la Administración no negoció en la mesa sectorial sanitaria «una medida de planificación de recursos humanos que afecta a las condiciones de trabajo y/o modifican las funciones existentes», por lo que los magistrados consideran que existió una «omisión de trámite procedimental». La puesta en marcha de este programa supuso el funcionamiento de dos unidades de manera piloto: el servicio de Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid y en la Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora.

Para el TSJCyL, si la resolución recurrida «crea nuevos órganos gestores y define las competencias de cada uno de ellos» supone que «cambia, modifica y altera las plantillas orgánicas» respecto a los servicios citados, un cambio que -recuerda la resolución- no ha tenido ningún acuerdo previo. Con estos mimbres, la Sala considera que esta actuación «por vía de hecho, de una u otra manera», contraviene el régimen jurídico de la Ley Autonómica 2/2007 -el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León-, que exige negociación previa en la mesa sectorial «tanto en la aprobación ex novo de la plantilla orgánica como en su modificación total o parcial».

Estudiada la sentencia, la Consejería de Sanidad consideró en un comunicado que no afecta «al fondo del asunto», es decir, al propio programa, apuntando que en la sentencia se recuerda que sus «novedades» no atañen a las condiciones de trabajo ya existentes en «normas dictadas por la Administración» y «refuerza esa idea de que los cometidos asignados a los órganos de la unidad son únicamente de organización, pero no decisorios» en cuanto a la regulación de las condiciones de trabajo.

Por ello, el departamento que dirige Antonio Sáez Aguado entiende que la sentencia «avala la capacidad de autoorganización» de la Gerencia y que por ello «es posible facilitar mayor autonomía a los profesionales clínicos». Asimismo, la Consejería mantiene su compromiso de seguir impulsando el decreto sobre gestión clínica. Eso sí -aclara- «previa adaptación a los contenidos de la sentencia», que supondrá «negociar en la mesa sectorial la modificación de las funciones de algunos de los puestos de trabajo en los centros sanitarios».

Por su parte, el secretario general de Federación de Sanidad de CCOO en Castilla y León, Pablo Vicente, mostró su satisfacción con la resolución porque supone «cerrar la puerta a un cambio de modelo con criterios mercantilistas». Incluso advirtió que CCOO exigirá la devolución del dinero público que ha sido utilizado de forma irregular.

Nueva Tribuna                    (Imagen MATS)