En una valoración general del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la Incapacidad Temporal (IT), la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS) advierte que los resultados publicados ponen de manifiesto evidentes pruebas de mala gestión y de falta de control en los pagos de las prestaciones por IT; y parece que se descarga la “culpa” en la Seguridad Social en su conjunto, cuando más del 75 % de dicha gestión compete a las Mutuas.
El pasado 27 de marzo de 2014 el Tribunal de Cuentas (TdC) aprobó y publicó el informe citado, que, con carácter general, pone en entredicho las justificaciones esgrimidas por el Gobierno para poner dicha gestión en manos de las Mutuas. La valoración general de la FAISS es el siguiente:
En primer lugar, resaltar que los controles técnicos externos públicos de inspección, de auditoría y de fiscalización son imprescindibles para comprobar que la gestión se hace por los procedimientos establecidos y que los resultados se corresponden con los objetivos previstos, sin desviaciones fruto de una mala gestión o de algún tipo de corrupción.
El informe del TdC ha fiscalizado principalmente lo que ocurre con la Incapacidad Temporal (IT) en el ámbito de la Seguridad Social, que gestiona fundamentalmente los aspectos económicos de la IT, no de la gestión sanitaria de la misma que se realiza básicamente por el Sistema Nacional de Salud (SNS), salvo en algunos aspectos concretos de ésta. Es decir, se han auditado órganos y entidades esencialmente administrativos como INSS, ISM y otras (TGSS, SEPE, DGOSS), así como las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS, Mutuas).
Los resultados publicados son que existen evidentes pruebas de mala gestión y de falta de control en los pagos de las prestaciones por IT. Y parece que se descarga la “culpa” en la Seguridad Social en su conjunto, cuando más del 75 % de dicha gestión compete a las Mutuas. Si bien es cierto que el responsable de esta privatización, y de sus resultados, es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Además, en dicha mala gestión se ha detectado la existencia de un presumible fraude (intencionado o no) por parte de las empresas que se deducen importes por procesos de IT irregulares que ni Mutuas ni el INSS controlan adecuadamente.
| Las bajas mantenidas por el SNS (hasta los 365 días de la IT) resultaron confirmadas por las revisiones de los médicos evaluadores del INSS en el 89,8 % de los casos… lo que vuelve a contradecir la imagen de abuso generalizado que se pretende verter sobre la IT. |
La evolución de la IT entre 2011 y 2012 (únicos años completos del estudio de 31 meses) se redujo en contingencias comunes el 18,9 % (la incidencia media por 1.000 trabajadores protegidos pasó de 23,60 a 19,14) y encontingencias profesionales el 17,6 % (de 3,70 a 3,05). Este dato desacredita la necesidad de reformas en el lado del trabajador y del SNS, que son las que viene impulsando el Gobierno con los proyectos de RD de reforma de la IT y de Ley de Mutuas, cuando la evidencia del informe del TdC es que la mala gestión y el descontrol está en el ámbito administrativo económico de INSS y Mutuas.
No existe abuso generalizado
También es destacar que las bajas mantenidas por el SNS (hasta los 365 días de la IT) resultaron confirmadas por las revisiones de los médicos evaluadores del INSS en el 89,8 % de los casos, emitiéndose el alta médica sólo en el 10,2 % de los procesos revisados, sin que ello deba interpretarse como sinónimo de fraude sino como un criterio médico diferente y posterior producido en la organización ligada al pago de la prestación económica. Ello vuelve a contradecir la imagen de abuso generalizado que se pretende verter sobre la IT.
En cuanto a los Convenios de Colaboración suscritos por el INSS con las CC AA, lamentamos la constatación que hace el informe (págs. 101-103 y 110) de que se ha consolidado la “venta” de las historias clínicas de los trabajadores al INSS (y presumiblemente pronto a la Mutuas) con la excusa del control de la IT. Desde la FAISS hemos venido criticando este acceso pleno a la totalidad de los historiales médicos de todos los trabajadores sólo porque en algún momento puedan haber tenido un proceso de IT. Y si el hecho nos parece lamentable, el precio nos resulta ridículo pues, teniendo en cuenta que para ello iba destinado el 4 % del importe de los citados convenios, el cálculo nos da que de los 1.232.175.461,4 € totales en cuatro años, han ido a ese fin 49.287.018 € (4 %), de lo que resulta una media anual de 12.321.754 €; si tenemos en cuenta que según las estadísticas de la Seguridad Social, a fin de 2011, había 17.117.920 trabajadores afiliados, el precio de venta anual de cada historia clínica es de 0,72 €/año.
Respecto a la no remisión de los partes de confirmación de los procesos de IT, por ocho CC AA, nos parece que se exagera la conclusión de que ello dificultara el control por parte del INSS, pues mientras no haya un alta que cierre el proceso abierto por la baja éste se considera abierto y susceptible de control mediante la solicitud de informes complementarios o por las revisiones citadas por los médicos evaluadores del INSS.
Sobre el exceso de pagos por el INSS a costa de procesos tratados como no recaídas, puede existir un cierto grado de que las casillas de “recaída: Sí/No” no sea cumplimentada por los Médicos de Atención Primaria (MAP), pero ello es subsanado, en muchos casos de oficio por la Inspección Médica del SNS (acumulación de procesos), o por la solicitud de información de la entidad pagadora a ésta. No creemos que poner otro campo en el parte de baja (informático o manual) para la fecha de la baja anterior se vaya a cumplimentar mejor que la casilla de recaída; entendemos preferible que los respectivos programas de gestión informática de la IT exigieran al MAP marcar la casilla correspondiente si se diera una nueva IT antes de los 180 días del alta de la previa.
Por último, como conclusión general, creemos que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social debería mejorar su propia gestión y controles a Mutuas y empresas antes que promover normas contra trabajadores y SNS como presuntos colaboradores en un fraude de la Incapacidad Temporal que donde se ha demostrado que existe es en otro lugar, como evidencia el informe del Tribunal de Cuentas.
