La Comisión Europea ha elaborado un informe para tratar las fórmulas más efectivas de inversión sanitaria. El objetivo de dicho informe ha consistido en la identificación de las áreas de mayor recorrido en relación a la inversión sanitaria público-privada europea, con el fin de proyectar recomendaciones responsables y sostenibles para la modernización del actual sistema sanitario europeo.
El informe se ha coordinado con la colaboración de agentes del ámbito sanitario europeo, contando con datos representativos de hospitales como el de Norfolk y Norwich de Reino Unido, el universitario de Colonia, el hospital militar de Praga, el hospital Asklepios Network de Hamburgo y el hospital de la Ribera de Valencia, entre otros.
Para ello, se ha formado un órgano independiente encargado de la elaboración de un análisis multidisciplinar sobre los ámbitos más representativos del entorno público-sanitario, que ha incluido el estudio de las áreas de investigación y desarrollo, atención primaria, prevención, protección social, sistemas de financiación e información, registros de datos clínicos, etc. Además se ha contado con la inclusión de parámetros sobre datos farmacéuticos, así como desigualdades y elementos transborderizos.
En este sentido, se han descrito siete tipos de relación público-privada en el informe. No obstante, la distinción principal se encuentra entre aquellos que incluyen tan solo gestión de infraestructuras y servicios intermediarios, y aquellos que incluyen provisión de servicios clínicos.
La conclusión principal del informe sostiene que no existe suficiente información para evaluar la relación público-privado en comparación con los sistemas convencionales sanitarios, ya que la relación calidad-precio no es concluyente. “No existen suficientes evidencias sobre la metodología de las actuaciones económicas y el impacto clínico, ya que los proyectos son demasiado recientes y no hay por el momemto factores claros”.
No obstante, el informe ha desarrollado recomendaciones sobre la inversión público-privada para comprender los agentes que intervienen en el sistema sanitario europeo.
Por un lado, se ha expuesto que la relación público-privada no debe eliminar el presupuesto público fiscal, sino que el estado deberá continuar asumiendo costes eventuales. Tan pronto como las capitales de mercado estén preparadas para asumir las consecuencias a largo plazo, a corto plazo se puede permitir que el Estado cuente con un presupuesto ajustado, y una posición fiscal débil, pero siempre con la finalidad de impulsar la inversión mediante la renegociación, y la actualización de balance de los nuevos proyectos a largo plazo.
Además, se ha explicado que los programas público-privados obtienen cifras representativas en países como Reino Unido, donde se alcanza hasta un 40% de inversión sanitaria, al igual que en Portugal. No obstante, el resto de países llegan a alcanzar tan solo la cifra de un 1% de inversión privada. En el informe se explica que estos programas cuentan con el cuidado adecuado para el control de los pasivos contingentes, tales como garantías del gobierno como apoyo a dichas medidas.
En este sentido, el informe ha recordado que el modelo de franquicia para atribuir los servicios médicos a una concesionaria privada podría suponer una manera apropiada de trasladar la inversión fuera del balance público, y asumir distancia por parte de la responsabilidad del Estado. Este sistema podría aportar mayor flexibilidad y adaptación a cambios estructurales, sin olvidar que el Estado es el responsable final de asumir los costes de una concesión a largo plazo, ya que se trataría del responsable de asumir la gestión y sobre todo cubrir el riesgo en el momento en el que fallara el proveedor privado.
Además, se ha mencionado que en el caso de que la relación público-privada fuera financiada por los bancos locales, las concentraciones de riesgo podrían crear un bucle de retroalimentación entre bancos y el Estado de riesgo positivo a largo plazo. En este sentido, se ha indicado que las claves de éxito en la mitigación de los riesgos fiscales incluyen evitar el exceso de capacidad de costes, elaboración de planes eficaces de competencia entre los proveedores de salud público y privados, y gestión de contratos firmes. Esto implica un mejor control del nivel del gasto público y cierta disminución de costes, pero siempre manteniendo el nivel eficiente de servicios.
Por otro lado, se ha recordado que la crisis económica ha conllevado una reducción considerable del volumen de proyectos del tipo público-privado, ya que los mercados financieros han reducido la disponibilidad de capital y crédico, así como incrementado las tasas de interés. No obstante, se ha incidido en que la relación coste-eficacia debe ser evaluada a largo plazo, ya que la relación público-privado puede ser al mismo tiempo una fuente de financiación para acelerar las inversiones a coste mayor para los contribuyentes en tiempos de recesión.
Por último se ha hecho hincapié en la revisión macro-prudencial, que debe llevarse a cabo por los Ministerios de Hacienda, para la regulación de las variantes de riesgos, el endeudamiento público, la revisión y curso de los pasivos y contratos. El cálculo, la aplicación y seguimiento de costes a través de informes de seguimiento para vigilar los principios de los acuerdos. Además, se ha recordado que los proyectos públicos-privados deben atender a motivos económicos, pero también ambientales, sociales y a mantener el modelo de servicio de una atención adecuada y eficaz.
..Débora Rey
