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La Comunidad de Madrid aprobó ese gasto en el último Consejo de Gobierno “en cumplimiento de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº5″ que da la razón a las constructoras
JAVIER BAÑUELOS 03-01-2014 – 13:28 CET
Para los socialistas madrileños este es un ejemplo más de mala gestión y despilfarro, “esto avala lo que venimos denunciando, la sanidad en Madrid está pésimamente gestionada. Esto además es insultante cuando alardean de bajar impuestos, no pagan deudas y recortan servicios públicos”.
Se trata de unas obras que la Comunidad adjudicó en 2007, a una UTE de varias constructoras – Obrascón Huarte Lain S.A.; Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A- un contrato de 65.5 millones de euros para la construcción de la Fase II de ampliación del Hospital Clínico, un proyecto que contemplaba la creación de dos nuevos pabellones y la remodelación de la zona norte del hospital.
La Comunidad de Madrid pagó fuera de plazo varias certificaciones de obra. De ahí que las empresas reclamasen los intereses de demora, lo llevaron a los tribunales, y ahora la justicia les ha dado la razón.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el juez “condena a la administración al abono de esos intereses de demora en base a a la Ley 3/2004 que establece medidas medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”.
Por eso, la Comunidad de Madrid no le ha quedado otra que pagar, abonará casi un millón de euros por esos intereses de demora. Al menos, así lo han acordado en el último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado el pasado 26 de diciembre.
“Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 901.831,82 euros, en cumplimiento de la sentencia nº 251/2013, del Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid que declara el derecho de la UTE: Obrascón, Huarte y Laín S.A. y Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. a percibir los intereses de demora correspondientes a las obras de construcción, fase II, del Plan director del Hospital Clínico San Carlos”.
Según la sentencia fechada el 28 de junio de 2013, la Comunidad de Madrid tenía derecho a recurrir, pero al final, han optado por pagar.
Cadena Ser (imagen MATS)
