La carrera profesional y otros acuerdos siembran DIVISIÓN Y DESIGUALDAD

Una cascada de acuerdos se está produciendo entre la Administración y los sindicatos de la Mesa Sectorial de la Sanidad (CCOO, UGT, CSIT, SATSE, AMYTS). El último de ellos es sobre la “carrera profesional”, donde se informa que se va a empezar a cobrar -en tres tramos de tiempo- para el personal (médicos y enfermería) y posteriormente (este verano) se abrirá un proceso para las solicitudes del resto del personal estatutario (ver acuerdo del 4 de julio 2018 y acuerdo del 29 de noviembre de 2017). Así mismo se informa que el dinero destinado para el pago de la carrera profesional, sería un fondo presupuestario del año en curso compuesto por 25 millones de euros.

A partir de estos hechos, los representantes sindicales se han lanzado, a bombo y platillo, a mostrar a todo el mundo que, ellos y solo ellos, son los grandes muñidores y protagonistas de tan espléndidos acuerdos. Pero la realidad es mucho más compleja, por eso el MATS ha emitido el presente comunicado.

1.- El concepto de carrera profesional nos parece básicamente injusto en cuanto a que discrimina unas categorías con otras, aumentando los desniveles salariales y, mientras no se demuestre lo contrario, dejando a un lado a miles y miles de personas temporales y a todo el personal laboral, que trabaja en idénticas condiciones que el personal estatutario. En lugar de este complemento discriminatorio (que provoca desigualdades salariales entre un mismo tipo de trabajo en torno a los 600 euros o más); se debería haber luchado por una subida lineal para todas y todos por igual e incorporada a la masa salarial, (otro caso similar es el complemento por productividad variable).

2.- Se trata de un acuerdo cogido con pinzas; la Administración ha incumplido sistemáticamente todos sus compromisos. Más aún, la norma básica para que la Administración pague la carrera profesional, está supeditada a la liquidez presupuestaria del gobierno del PP de la CAM. ¿Qué quiere decir esta norma? Pues sencillamente, que el cobro de las cantidades pactadas dependerá de la voluntad política del gobierno de turno; es decir, de que se sobrepase o no, el llamado techo de gasto que viene determinado por la situación económica de España respecto al déficit público autorizado por Bruselas.

3.- Creemos que, todo el proceso de reclamaciones para cobrar la carrera por parte de las categorías o colectivos temporales que no la cobran, se verá dificultado y prolongado en el tiempo, tanto por la propia burocracia administrativa como por la falta de interés de pagarla. Con ello, se seguirán favoreciendo y repartiendo las principales prebendas a los grupos de personal fijo A y B. De esta manera se discrimina a los grupos sanitarios y no sanitarios con menor capacidad adquisitiva. En ese sentido, el MATS, propone que cualquier reparto que se haga no sea exclusivo para las categorías A y B, sino para todas por igual.

4.- Como decíamos en el punto 1 del presente comunicado, uno de los colectivos más maltratados por este acuerdo es el de los laborales que trabajan para el SERMAS y otros servicios públicos como las residencias públicas. Dejando al personal laboral fuera de este acuerdo, se está propiciando o empujando a que pierdan su condición de laborales en favor de la estaturización. El motivo es muy sencillo, el personal laboral todavía mantiene ciertas condiciones y mejoras reflejadas en su convenio colectivo (prejubilación a los 63 años, bono transporte, días libres, etcétera).

5.- Esta situación no es exclusiva con el acuerdo de carrera profesional. Por el contrario, ya hemos vivido situaciones como ésta. Recordemos los acuerdos entre CCOO, UGT Y CSIF sobre consolidación de empleo (a raíz de la denuncia por parte de la U.E por mantener a miles de trabajadoras y trabajadores en fraude de ley). El resultado de dicho acuerdo no fue un concurso de consolidación de empleo, sino muy al contrario, la convocatoria de unas OPES que abren las vías de unos ERES masivos para el personal interino que lleva sufriendo la temporalidad años y años.

6.- Otro tanto es la recuperación de la jornada laboral de 35 horas. Hasta ahora solamente hemos oído buenas palabras y promesas. Por parte de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad se reclaman las 35 horas sin hacer ningún tipo de presión efectiva. Peor aún, cuando se reclaman, no se vinculan a un aumento de las plantillas o de la calidad asistencial. ¿Cómo se van a recuperar las 35 horas si no se contratan a más de 6.000 personas que fueron despedidas entre el 2010 y 2014 bajo la excusa de la crisis económica? Para el MATS solo es posible la recuperación de las 35 horas y el resto de nuestros derechos, si están ligados a un aumento de plantillas, a la mejora de las condiciones en los centros de trabajo como la conciliación familiar; y por supuesto, con el objetivo principal que es la defensa de una sanidad pública, universal y de calidad.

7.- Como decíamos al comienzo del comunicado, toda esta gran campaña de “recuperación de derechos” a la que se han apuntado CCOO, SATSE, CSIT, UGT Y AMYTS; con la abierta colaboración del PP en el gobierno; forma parte de una estrategia dirigida a no perder votos de cara a las próximas elecciones sindicales (en unos casos) y autonómicas (en el otro). Los representantes sindicales están tratando a las trabajadoras y trabajadores como menores de edad con el caramelo de ¡lo hemos conseguido! De la misma manera, están creando mayor división y fragmentación entre los propios colectivos y profesionales sanitarios y no sanitarios; pues mientras otorgan concesiones a los que más cobran, mantienen como rehenes a los temporales que tienen que opositar sujetos a una afiliación -casi forzosa- para garantizar el aprobado.

8.- Pese a las condiciones difíciles en las que nos ha tocado luchar, el MATS, seguirá siendo fiel a sus señas de identidad: la recuperación de nuestros derechos pero no para agrandar la brecha salarial, sino para acortarla; la recuperación de las 35 horas para que se incorporen más de 6.000 personas a nuestras plantillas y dotar al modelo público sanitario de una mayor calidad asistencial; y consolidar el empleo mediante un concurso de méritos sin detrimento de que se convoquen oposiciones cada dos años.