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Los jueces empiezan a respaldar la recuperación de la gestión pública de servicios privatizados

Varios fallos judiciales recientes han dado la razón a los planes de gestión directa de la sanidad en Valencia o el agua en Valladolid y Alcázar de San Juan

Concesionarias y Gobierno central han llevado a los tribunales su oposición a estos y otros procesos de remunicipalización

La externalización se ha aplicado a multitud de áreas: asistencia social, educación, limpieza, jardinería, residencias u hospitales

El ataque del Gobierno hacia la revisión de servicios públicos hace aguas

La justicia comienza a respaldar la recuperación de la gestión directa de servicios públicos. Tras haberse convertido durante años en un extenso nicho de negocio para las empresas, varias sentencias y autos judiciales han dado el visto bueno a diversos intentos por parte de las administraciones locales y regionales de volver a dirigir de primera mano áreas como la sanidad o el abastecimiento del agua. Algunos de estos planes han llegado a los tribunales por la resistencia que han presentado tanto las empresas concesionarias como el mismo Gobierno central.

Juzgados de la Comunitat Valenciana, Castilla y León o Castilla-La Mancha han tomado decisiones recientes que apuntalan estas reversiones. En Valencia los magistrados rechazaron hace menos de un mes suspender provisionalmente la decisión de la Generalitat para retomar el control del área de salud de La Ribera. En Valladolid, un juez ha mantenido el acuerdo del Ayuntamiento para asumir el servicio de aguas. También hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reabrió la vía para remunicipalizar el abastecimiento al estimar el recurso de una exconcejala de Alcázar de San Juan.

La privatización, que ha terminado por llamarse externalización, de servicios públicos se expandió tanto que, con la llegada de la crisis del ladrillo, muchas empresas salvaron sus cuentas de resultados a base de gestionar asistencia a domicilio, guarderías, recogida de basuras, asistencia telefónica, cuidado de jardines, radios públicas o residencias. “Prácticamente cualquier servicio que no forme parte de la actividad principal de una organización puede ser prestado por alguna división o empresa de Clece”, explicaba la filial de ACS en una de sus presentaciones anuales.

La fórmula se ha basado en un mantra: la gestión privada es más eficaz. Da el mismo servicio a menor coste. Una ley no escrita pero que se convirtió casi en inamovible. Incluso aunque el Tribunal de Cuentas acreditara, por ejemplo, que la premisa era equivocada en el caso de los barrenderos municipales: la privatización sale un 71% más cara.

Judicializar las relaciones

Así que, a partir de 2015 se han ido abordando planes para revertir externalizaciones. Y, al mismo tiempo, han surgido las resistencias. Una de las primeras grandes privatizaciones y pionera en el ámbito de la sanidad pública fue la adjudicación a una unión de empresas liderada por Ribera Salud de la asistencia especializada en La Ribera en la Comunitat Valenciana. El famoso modelo Alzira.

El sistema Alzira, tras ser rescatado por el propio Gobierno regional liderado por el PP, ha servido de cabeza de puente para trasladarse desde allí a, por ejemplo, la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre e Ignacio González. El contrato de Alzira se firmó por 15 años con una posible prórroga de cinco si se llegaba a un acuerdo entre la parte privada y la pública.

El actual Ejecutivo valenciano decidió que el acuerdo terminara y tomar las riendas. Pero  Ribera Salud no se ha resignado a perder esa parte de su negocio y ha recurrido las decisiones que acordaron no prorrogar el expediente de contratación.

La consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, cuenta que la concesionaria “ha judicializado toda su relación con la Generalitat: tenemos más de 50 procesos abiertos por Ribera Salud. No solo por la reversión del servicio de La Ribera sino casi cualquier decisión que pueda afectarle”.

Ribera Salud ha pedido que se declaren nulas las acciones de Sanidad describiendo toda suerte de desastres: “Se desmantela la estructura creada por el concesionario, la pérdida de un sistema de organización pionero en España”, según los documentos judiciales. También aducen “la paralización de 130 líneas de investigación”, pérdida de plazas de 1.000 alumnos y “caos por el traslado de historias clínicas” . Ribera Salud ha calculado un daño económico de más de 45 millones para la Generalitat y un “riesgo de cierto perjuicio para la atención sanitaria”. Pero los magistrados les han dicho que no.

Montón explica ahora que la decisión de los jueces ha sido fundamental para poder seguir adelante. “Queríamos una transición pacífica, pero no ha podido ser”. Ribera Salud se autodefine como “líder en el sector de las concesiones administrativas en España” pero la mayor parte de su negocio está en la Comunitat cuyo Ejecutivo actual anunció que haría estas reversiones. “Estamos cumpliendo el programa electoral”, añade Montón. “Y demostrando que la privatización no era para siempre”.

Reticencias ideológicas

Las trabas para recuperar estos servicios no solo están llegando de las contratistas que pueden ver su cartera de clientes (y de ingresos) reducida. El Gobierno también está saliendo al cruce, casi siempre con el argumento de que asumir los servicios implica asumir nuevos gastos especialmente de personal. Así, el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió al abogado del Estado a tratar de parar el acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid para retomar la gestión del agua de la ciudad mediante una empresa pública. La justicia firmó el 14 de noviembre una sentencia que rechazaba la postura del Gobierno y daba la razón a la ciudad.

El alcalde vallisoletano, el socialista Óscar Puente, cuenta a eldiario.es que acometieron este proceso porque, tras estudiar la fórmula durante un año, se concluyó que “es más eficaz y rentable” y la manera de paliar “el déficit de 200 millones en inversiones para actualizar la red de abastecimiento”.

No ha sido el único caso. Las delegaciones o subdelegaciones gubernamentales a lo largo del país han iniciado acciones legales parecidas. En la provincia de Cádiz, por ejemplo, la Subdelegacón ha llevado al juzgado al municipio de Chiclana ante el proyecto de retomar el servicio de limpieza de edificios públicos y colegios y la ayuda a domicilio. En Zaragoza, el Gobierno ha ido de la mano de la CEOE para impugnar la recuperación del servicio de información telefónica 010. El tamaño del servicio no está siendo un motivo para mirar para el otro lado. La Delegación en Valencia también ha cuestionado la legalidad de la remunicipalización de los servicios de la piscina y la radio por parte del Ayuntamiento de Alzira.

Puente asegura que “es muy evidente que la oposición del Gobierno es ideológica. Hacienda pone todo tipo de trabas –la tasa de reposicion o la regla de gasto– porque la privatización es su modelo: externalizas el servicio y es lo que menos quebraderos de cabeza da”.

También hace pocas semanas, un caso de privatización que copó titulares por su manera de efectuarse, ha tenido novedades judiciales: el agua de Alcázar de San Juan. Su paso a gestión privada adjudicada a Aqualia se realizó por trámite de urgencia con los votos del PP y CXA que no sumaron la mayoría absoluta precisa. Los magistrados estimaron en noviembre pasado el recurso de la ex concejala de Alcázar de San Juan, Ana Belén Tejado, contra el proceso. Tejado lo presentó en 2014 tras la venta de la empresa municipal realizada en medio de una marea azul ciudadana de protestas. La alcaldesa actual, Rosa Melchor, considera que ese auto supone “un paso más por la remunicipalización”.

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