La policía responsabiliza a la cúpula de la concesionaria del cobro de comisiones irregulares
La Fiscalía pide la imputación de Alberto de Rosa y Pablo Gallart, los administradores de la central de compras de la empresa que gestiona los hospitales valencianos privatizados por el PP
La policía cree que la cúpula de Ribera Salud, la empresa que gestiona la mayoría de hospitales valencianos privatizados, ha podido cometer los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al cobrar comisiones de manera irregular, y a espaldas de la Generalitat, a varios de sus proveedores. La fiscalía ya ha pedido la imputación de Alberto de Rosa y Pablo Gallart, los administradores de la central de compras de la compañía.
Un juez de Valencia investiga desde mayo el asunto. Tras tomar declaración a varios testigos, el titular del juzgado de instrucción número 4 ha declarado la causa compleja, lo que le permite ampliar el plazo de la instrucción.
Hay pendientes de practicar varias pruebas y, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, el juez aún no ha recibido el informe solicitado a la Conselleria de Sanidad en mayo –hace ya seis meses– para poder adelantar la investigación. Ésta se centra, siempre según el TSJ, en B2B, la central de compras perteneciente a Ribera Salud utilizada, supuestamente, para cobrar comisiones de manera irregular y engordar los beneficios de la concesionaria sin respetar los contratos y a espaldas de la administración.
Los informes que maneja la investigación apuntan a que en 2015 podrían haberse cobrado comisiones de hasta del 23% en marcapasos, que habrían reportado más de 96.000 euros de un solo proveedor, y hasta del 30% en prótesis de rodilla y cadera, que habrían supuesto comisiones de 44.000, 50.000 e incluso 70.000 euros, según los proveedores.
El fiscal pide imputaciones
La policía, en su informe, pone el foco en la cúpula de Ribera Salud: diez personas con “responsabilidad” en “las empresas investigadas”, que serían presumiblemente la matriz, las empresas creadas para gestionar las diversas concesiones administrativas (las de los hospitales de La Ribera, Torrevieja, Dénia y Elche-Vinalopó) y B2B.
De momento no hay imputados, pero el fiscal ha solicitado que, cuando se reciba el informe requerido a Sanidad, se tome declaración a dos de esos altos cargos en calidad de investigados, Alberto de Rosa y Pablo Gallart, los administradores de la central de compras. La Generalitat ya ha anunciado que estudia personarse en la causa abierta.
El gobierno valenciano que preside Ximo Puig ha anunciado desde el principio que quiere revertir las privatizaciones de hospitales que llevó a cabo el PP. El hospital de Alzira, capital de la comarca de la Ribera Alta cuya concesión caduca en 2018, es el primer candidato.
Fuente: El Diario