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El sistema de asilo español lleva a refugiados a la indigencia, según Amnistía Internacional

Un informe de la ONG denuncia que el modelo de acogida español es “discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz”

Según Amnistía, la arbitrariedad a la hora de retirar o prolongar las ayudas de los refugiados, los retrasos en las resoluciones de las solicitudes y el limbo legal existente en España vulneran la normativa europea de asilo

En los CETI de Melilla “no se aplica la normativa española sobre asilo como en el resto de la península”

El modelo de acogida español no ha pasado el examen de Amnistía Internacional. La arbitrariedad a la hora de retirar o prolongar las ayudas de los refugiados, los retrasos en las resoluciones de la solicitud, la falta de una ayuda terapéutica adecuada y el limbo legal sobre el que se asienta el sistema vulnera la normativa europea de asilo, según un nuevo informe de la organización. “Es discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz y puede llevar a las personas a la indigencia a medio plazo”, denuncia la ONG.

refugiados-160529_0068_18El informe “El asilo en España: un sistema de acogida poco acogedor” concluye que el modelo español “no garantiza una adecuada recepción e integración” de los solicitantes. Según Amnistía Internacional, solicitantes de protección agotan las subvenciones y se quedan fuera del sistema de protección en función del presupuesto asignado a cada organización y sin margen de reclamación de un derecho que, apunta la ONG, tienen reconocido.

Entre 2012 y 2013, pasaron de tramitarse 2.588 solicitudes de asilo a 4.513 peticiones. En 2014, el sistema de protección internacional acogió a 5.950 asilados. En 2015, como en el resto de Europa, se registró un pico sin precedentes: 14.785 solicitudes. Sin embargo, afirma la ONG, el aumento demandantes de protección de los últimos años en España fue acompañado de un incremento de recursos. Un ejemplo, el personal de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) que se encarga de estudiar las peticiones de asilo no fue reforzado hasta finales de 2015, indica Amnistía.

Durante ese tiempo se intentó hacer más con menos y, según la organización, tuvo consecuencias. Por un lado, “grandes demoras en la resolución de estas solicitudes”. Como recuerda la ONG, durante varios meses de 2015, la Oficina de Asilo y Refugio ha tenido listas de espera para poder mantener la primera entrevista de asilo, “sin que se proporcionara acogida digna a estas personas”.

Otro de los efectos es la arbitrariedad a la hora de suspender o prolongar las ayudas recibidas por los refugiados. Según Amnistía Internacional, en España se prevé un periodo de acogida de hasta 18 meses, con posibilidad de ampliarlo hasta 24 meses para las personas consideradas como muy vulnerables, “no pudiendo excederse de ese plazo salvo que circunstancias de máxima vulnerabilidad”. Sin embargo, la ONG ha constatado que la ayuda económica en realidad reduce estos plazos sin determinar de forma clara las razones. El “vacío legal” existente al respecto lo permite: la Ley de Asilo de 2009 está pendiente de desarrollo reglamentario desde hace seis años.

“Amnistía Internacional se ha encontrado con una aplicación desigual y aleatoria de las ayudas previstas”, denuncia la ONG. Si esta situación se suma a los retrasos en la resolución de las solicitudes, “muchas ayudas” se retiran aunque no se haya respondido a la solicitud. “Mientras las personas esperan, algunas durante años, a que se resuelva su solicitud, hemos visto cómo las ayudas previstas para su acogida son insuficientes y no se adaptan a sus necesidades, algo que puede finalmente llevar a muchas de ellas a la indigencia”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional e investigadora del informe.

Una de ellas es Amira (nombre ficticio), de nacionalidad libia. Tuvo que huir de su país por la persecución sufrida por sus creencias y activismo en favor de los derechos humanos de las mujeres. Solicitó asilo en marzo de 2014 y todavía sigue a la espera de una resolución. Durante los primeros seis meses obtuvo una ayuda, pero al cabo de ese tiempo se quedó en la calle sin más recurso que los 340 euros que se entrega en concepto de “ayuda de salida”.

Un sistema “discriminatorio”

La “discriminación” que, según Amnistía Internacional, reina en el sistema de asilo español destaca en dos situaciones. Por un lado, en el bloqueo de las solicitudes de protección registradas por las personas procedentes de Mali, Ucrania y Territorios Palestinos ocupados.  Como publicó eldiario.es y ratifica Amnistía Internacional, “las autoridades deciden conscientemente” no estudiar estas peticiones “a la espera de que la situación de los derechos humanos mejore en los países de origen”. Se trata del denominado de forma no oficial como “criterio de prudencia”.

La otra discriminación destacada recae sobre los solicitantes de asilo que acceden a España a través de Ceuta y Melilla. Durante su estancia en la ciudad autóma, los demandantes de protección viven en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde, según Amnistía y confirma el Gobierno, “no se aplica la normativa española sobre asilo como en el resto de la península”.

La ONG ha documentado “pobres condiciones higiénicas y sanitarias, problemas de seguridad y falta de escolarización de los menores”. En ellos CETI, denuncian los investigadores, tampoco se respeta la vida familiar ni la asignación de recursos económicos. Además, Amnistía cuestiona la carencia de libertad de circulación, agravada por la arbitrariedad a la hora de realizar los traslados de los solicitantes de asilo a la península, donde empezarían a obtener los derechos derivados del sistema de acogida español.

“España no está dando la bienvenida que se merecen a las personas que huyen de la guerra y la persecución, de manera que puedan acceder a una acogida digna, un procedimiento de asilo justo y efectivo y su plena integración”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Tanto las personas que llegan por Ceuta y Melilla, como aquellas que llegan por otras vías de manera espontánea, o los pocos que el gobierno trae a través del reasentamiento y la reubicación, tienen algo en común: las dificultades que se encuentran para su acogida digna y su posterior integración en el país”, concluye.

Fuente: El Diario

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