Desde que comenzó la crisis los diferentes gobiernos solo se han preocupado de garantizar los intereses de las entidades financieras en contra de los derechos de la mayoría. Despidos, precariedad, desahucios, deudas perpetuas, privatizaciones y recortes integran lo que solo podemos denominar como una gran estafa financiera que supone una violación sistemática de derechos humanos.
Las instituciones públicas, como el Gobierno de España, Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, y las dos últimas tienen además entre sus competencias la administración de la escasa vivienda pública con la que contamos. El escaso parque de vivienda pública ha sido pagada con los impuestos de todas y todos. Por su parte, el Gobierno de España tiene bajo su responsabilidad controlar qué hacen las entidades financieras con las viviendas arrebatadas a las familias por no poder hacer frente a las hipotecas. 
Entidades como el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han decidido privatizar el parque de vivienda pública y social para ponerlo en manos de los especuladores, entre los que destacan los peligrosos Fondos Buitre. Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado incentiva la entrada de Fondos Buitre para la adquisición de las viviendas arrebatadas por los bancos a la gente trabajadora que no pudo pagar sus hipotecas por medio de la regulación de las SOCIMIS (sociedades de gestión de activos inmobiliarios que no pagan impuestos) y por medio de operaciones financieras impulsadas por la SAREB con financiación pública, es decir con dinero de todas. En definitiva, la principales administraciones que deberían garantizar a la población el derecho a la vivienda han decidido poner esas viviendas a la venta a precios de saldo, adjudicándolas, de manera poco o nada transparente, a fondos buitres y empresas inmobiliarias cuyo único objetivo es la especulación.
No satisfechos con la estafa financiera de las hipotecas basura, con las ayudas mil millonarias a la banca y el engaño de la SAREB, ahora impulsan la privatización de la vivienda pública. Esto supone una flagrante violación de los derechos humanos, precisamente en el momento en que más se necesita dar respuesta a los centenares de miles de familias que están sufriendo de manera salvaje el peso de la crisis, crisis producida por el poder financiero por la especulación de un bien de primera necesidad como es la vivienda. Pretenden que paguemos la deuda generada por las entidades financieras con nuestras viviendas y con nuestro dinero, y para ello se sirven de las políticas neoliberales más extremas, arrojando a familias enteras a la calle.
Estamos hoy aquí para denunciar a los políticos que se ponen al servicio del poder financiero, y con el pretexto de la crisis, llevan a cabo el desmantelamiento de todo lo público: sanidad, educación, vivienda, y otros, e incumpliendo los preceptos de la Constitución española, violando los tratados internacionales de derechos Humanos suscritos por nuestro país, y haciendo caso omiso de recomendaciones y sentencias de los Tribunales de la Unión Europea.
Exigimos:
– El cese inmediato de todos los desahucios.
– La paralización de las privaciones y venta de las viviendas públicas a fondos buitre.
– El cese del desmantelamiento de las empresas de vivienda pública y el despido de sus funcionarios y empleados.
- La dimisión de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como máximos responsables de las actuaciones descritas.
- Juicio y castigo para los y las culpables de la estafa financiera, por ser los responsables últimos tanto del desmantelamiento de lo público como de la estafa hipotecaria: la oligarquía financiera. Que se sepa la verdad, se haga justicia, se repare a las víctimas, y se garantice la no repetición de estas violaciones de derechos humanos.
