Los 25 años que lleva en el poder el Partido Popular en la Comunidad de Madrid han dado para mucho más que para “gobernar”… Desde Esperanza Aguirre a Isabel Díaz Ayuso pasando por Ignacio González y Cristina Cifuentes los casos de corrupción han estado a la orden del día.
La aplicación más estricta de las políticas ultraliberales que han llevado a cabo todos los gobiernos del PP madrileño se ha dejado sentir especialmente en los servicios públicos. La sanidad, la educación o los servicios sociales son sectores que los fueron abriendo al mercado, es decir, al negocio y que han ido sufriendo un claro deterioro en las últimas décadas. Hoy la inversión en estos servicios esenciales es de las más bajas de todo el Estado a pesar de ser la Comunidad de mayor renta per cápita.
Estos servicios públicos han sido objeto de todo tipo de recortes, privatizaciones y colaboraciones público-privadas, ocasionando sobrecostes y en demasiados casos corrupción, como se ha denunciado en ocasiones, sin que la fiscalía lo haya tomado en consideración. Algo que ha sido oneroso para los fondos públicos y una verdadera desposesión de bienes comunes a la ciudadanía.
Las irregularidades en la contratación pública son una característica de la política del PP madrileño. Se ha acudido de forma reiterada, como norma extendida, a fraccionar los contratos -algo que la ley no permite- para no tener que recurrir a su licitación pública, y de esta forma adjudicarlos directamente a dedo a quien en cada momento el gobierno quisiera favorecer. En los últimos años la consejería de sanidad madrileña adjudicó más del 99% de los contratos recurriendo a esta vía.
A esto se suma que desde la pandemia se han podido realizar contratos de forma excepcional por la vía de urgencia, que sin embargo el gobierno de Ayuso ha empleado y lo sigue haciendo con total discrecionalidad… Pues mientras morían miles de personas el gobierno seguía favoreciendo a familiares.
Por esto y de forma dramática no ha supuesto ninguna novedad “el contrato de las mascarillas”. ¿Falta de ética, irregularidades en la contratación, desvío de fondos públicos, corrupción como forma de gobierno del PP madrileño?… En definitiva, el beneficio privado con el dinero de tod@s, mientras se desmantelan los servicios públicos que necesita la ciudadanía.
Como resultado de estas políticas la situación de la sanidad madrileña es: miles de despidos de trabajador@s sanitari@s, dos años cerrados los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), más de 500.000 personas esperando una consulta externa, más de 89.000 esperando una intervención quirúrgica, más de 150 millones de euros invertidos en el hospital Zendal, cuando se dijo que sería un tercio de esa cantidad. Los Centros de Salud sin la necesaria atención presencial. Más de 7.000 fallecimientos en las Residencias de personas mayores a los que se les negó una atención sanitaria digna.
El Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad (MATS) exige que se depuren con urgencia todas las responsabilidades en éste y resto de casos de contratación irregular.
El MATS denuncia que la situación de la sanidad madrileña es insostenible, lo que propicia -y estimula el gobierno de Ayuso- la contratación de seguros privados de salud, cuando lo que se requiere es una inversión mayor en la sanidad y resto de servicios públicos. Sin embargo como nos demuestra la experiencia esto requiere que se lleve a cabo con otro gobierno, lo que necesita de una amplia movilización de toda la ciudadanía.