La Ley Orgánica de Regulación y Despenalización de la Eutanasia acaba de ser aprobada en el Congreso por 202 votos a favor, 141 en contra de Vox, PP y UPN, y 2 abstenciones. De esta forma, el Estado español se suma a otros cinco países que ya contemplan la eutanasia.
El 18 de marzo de 2021 quedará en la memoria de muchas personas como el día en el que accedemos a reconocer en nuestro ordenamiento jurídico un derecho: el derecho a una muerte digna, ampliamente demandado por la sociedad; el derecho a no morir entre sufrimiento pues hoy, todavía, en muchos lugares cada día mueren personas soportando un dolor innecesario.
En estos días en los que se habla tanto de libertad, esta Ley de Eutanasia comienza precisamente por otorgar la libertad de morir dignamente a las personas que decidan poner fin a la vida por una “enfermedad grave e incurable” o “padecimiento crónico o imposibilitante”, que origine “sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva”.
Se considera una Ley garantista cuanto que se necesita que la decisión de poner fin a la vida debe ser autónoma, informada por el equipo sanitario responsable y sin presiones externas. Además, contempla la objeción de conciencia de los y las profesionales sanitarias.
Pensamos, sin embargo, que esta Ley llega tarde, muy tarde, pues en la conquista de este derecho han quedado por el camino luchas, represión, sufrimiento y muertes con dolor que se habrían podido evitar. Se han cumplido ya más de veinte años desde que Ramón Sampedro solicitase ayuda a los tribunales para poder poner fin a su vida. Tras de él, numerosas personas pidieron auxilio para poder tener un final digno y sin dolor, pero todos encontraron el mismo obstáculo: una legislación que no lo permitía y, además, lo condenaba.
Hoy conviene recordar cómo la lucha por alcanzar este derecho destrozó la carrera de profesionales del Hospital Universitario Severo Ocho, a la cabeza de los cuales estuvo el médico Luis Montes reclamando una muerte digna. Soportaron persecución, represión y acusaciones del gobierno del PP de Esperanza Aguirre y de su Consejero de Sanidad, Lamela. También los medios de comunicación afines se preocuparon de la extensión y propaganda, haciendo suyo un anónimo que denunciaba hasta 400 casos de eutanasia irregular. Se presentaron 73 denuncias ante la Fiscalía. En 2008, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el archivo de la causa, mandando eliminar cualquier referencia a la mala práctica de los doctores. El caso de las sedaciones pasó a denominarse “El bulo de las sedaciones de Leganés”. También siguieron condenas como las del entonces portavoz de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, hoy asesor de la Presidenta Díaz Ayuso. Sin embargo, el daño al hospital y a la carrera profesional de Luis Montes y del resto de compañeros ya estaba hecho… Y con ello el gobierno del PP consiguió ocultar la privatización de los 7 hospitales que pretendía construir.
Por eso el día de ayer, 18 de marzo, tiene mucho de histórico, conseguimos un derecho, el derecho a morir con dignidad y sin dolor, la eutanasia, que pasará a ser una prestación del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, no se puede bajar la guardia, pues para que este derecho sea una realidad, es decir, para que pueda llevarse a la práctica, se necesita mantener la movilización de las personas defensoras del mismo, dada la presión y el boicot activo que ya se están desarrollando desde sectores de la derecha, de la extrema derecha, los colegios de médicos y de la Iglesia Católica.
Carmen San José Pérez