Los rebrotes de la pandemia por SARS-CoV-2 amenazan con incrementarse debido al aumento de casos y la extensión de los contagios sin seguimiento en los últimos días.
Lejos de enmendar errores producidos en los meses anteriores, desde el gobierno de Ayuso no se están tomando las medidas necesarias para frenarlos.
El primer nivel asistencial de salud, la Atención Primaria, que se encargaría del diagnóstico precoz y seguimiento de contagios, lleva sin embargo una década siendo infradotada de profesionales, instalaciones y recursos. Bajo el eufemismo “reordenación de recursos” que actualmente utiliza la Consejería de Sanidad, recorta horarios, turnos o cierra centros de salud y consultorios madrileños. La escasez de profesionales ha sido provocada directamente por la política de recursos humanos llevada a cabo con las contrataciones eventuales y precarias que se ha ofrecido, como por ejemplo, la no consolidación de los 10000 contratos COVID que había prometido.
Ademas la Consejería, se niega a conceder las mejoras para la calidad asistencial que exigen los residentes (MIR, EIR, FIR, QUIR, BIR, RFIR) además de dificultar el derecho de huelga, imponiendo unos servicios mínimos del 100% , siendo ilegal y estando pendiente de resolución judicial.
Mientras esto sucede, Ayuso y Aguado permiten aglomeraciones de ciudadanas que utilizan la Red de Transporte Público de Madrid, que no pueden mantener la distancia de seguridad debido a que pasa un tren cada 8 minutos y que producen que aumenten exponencialmente el número de casos.
Una de las medidas que se ha demostrado más eficaz en el control de la propagación del virus es la de la figura del rastreador (sanitaria que determina los contactos cercanos que ha tenido el infectado y que podría haber contagiado, para localizarlos y realizarles la PCR), Madrid tiene uno por cada 30000 habitantes, mientras que el ratio recomendado sería 1 cada 5000 habitantes. Este recurso necesario y eficaz frente a la expansión de la pandemia, no ha escapado de las garras de la privatización del PP, el cual adjudicó el contrato a Indra y Telefónica, al igual que trató de hacer con los servicios de limpieza hospitalarios en el mes de junio.
No podemos seguir dejando nuestra salud en manos de un gobierno que demostró su insensibilidad social e ineficacia en los meses anteriores. Está demostrando seguir por el camino que supedita intereses económicos a la salud de las personas.
Por ello es importante que unamos fuerzas entre ciudadanas y profesionales para organizar una gran movilización que logre dotar a la sanidad pública de los recursos suficientes.
¡¡SANIDAD 100 X 100 PÚBLICA, UNIVERSAL Y CON RECURSOS SUFICIENTES!!
