Entrevista a Marciano Sánchez Bayle. Médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, aboga por detener la «deriva privatizadora» para lo que propone cuatro fórmulas que devuelvan las competencias al sistema público.
El Diario
Rubén Alonso (@RubnAlonso)Follow @RubnAlonso
Sobrecostes, deterioro del sistema público y derivación de los considerados como «enfermos rentables» a centros privados. Estas son las principales consecuencias de la privatización sanitaria, una tendencia que va en aumento en todo el país y que en algunos territorios, como Madrid o Valencia, lo ha hecho de manera significativa.
Así lo señala Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que estará este jueves en la librería La Vorágine de Santander, a partir de las 19.30 horas, para presentar el libro ‘Privatización sanitaria: análisis y alternativas’.
«La privatización produce una derivación sistemática de los enfermos que son ‘rentables’ hacia los centros privados. Eso empeora notablemente el funcionamiento del sistema público y la calidad de la atención sanitaria», subraya en conversación con eldiario.es. El término ‘enfermos rentables’, tal y como explica, se conoce «desde hace tiempo en el argot sanitario».
Viene, según dice, de un estudio llevado a cabo en los años 60 en EEUU en el que se señalaba que había un 5% de la población que ‘producía’ el 50% del gasto sanitario, y un 50% de la población que solo consumía el 3% de ese gasto. «El principal incentivo que tiene la provisión sanitaria en un entorno de mercado es atraer a ese grupo de población que produce muy poco gasto y mandar a otros circuitos al grupo que gasta mucho», incide este experto, detallando que el grupo rentable lo integran jóvenes que no tienen patologías crónicas y que presentan una incidencia sanitaria concreta.
«Hay enfermedades con tratamientos muy costosos y que previsiblemente se pueden complicar por tratarse de personas con problemas pluripatológicos», remarca, poniendo como ejemplo una operación de apendicitis en alguien de 25 años sin enfermedades previas frente a la de una persona de 80 que pueda ser diabética y/o tener problemas cardiacos. «El último caso no va a ser rentable, al contrario», sostiene, explicando que esta clasificación se conoce en el argot sanitario como «selección de riesgos,» al igual que en el de los seguros.
Ante este escenario, Sánchez aboga por, en primer lugar, «detener esta deriva privatizadora». «En este rato que estamos hablando alguna privatización sanitaria se habrá producido», asegura. «Puede ser una poco visible, como es enviar a un centro privado la atención sanitaria de un enfermo para alguna prueba diagnóstica o algún tratamiento», sostiene.
«La colaboración público-privada consiste en favorecer los beneficios de las empresas privadas con dinero público», sostiene este especialista autor de un libro sobre el tema
Asimismo, este médico defiende utilizar de manera intensiva los recursos del sistema sanitario público porque en realidad no se hace. «El ejemplo más que evidente es la Comunidad de Madrid en la que cada vez que se abría un hospital de gestión privada se cerraban incluso más camas en el público de las que se ponían disponibles en el privado», resalta.
Fórmulas contra la privatización
Y para los casos en los que se haya producido la privatización propone cuatro fórmulas para devolverlos a competencias públicas: La reversión hacia el sistema público cuando se acaban los contratos; la recompra total o parcial de esos hospitales, que habitualmente han pasado por varias empresas, en el caso de que se quieran vender; una monitorización exhaustiva de los términos de los contratos, que «generalmente se incumplen de manera notoria por parte de las empresas sobre las que recaen las privatizaciones sin que la administración utilice su capacidad sancionadora»; y la expropiación por motivos de interés general en caso de que se demuestre, «algo relativamente fácil en la mayoría de los casos», según asegura este médico, que realmente estos centros «están produciendo actividades totalmente contradictorias con los intereses generales».
Para eso, tal y como apunta Sánchez, hay que cambiar las leyes, tanto la estatal como a nivel autonómico porque la mayoría de las comunidades «tienen legislaciones propias que favorecen la privatización de la atención sanitaria». En este sentido, critica la conocida como colaboración publico-privada, que consiste, según define, en «favorecer los beneficios de las empresas privadas con dinero público». «El sector público pone el dinero y las empresas privadas se apropian de él. Es una manera muy peculiar de colaborar», ironiza.
En definitiva, este especialista sostiene que la idea de esta deriva privatizadora es «eliminar el funcionamiento de la sanidad pública y segmentar el derecho a la atención sanitaria, creando un sector público de baja calidad y bastante deteriorado para que la población que pueda permitírselo huya hacia el sector privado».
De hecho, apunta que en España, los seguros sanitarios son los que más crecen dentro del sector. «Según los últimos datos había 11.7 millones de personas que tenían una póliza de seguro privada», afirma, algo que, para él, entra «en contradicción con sistema público universal y de calidad que asegura esa atención sanitaria para toda la ciudadanía». «No se trata de impedir a nadie que se haga un seguro privado, por supuesto, pero que nadie se lo tenga que hacer porque el sistema sanitario público no le presta una atención de calidad y en un tiempo razonable», concluye.
