Ante la «ausencia de posibilidad inmediata de aumento del gasto público», conceden un «papel fundamental» a la colaboración público-privada
El estudio para el Círculo de Empresarios ha sido realizado por el exministro socialista Julián García Vargas: «Las concesiones han sido experiencias muy positivas», afirma
Piden un mejor tratamiento fiscal para las pólizas de sanidad privada que vaticinan al alza para «sortear las dificultades de acceso a nuestro sistema público
Uno de cada 10 euros públicos destinados a Sanidad va a parar a los conciertos con centros privados
El Diario
El lobby de los empresarios lo tiene claro: los recortes en sanidad no van a recuperarse por completo y, de esta manera, la presencia del sector sanitario privado en el sistema público debe crecer. Así lo ha recogido el Círculo de Empresarios en su último análisis sobre temas sanitarios. «El futuro pasa por mejor colaboración público-privada», ha afirmado el coordinador del trabajo Pedro Nieto.
El documento, realizado por la consultora del exministro socialista de Sanidad, Julián García Vargas, apuesta por que el sector privado crezca y sea considerado «un actor relevante en la política sanitaria», se favorezcan los seguros privados y el sector público recurra a estas empresas para dar el servicio. «No interesa poner trabas a la ayuda que pueda aportarle el sector privado que siempre debería ser bienvenida y tenida en cuenta por la política sanitaria global», describen.
En su análisis, el estudio afirma que, tras los recortes en la financiación del sistema público por la crisis económica, no es plausible que se recuperen los niveles de inversión anteriores. Lo llama «ausencia de posibilidad inmediata de aumento del gasto público». Así que recomienda que haya «ganancia de productividad» y apunta al «papel fundamental» de la, denominada por ellos, «colaboración con el sector privado».
«Las concesiones han sido experiencias muy positivas«, ha afirmado el exministro López Vargas, refiriéndose especialmente al modelo Alzira de Valencia en el hospital de la Ribera –aplicado en otras provincias de la Comunidad Valenciana– y luego importado a la Comunidad de Madrid que nombró director general de Hospitales al desarrollador de ese modelo Antonio Burgueño.
El hospital de Alzira fue adjudicado a la empresa Ribera Salud y puesto en marcha en 2000. Tres años después, el Gobierno regional del PP anuló la concesión ante la imposibilidad de la empresa de prestar el servicio y le indemnizó con 25 millones de euros. Retocó las condiciones de la concesión para hacerla más rentable y el contrato regresó a la misma empresa. En mazo de 2018, al caducar la concesión, la Generalitat recuperó la gestión del centro. López Vargas ha criticado la decisión del Gobierno de Ximo Puig: «Han tenido que contratar a 400 personas», ha dicho.
El informe alaba el crecimiento de los seguros privados sanitarios que se ha producido durante la caída de financiación pública. «A medida que aumente la renta por persona continuará reforzándose la propensión de los ciudadanos a garantizarse el recurso a un sistema complementario asistencial que le permita sortear las dificultades de acceso a nuestro sistema público», asegura. López Vargas ha pedido directamente «un mejor tratamiento fiscal a las pólizas sanitarias». Una de las habituales peticiones de la patronal de la sanidad privada, el Instituto Idis. También deslizan esta idea: «Hay que empezar a pensar en el papel sustitutivo del seguro sanitario privado» para cubrir a la población.
El trabajo –patrocinado por Amgen, Asisa, Celgene, Medtronic, Novartis y Siemens– aborda otras cuestiones, como la renovación de los equipamientos tecnológicos, la escasez de ciertos especialistas, la atención primaria o la necesidad de aumentar la contratación en enfermería. Pedro Nieto ha resumido: «No hay que inventar tanto. Hay que mirar lo que se hace en la Unión Europea. Como marco general hay que ir hacia la colaboración con la privada».
Para reforzar esta idea, el presidente del Círculo, John de Zulueta, ha considerado esencial la presencia privada, sobre todo, para listas de espera y «el diagnóstico». Y ha puesto algunos ejemplos como el retraso en el plan de detección de cáncer de mama en la Comunidad de Madrid (Deprecam) por «el retraso en la firma del convenio con la privada». Lo cierto es que Deprecam siempre ha sido un plan privatizado.
Luego ha hablado de la «radioterapia por protones», la prontoterapia. «Solo hay dos aparatos que son de Quirón y de la Clínica de Navarra». Ambos en sus instalaciones de la Comunidad de Madrid. «Sin ellos no hay posibilidad de este tratamiento», ha afirmado. Precisamente, PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid rechazaron en diciembre de 2018 una moción para destinar 21 millones de euros para implantar la prontoterapia en el sistema público madrileño.
Marea blanca «demagógica»
Los empresarios consideran que se ha abierto una ventana de oportunidad para reformar la manera de gestionar el sistema sanitario español al haber amainado, en su opinión, la oposición que representaban «el fenómeno de las mareas blancas».
Explican que «afortunadamente parece que ha perdido vigencia» el movimiento en defensa de la sanidad pública. Aseguran que la marea surgida especialmente por el plan de privatizaciones diseñado en la Comunidad de Madrid por el consejero Javier Fernández-Lasquetty que abarcaba ocho hospitales, docenas de centros de atención primaria y casi cualquier servicio que no fuera médico (desde la lavandería hospitalaria hasta las cocinas), consiguió «paralizar algunas iniciativas a largo plazo en Andalucía (Granada) y en Madrid».
Las protestas en Madrid, unidas a la acción en los tribunales ante aquella «iniciativa a largo plazo», provocó la paralización de los contratos por orden judicial y la dimisión de Fernández-Lasquetty. A juicio del trabajo del Círculo se aplicaron «argumentos demagógicos y populistas negativos para el sector». Y añaden: «Junto a ellos se alinearon grupos que, bajo el lema de defensa de la sanidad pública se posicionan contra cualquier reforma el sector».
Ante lo que analizan como un retroceso de ese foco de oposición, apuntan a la modificación «del modelo de gobierno del sistema». Esta declaración de intenciones coincide con que Javier Fernández-Lasquetty ha sido rescatado como consejero de Hacienda en el nuevo Gobierno de coalición en Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).
