Los familiares de los residentes registraron una queja en agosto en la Consejería de Políticas Sociales denunciando las condiciones de la residencia sin que hayan obtenido aún ninguna respuesta
Ana -nombre ficticio-lleva cada mes una almohada y varias toallas a la residencia donde su madre, enferma de alzheimer, vive desde hace años. Lo hace por el mal estado de las almohadas y de las toallas de este centro. Dice que en la última visita a la residencia no había rastro de las toallas que había llevado y que tuvo que limpiar una herida de su madre con papel higiénico. Algo habitual, asegura, en la residencia Orcasur, en Usera, un centro para personas mayores de la Comunidad de Madrid donde viven 64 residentes, la mayoría enfermos de alzehimer, y gestionado desde 2014 por la empresa CLECE.
Desde que pasó a manos de esta empresa los familiares han registrado varias reclamaciones y han enviado varias cartas a la la Dirección General del Mayor de la Comunidad de Madrid denunciando el deterioro en las almohadas, sábanas y el mobiliario en general. Señalan como responsable a la directora del centro, en el cargo desde 2015, a la que acusan «de no recibirlos cuando le transmiten las quejas». Así lo detallan en la última carta, registrada el mes de agosto en la Consejería de Políticas Sociales y que está firmada por 30 familiares.
Puertas bloquedas y sillas de ruedas sucias
Los familiares de los residentes denuncian que desde que el centro pasó a manos de CLECE la situación de sus mayores ha pasado a estar «en condiciones indignantes». Denuncian la falta de pañales y de toallas de baño y que las sábanas están rotas. A la falta de material se suma los desperfectos en las instalaciones que o no se arreglan, o cuando se hace, ocurre con meses de
retraso. «Actualmente hay goteras en la tercera planta de la residencia cada vez que llueve, y muchas de las persianas del salón donde los abuelos pasan las horas viendo la tele están rotas y bajadas completamente», explica otro familiar. «En verano puede dar un poco igual, pero ahora en invierno hay zonas donde están a oscuras la mayor parte del día porque no arreglan las persionas».
A esto se suman las puertas: «durante meses una de las puertas de acceso al edificio estaba permanentemente bloqueada, no se podía abrir. Nos decían que la arreglarían y tardaron varios meses». Actualmente está bloqueda la puerta del baño de mujeres de la planta baja, donde está el comedor. «Lleva así desde hace semanas. Simplemente no se puede abrir, y no nos dan ninguna explicación», señala.
La ropa, las mantas y las toallas desaparecen. «Nosotras llevamos toallas en nuestras visitas y en la siguiente visita ya no hay sábanas y los trabajadores nos dicen que o no saben dónde están o que están en la lavandería», explica otra familiar. «A eso se suma la suciedad de cosas básicas como las sillas de ruedas. Siempre están sucias, con restos de comida, como si hubieran vomitado encima».
Quejas ante la Consejería sin ninguna respuesta
Las quejas han llegado a la Consejería de Políticas Sociales. En agosto de 2018 treinta familiares firmaron una carta que enviaron a la Consejería de Políticas Sociales denunciando la «falta de higiene en los colchones, que presentan rotos en sus partes inferiores», en la misiva explican a la Consejería que «no hay toallas en los colgadores de los baños de las habitaciones. Con la misma toalla con la que el auxiliar seca por la noche las partes íntimas de los pacientes, tienen que lavarles la cara al día siguiente. La dirección nos dice que no hay más presupuesto para comprar toallas».
Además critican la falta de personal. Actualmente hay 11 auxiliares para los 64 residentes. Y denuncian los cambios constantes «en un mes han cambiado hasta cuatro meses de médico» y que la escasez de enfermeros implica «que no hay control diario de la tensión arterial o del flujo sanguíneo», denuncian en la carta.
Además, señalan que ven «una mala gestión por parte de la dirección», que se niega a recibirlos y a facilitarles las hojas de reclamaciones. Denuncian los cambios constantes de personal «en un mes han cambiado hasta cuatro meses de médico» y que la escasez de enfermeros implica «que no hay control diario de la tensión arterial o del flujo sanguíneo». Por lo que solicitan en la carta una inspección exhaustiva por parte de la Consejería, el cambio de contrata y que la valore el ratio de personal. Unas exigencias a las que la Consejería, seis meses después, no ha dado ninguna respuesta.
La Consejería explica a la SER que en este tiempo se han realizado dos inspecciones donde han detectado deficiencias leves y han informado a la empresa que si no la subsanan les abrirán un expediente sancionador.
