Ante la lucha que ha emprendido el personal del Hospital de Villalba, desde el MATS y desde AME queremos apoyar sus reivindicaciones, y poner en antecedentes a las madrileñas y madrileños que no conozcan la situación. Este fue hospital construido durante los años más negros de la privatización de Aguirre, aplicando el modelo definitivo que, tras la privatización parcial del hospital Puerta de Hierro, supone dejar las manos completamente libres a las empresas concesionarias para gestionar un hospital privado construido en terreno público, con pacientes del sistema público y financiado con dinero público. Ponemos el terreno, los pacientes y el dinero, Capio solamente tiene que cosechar los beneficios.
Este modelo de gestión ya ha demostrado ser ruinoso en el caso del hospital de Alzira, que fue rescatado nada menos que dos veces hasta que la llegada al gobierno de Ximo Puig supuso finalmente su reversión a la red pública. Además, el hospital de Villalba pasó un año y nueve meses terminado y sin abrir, con un coste de 900.000€ mensuales para las arcas públicas, generando beneficios a Capio aún sin atender pacientes. Una vez abierto, Capio hace uso de las ambulancias públicas para derivar a los pacientes con casos complejos a sus propios hospitales (Fundación Jiménez Díaz y, en menor medida, Rey Juan Carlos de Móstoles) en lugar del hospital de tercer nivel más cercano, el Puerta de Hierro. La razón: por cada paciente que derivan pierden ingresos. Para evitarlo, el personal facultativo cobra incentivos que se reducen por cada paciente que derivan a hospitales que no pertenecen a Capio.
Las trabajadoras y trabajadores contratados por este hospital, que abrió sus puertas en Octubre de 2014, han sufrido este modelo privatizado, obligados por una crisis que en aquel momento tenía sumidos en el paro a la mitad de la juventud del país, con un gran número de parados y paradas de larga duración que no tuvieron otra elección. En estas circunstancias, les esperaba un sueldo bruto que en el caso de las enfermeras es casi exactamente la mitad que el de sus compañeras de los hospitales realmente públicos. Además del menor sueldo a cambio del mismo trabajo y por tratar a los mismos pacientes del sistema público, sufren un convenio de la sanidad privada, sensiblemente peor al del personal laboral y estatutario del SERMAS, que entre otras cosas reconoce la mitad de horas de permisos para formación, con pluses por el cumplimiento de objetivos arbitrarios y dependientes, por ejemplo, de taparse los tatuajes y llevar los zuecos del color adecuado. Por otra parte, la escasez de personal ha supuesto para el personal doblajes que estarían prohibidos en la sanidad pública. Además de agotar al personal contratado, muchos trabajadores de la comarca siguen en paro, con tal de aumentar las ganancias. También se da un intrusismo profesional forzado, al obligar a los profesionales a realizar tareas impropias de su categoría. Estas órdenes no se ponen por escrito, generándoles también una desprotección legal si hubiera algún incidente. Con este panorama, la calidad asistencial disminuye a pesar de los esfuerzos del personal.
El último insulto ha consistido en la instauración de complementos salariales de 165 € a discreción de la empresa, sin tener en cuenta antigüedad y formación, e incluso sin realizar una valoración del rendimiento siguiendo unos criterios conocidos por las trabajadoras y trabajadores. A dedo. Frente a esta medida arbitraria, que divide a la plantilla y permite recompensar a los más dóciles o comprar el silencio de los más luchadores, el personal del hospital redactó un escrito firmado por nada menos que la mitad de la plantilla: 314 personas. La respuesta de la dirección fue recurrir a la intimidación. En una asamblea de trabajadores y trabajadoras, la responsable de Recursos Humanos grabó con su móvil a las personas que asistieron, que tuvieron que reunirse de nuevo fuera del hospital en la Casa del Pueblo de UGT. Desde entonces el miedo y las amenazas veladas y directas han sido una constante en el día a día.
Desde AME y desde el MATS, apoyamos las justas reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores del Hospital de Villalba. Puesto que el coste de atención de los pacientes es el mismo que en los hospitales realmente públicos, el sueldo y las demás condiciones laborales deben ser también las mismas. Lo que no cuadra en las cuentas son los beneficios de las empresas concesionarias. Por esta razón, defendemos la reversión de este hospital al SERMAS, tal y como se aprobó en la Asamblea de Madrid en Septiembre de 2015 a propuesta del PSOE con los votos favorables de Podemos, a pesar de la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. Como en Alzira, esto supondrá la subrogación de todos los trabajadores, que pasarán a depender del Servicio Madrileño de Salud. Llamamos a la población a movilizarse para lograr que este hospital sea 100% público, y que mientras tanto las condiciones laborales se homologuen para mejorar la calidad asistencial.
