El documento “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un estado social” suscrito entre el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos/ En Comú Podem/ En Marea supondrá, si se lleva a cabo, una mejora de las condiciones de vida, en algunos aspectos importante, para amplios sectores de la población. Son varias las trabas que todavía tienen que superarse para sustanciarse realmente en los Presupuestos Generales (PPGG): el visto bueno de la Comisión Europea, lograr el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independistas vascas y catalanas y mantener la presión (social y política) vigilante para que esas cuentas no se desvíen y, aún más, para que realmente sean un primer paso seguido de otros muchos.
El Acuerdo supone el anuncio de un punto de inflexión en la tendencia antisocial, austeritaria y autoritaria que ha presidido la economía y la política los últimos diez años en nuestro país. Contiene medidas presupuestables, acuerdos de naturaleza política ajenos al campo de los PPGG y una suma de intenciones cuya concreción y desarrollo se deja a futuro. Todo lo planteado es necesario, pero ni es suficiente ni agota el espacio de lo posible.
Sin ánimo de ser exhaustivos -pues no es necesario repetir lo que ha sido debidamente publicitado- podemos destacar varios y valiosos elementos de los acuerdos. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) va a afectar directamente a un 12% de los trabajadores, tiene un importante significado político al dar la importancia debida a la necesidad de la recuperación salarial, lo que tendrá un efecto inmediato en las condiciones de vida de millones de personas, el aumento de su capacidad adquisitiva, lo que redundará positivamente en la economía y puede abrir las puertas a mayores aumentos salariales en la negociación colectiva. Igualmente cabe destacar el propósito de indexar la subida de las pensiones a la evolución del IPC, el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, eliminar la precariedad y estafa asociados a la extensión de los falsos autónomos, las mejoras del sistema para las empleadas de hogar y las cotizaciones de las horas extraordinarias o la extensión y consolidación de los permisos de paternidad y maternidad y las ayudas a la dependencia.
Sin negar lo anterior y reconociendo la importancia de estos avances, hay que reconocer asimismo que estas medidas debemos y podemos seguir mejorándolas. Si comparamos el SMI, 900 euros, con los de otros países de la UE, es claro que se puede seguir avanzado: Luxemburgo 1.922,96 €, Bélgica 1.501,82 €, Irlanda 1.461,85 €, Holanda 1.501,80 €, Francia 1.457,52 €, Gran Bretaña 1.378,87 €. Y en lo referido a las pensiones el movimiento de pensionistas demanda que el monto de la mínima sea de 1.040 €, y el Acuerdo no concreta cuál será la cuantía mínima de las mismas. En cuanto al importante aumento a la ayuda de la dependencia, los sectores afectados plantean la insuficiencia de la cuantía. En lo conseguido queda mucho por conseguir.
Pero, aún más importante, es que este acuerdo supone renunciar -o, si se prefiere, dejar para más adelante- aspectos que desde las fuerzas del cambio siempre hemos considerado esenciales, como, por ejemplo: la derogación de la reforma laboral, que el propio PSOE se había comprometido a derogar; el impuesto sobre la banca; y la reforma fiscal integral con criterios progresivos, más allá de las medidas adoptadas sobre patrimonio, impuesto de sociedades e IRPF de grandes sueldos que apoyamos pero son la espuma de la cuestión. Igualmente, lo planteado sobre vivienda resulta, tal como ha señalado el Sindicato de Inquilinos sumamente insuficiente y manifiestamente mejorable. A la vez que se plantean importantes medidas políticas para acabar con la represión al sindicalismo, el documento mantiene un tono ambiguo sin los compromisos necesarios y urgentes sobre la ley mordaza, la reforma del Código Penal o soluciones para la cuestión catalana. Si bien se mencionan asuntos de vital importancia como latransición energética, la necesidad de acabar con el omnímodo poder del oligopolio eléctrico y la respuesta al cambio climático reciben un tratamiento insuficiente o simplemente se omiten en el pacto alcanzado, como ocurre en lo señalado sobre la progresividad tributaria o los privilegios de las elites económicas.
Tan importante es señalar los avances que suponen la voluntad de un cambio de tendencia como evitar dos cuestiones: por un lado, no tener en cuenta los límites de lo acordado y dejarse llevar por una euforia que no preparará para abordar los próximos retos; y, por otro, presentar los acuerdos como el único escenario posible para avanzar políticamente en una estrategia al servicio de la mayoría social, como queda reflejado en una de las frases más repetidas en estos días “hay que seguir empujando a los socialistas”.
En nuestra opinión, el proyecto de cambio no puede ni debe quedar encerrado o diluido en el margen de maniobra que nos proporcione o que arranquemos al PSOE entre las paredes de las instituciones. Entre otras cosas, porque este es el mismo partido que se alinea con la derecha y con el actual estado de cosas en temas centrales (monarquía, transparencia en materia de fraude fiscal, privilegio de las grandes corporaciones privadas, acuerdos comerciales…). A su vez, la única forma de hacer cumplir los aspectos acordados positivos y seguir avanzando requiere que las fuerzas del cambio impulsen una amplia alianza con las organizaciones sociales, sindicales feministas y ecologistas, reconociendo su papel, su sabiduría acumulada en la práctica y su voz como piezas claves del cambio. El momento pos Acuerdo requiere de una amplia y plural coalición socio-política que devuelva a la calle, a la sociedad movilizada, el protagonismo.
Si se entiende que el Acuerdo trasciende a los puntos de su articulado -con sus luces y sus sombras- que suponen mejoras para la mayoría social y se le atribuye el rango de un acuerdo de legislatura con el PSOE, la gestión de lo pactado se dejará en manos de Sánchez. Y, lo que es peor, si el Acuerdo se presenta como pieza de una estrategia para llegar al gobierno, tal como algunas voces vienen haciendo, y el discurso desde las fuerzas del cambio es el horizonte de una coalición con el PSOE para gobernar después de las elecciones generales, se estará dando un paso en falso. Formar un gobierno de bipartito con el PSOE es mucho más que apoyar desde fuera un gobierno y condicionarlo, es asumir una estrategia condenada al fracaso, máxime si se incrementan las perturbaciones financieras, amaga la crisis económica mundial y la Unión Europea, ese barco a la deriva, insiste en las políticas de austeridad.
Este último punto es fundamental para el futuro de las fuerzas del cambio y, por tanto, para la mayoría social. ¿Se va a aceptar el sometimiento a los designios de Bruselas como viene haciendo el PSOE? Europa se construye -o mejor se destruye- con la implementación de políticas económicas articuladas en torno al ajuste presupuestario y con la cesión de soberanía a instituciones supraestatales que, careciendo de legitimidad democrática, imponen sus criterios a los parlamentos nacionales.
No le pedimos al PSOE, ni creemos que lo vaya a hacer, que adopte una posición crítica con respecto al denominado “proyecto europeo” pues en todos los temas fundamentales se alinea con el establishment, pero para Unidos Podemos la reflexión que cuestione tanto la actual institucionalidad como las políticas económicas y los intereses de los grupos que las alimentan debe ser una pieza esencial de propuesta política para ganar la hegemonía cultural, política y electoral.
¿El papel de las fuerzas del cambio quedará reducido a pedir el OK de Bruselas a los presupuestos, demandar flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos de déficit o aprovechar las fisuras que encontremos en la arquitectura institucional? ¿Nos moveremos en este escenario en las próximas elecciones al parlamento europeo? De la respuesta depende que Unidos Podemos se constituya como fuerza independiente alternativa capaz de ilusionar de nuevo a amplios sectores de la sociedad o que acepte un papel secundario y subordinado en el tablero institucional.
Fernando Luengo y Manuel Garí
Economistas, miembros de Podemos y colaboradores del blog de econoNuestra