11/10/2018 – VALÈNCIA. El personal ‘a extinguir’, aquel que pasa de una empresa privada a una pública al asumir la administración la gestión directa de servicios que antes eran concesiones o encomiendas de gestión, podrá permanecer en su puesto de trabajo hasta el final de su vida laboral en condiciones muy similares a las de los empleados públicos a pesar de no haber superado ningún proceso de selección para entrar en la Administración.
El pleno del Consell aprobó este miércoles el anteproyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2019, que incluye una disposición adicional para regular la situación del personal laboral ‘a extinguir’ en el sector público. La norma establece que la entrada a una empresa pública de estos empleados no supondrá «en ningún caso» la adquisición de la condición de empleado público, pero el Consell ha tenido que eliminar de su versión inicial del texto la posibilidad de sacar a concurso las plazas ocupadas por este personal.
El Consell ha tenido en cuenta un informe de la Abogacía de la Generalitat que, en esencia, concluye que, al ser plazas ocupadas por personal con la consideración de ‘a extinguir’ –que posee una situación jurídica «individualizada» que deviene de una sucesión de empresas–, no es posible sacar esas mismas plazas a concurso, sino otras de nueva creación.
De ese modo, dado que no estaría forzado a presentarse al proceso de selección por no ser su plaza la que sale a concurso, este personal procedente de empresas privadas puede consolidarse como empleado de una sociedad pública con la consideración de ‘a extinguir’ hasta el final de su vida laboral.
Este informe de la Abogacía, del que el Consell tuvo conocimiento en su reunión extraordinaria de este miércoles, reproduce las conclusiones de otro informe preceptivo pero no vinculante sobre las condiciones del personal de las residencias públicas concertadas que el Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS) va a ir asumiendo en los próximos meses a medida que vayan venciendo los contratos con las empresas privadas aún en vigor, tal y como pretende hacer la Conselleria de Igualdad.
De esa manera, los cerca de 3.000 empleados que, según la patronal Aerte, integran las plantillas de las residencias públicas se incorporarán paulatinamente en los próximos años como empleados del IVASS sin que el Consell pueda tocar esas plazas.
Fuentes de la Conselleria de Hacienda reconocen que las modificaciones que ha propuesto realizar la Abogacía de la Generalitat suponen ‘de facto’ la obligación de mantener en sus puestos a estos trabajadores hasta que se jubilen, excepto que se diera el caso de ser incluidos en un proceso de despido colectivo con la correspondiente indemnización, algo poco probable.
No obstante, las mismas fuentes también subrayan que, mientras estos empleados no superen los preceptivos procesos de selección que les permitan adquirir la condición de empleados públicos, no podrán participar en procesos de promoción o movilidad interna.
La regulación afecta a todas las empresas públicas de la Generalitat a excepción de organismos autónomos y consorcios. Aunque la propia administración ya ha asumido directamente como personal ‘a extinguir’ a los 1.400 trabajadores del Hospital de la Ribera y próximamente hará lo propio con el de las resonancias magnéticas que realiza la UTE Erescanner Salud, Función Pública aún no ha abordado la regulación marco de estos trabajadores.
De hecho, con motivo de la posible integración de los bomberos forestales que ahora dependen de Tragsa en la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la Abogacía reprocha a la Generalitat que no haya aprovechado la ocasión para abordar de forma integral y unitaria la regulación del procedimiento de acceso al empleo publico de todo el personal laboral con la condición de a extinguir que no puede ostentar la condición de empleado publico y que se ha incorporado o pueda incorporarse al sector público de la Generalitat.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este miércoles, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, eludió responder a preguntas de este periódico sobre si la Generalitat tiene calculado cuánto personal va a tener que asumir con la consideración de ‘a extinguir’ como consecuencia de la asunción de servicios que ahora prestan empresas privadas mediante conciertos o encomiendas.
Soler dijo que la situación del Hospital de Alzira es «muy singular» porque se trata de la finalización de un contrato de concesión. «Lo que venga detrás tendrás que ser planteado en su singularidad», manifestó el titular de Hacienda, quien dijo que, en todo caso, «habrá que preservar los méritos por la experiencia acumulada». «Si uno quiere ser funcionario de la Generalitat tendrá que hacer las pruebas oportunas», aseguró Soler, pero no hizo referencia al criterio fijado por la Abogacía de la Generalitat sobre la imposibilidad de incluir esas plazas en una convocatoria pública.
Este hecho, según fuentes sindicales consultadas por este periódico, puede dar lugar a la entrada «por la puerta de atrás» a las empresas públicas de la Generalitat de miles de trabajadores que accedieron a sus puestos sin superar las pruebas a las que sí han de someterse los empleados públicos.
Difícil justificación
Para sustentar su conclusión, la Abogacía de la Generalitat explica que, si se crea una nueva plaza análoga a la ocupada por un trabajador ‘a extinguir’ pero el candidato que supera el proceso selectivo no es el mismo, difícilmente se podrían alegar causas económicas u organizativas para amortizar su puesto anterior.
La generación de un nuevo puesto de trabajo asimilable al ya ocupado por un empleado con la condición de ‘a extinguir’ generaría una duplicidad en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la empresa pública con el consiguiente –y difícilmente justificable– incremento de los costes de personal.
Este hecho, según el informe, evidenciaría la inexistencia de causas económicas y podría ser considerado un fraude de ley desde el punto de vista de las causas organizativas.
