Las políticas educativas durante de los años de la crisis han llevado a una reducción de los docentes funcionarios en favor de los temporales, que ya son el 29%, denuncia CCOO
El sindicato calcula que va a hacer falta convocar 60.000 plazas más de las que ya están comprometidas para cumplir con el 8% de interinidad en 2022 que España garantizó a Bruselas
Las «oposiciones de la escabechina», como las llaman los docentes, han dejado finalmente el 8% de las plazas sin cubrir, con notables diferencias entre comunidades autónomas
La interinidad en la educación pública se ha duplicado en los últimos seis años. Así lo asegura al menos CCOO a partir de datos oficiales, que reflejan que entre 2011 y 2017 el porcentaje de docentes en el sistema público no universitario ha pasado del 15,44% al 29,12%. A principios de la década, uno de cada seis profesores era temporal. Ahora es uno de cada tres.
Dicen los datos del ministerio que en 2011 el cuerpo del profesorado se componía de 425.668 funcionarios de carrera y 77.718 interinos. Seis años después y por obra y gracia de que no se hayan convocado oposiciones, el número de funcionarios ha caído a 365.683 y el de temporales ha subido hasta los 150.210 personas.
El secretario general del sindicato, Francisco García, ha explicado este jueves en rueda de prensa de presentación del curso escolar que con esta trayectoria España se aleja del objetivo de reducir la interinidad en la administración hasta el 8% en 2022, cifra que pactó el anterior Gobierno con Bruselas.
«La escabechina», en cifras
García ha añadido que en las oposiciones a profesor no se cubren todas las plazas, como ha ocurrido en la última convocatoria. Según datos recopilados por CCOO, el 8% de las plazas que se ofertaron el pasado mes de junio en las llamadas (por los opositores) «oposiciones de la escabechina» quedaron desiertas.
Más que el dato en sí, que también, lo que ha sorprendido a CCOO es la alta disparidad del número de vacantes entre Comunidades Autónomas. Así, en la Comunidad Valenciana se cubrieron todas las plazas que salieron. En el otro extremo, en Euskadi, más de una de cada cuatro (el 26,8%) no se asignó a ningún candidato. En Madrid, otra de las regiones donde más protestas hubo, fueron una de cada cinco (20%).
«No tiene ningún sentido con grupos de gente tan grandes», ha valorado García. «Estadísticamente, tendría que haber habido porcentajes similares. ¿En Valencia están todos los listos?», se ha preguntado irónicamente. García dice no tener explicación para este fenómeno más allá de que las consejerías de algunas comunidades hayan dado instrucciones específicas para cubrir solo un porcentaje, pero no se atreve a afirmarlo porque no lo puede demostrar.
Además, insiste CCOO, ni siquiera en el caso de que se cubrieran todas las plazas que las administraciones han comprometido para reducir la temporalidad se conseguiría alcanzar el 8% pactado. Según el sindicato, las Comunidades Autónomas han garantizado que ofrecerán 88.943 plazas en los próximos años. Pero, dice García, aunque se concedieran todas esas plazas, aún seguirían faltando 61.808 funcionarios más si se tiene en cuenta que el cuerpo de maestros está envejecido y se jubilan unos 10.000 docentes al año.
Menos inversión… en la pública
CCOO también ha alertado de que exigirá al Gobierno que recupere y aumente la inversión en educación pública que había en los años anteriores a la crisis. García ha explicado que, según los datos oficiales, el gasto en educación ha pasado del 4,95% del PIB en 2009, el primer año completo de recesión, al 4,21% en 2017.
«Vamos camino de la inversión que había en los años 80, pero con un panorama muy distinto al de entonces. Ahora tenemos universalizados prácticamente el ciclo 3-6 y hay muchos más estudiantes de postobligatorias [como el Bachillerato]», ha lamentado el secretario general de Comisiones.
En paralelo a esta circunstancia, CC OO denuncia que sin embargo el dinero destinado a conciertos educativos no solo no cae, sino que sube. Así, mientras las partidas destinadas a inversiones educativas como la construcción de nuevos centros o la reforma y mantenimiento de los existentes ha caído un 60% desde que empezó la crisis en 2009, los recursos para conciertos y subvenciones han subido un 2,8%, dice el sindicato.
En relación a las subvenciones, García ha denunciado la «privatización encubierta» que supone que exista una partida en los presupuestos de 1.480 millones de euros destinada a desgravaciones fiscales en el sector educativo, por ejemplo para la adquisición de uniformes o subvencionar cheques-bebés para guarderías o ayudas a la FP privada.
«Vamos a exigir al Gobierno que elimine esa partida. Con cuidado, porque también incluye una parte casi residual de ayudas para libros, pero no puede ser que se estén desgravando los uniformes de los colegios privados», ha cerrado.