Desde el estallido de la burbuja financiera internacional, en 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España por delante de los accidentes de tráfico. La relación entre el incremento de los suicidios y la crisis económica es clarísima, en la revista médica británica The Lancet, puede leerse: «Una persona en paro experimenta sentimientos negativos, así como una situación de estrés que afecta a la salud mental y, por tanto, al suicidio”. “En Europa, de 2000 a 2010 el consumo de antidepresivos creció por encima del 80% de media, y en España el crecimiento ha sido superior al 120%”, apuntaba la psicóloga María Reneses, especializada en antropología médica. Es lo que se conoce como “medicalización del sufrimiento”, una tendencia que ha aumentado a medida que se producían despidos y desahucios.
Del paro al desahucio
Paro y desahucios están estrechamente relacionados, aunque lo nieguen las autoridades; es la tragedia derivada de la estafa socioeconómica vigente, popularmente llamada «crisis». Todo comienza con la pérdida del trabajo, cuando éste es la única forma de subsistencia. La pérdida de empleo la viven peor los hombres que las mujeres. Joseba Achotegui apunta que: «En tiempos de crisis, ciertos patrones sociales, como el del padre de familia, hacen que el varón viva la situación con especial dolor; además, el varón suele ser más impulsivo. Por otra parte, la mujer está más implicada en la economía sumergida, por lo que el hombre se ve desplazado como fuente de los ingresos domésticos”.
A partir de ese momento las víctimas deben afrontar una nueva situación llena de dificultades, donde el impago de la hipoteca aparece sobre el horizonte, como funesto pájaro de mal agüero. Notificación bancaria, juzgado y desahucio. Desposeídas de su hogar, y probablemente incluidas en una lista de morosidad que les queda al margen de cualquier tipo de financiación que les permita superar el bache, las personas quedan en una situación muy vulnerable.
Aunque depende, en parte, de las circunstancias familiares e individuales de cada persona, las consecuencias de los desahucios son devastadoras, creando casis siempre sentimientos de soledad y culpabilidad. Para quienes padecen un desahucio, además de ser la última etapa de un proceso legal y administrativo, es la entrada a un mundo donde las dificultades sociales y emocionales son muy difíciles de superar. Las personas afectadas se ven envueltas en una espiral diabólica, donde las enfermedades van a ser sus acompañantes. La indefensión genera un problema de ansiedad continuada, con todos sus derivados: insomnio, afecciones psicológicas y alteraciones de la conducta alimentaria, ésta última agravada por la penuria económica. Y qué decir si se padece alguna dolencia que requiera medicinas y cuidados especiales: las afecciones cardiacas se agravan y los fallecimientos por infarto aumentan.
El ser humano es básicamente social y la nueva situación le condena a una forzada exclusión, ya que la culpabilidad puede formar parte de las diversas patologías que sufren las víctimas. Lo que se pierde en un desahucio es algo más que un lugar donde guarecerse; la palabra “vivienda” viene de vivir’ y si se pierde el hogar se pierde, a la vez, el espacio de convivencia e intimidad y, con ello, su proyecto de vida.
Del desahucio al suicidio
En España se producen suicidios a diario. La crisis arruina enferma y puede llegar a matar, pero el incremento de suicidios en España motivados por la crisis apenas se menciona; ningún responsable político suele hablar del aumento de suicidios en España. Se trata de no provocar alarma social y de atenuar la tragedia, pero el silencio no impide una realidad que se da con demasiada frecuencia e incide en todos los miembros de la familia. También los suicidios de adolescentes han aumentado en los últimos años; el aumento puede tener relación con las adversidades socioeconómicas del grupo familiar, sumado a la falta de expectativas laborales de la propia juventud.
En las personas más vulnerables a la frustración, el desempleo puede ser uno de los factores de mayor riesgo que empuje al suicidio. Se da la cifra oficial de 11 suicidios diarios y se estima que la mitad se deben a los desahucios, pero el psiquiatra, Joseba Achotegui advierte que en España muchos suicidios no se contabilizan como tales debido a su mala imagen social (es un pecado… hasta hace poco se enterraba a los suicidas fuera del camposanto…). Una muerte por infarto parece muy digna; un suicidio, un oprobio».
La Asociación Española de Psiquiatría Privada (Asepp) también observa un repunte de la tasa de suicidios en España, desde los 10 casos por 100.000 habitantes que se registraban hace tres décadas hasta los 15 casos actuales, un aumento del 50% que se ha producido de forma progresiva, que se ha agravado como consecuencia de los efectos de la crisis económica. Incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) precisa en un informe, que desde el inicio de la crisis económica se han efectuado 350.000 ejecuciones hipotecarias en España, y las estadísticas indican que 34% de los suicidios que se producen son por los desahucios.
Desde 2007, 17.000 personas se han suicidado. Luis Chamarro, coordinador de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, explica que según fuentes de los profesionales involucrados en los procesos administrativos, se estima que la mitad de los suicidios oficiales tienen causas económicas y entre ellas, los desahucios. El activista le puso un nombre:“Terrorismo financiero”. El 14 de junio de 2018, un hombre de 45 años se quitaba la vida en Cornellà de Llobregat (Barcelona). La víctima del desahucio se tiró por la ventana cuando la Comisión Judicial y los Mossos d’Esquadra practicaban el desalojo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca viene reclamando que se visibilice el componente social del problema del acceso a la vivienda y las trágicas consecuencias que conlleva su pérdida.
Es por ello de vital importancia que los poderes públicos intervengan para poner fin a la tragedia que supone los desahucios. Solo falta que las viviendas sociales dieran cobertura a quienes, por motivos de índole económica, las necesitan. A fin de cuentas el artículo 47 de la Constitución establece que: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Fuente: Público