El 26 de noviembre de 2006 CSIF, CEMSATSE (SATSE y AMYTS, en la actualidad), y el PP firmaron el Acuerdo de Carrera Profesional para licenciados y diplomados sanitarios. El pasado 29 de noviembre de 2017, dicho pacto se hizo extensivo a todas las categorías de personal estatutario fijo del SERMAS y contó con la adhesión de los sindicatos CCOO, UGT, CSIT-UP.
La publicación de este Acuerdo en el BOCM el pasado 7 de agosto pone en marcha para todo el personal estatutario y funcionario fijo un modelo salarial donde una parte importante del sueldo (en algunos casos superior al 20%) variará de forma personalizada en función de factores ajenos al trabajo realizado: la valoración discrecional que las Direcciones hagan del mismo, de los cursos que “nos dejen hacer”, o de las partidas presupuestarias anuales destinadas a la Carrera. El personal laboral y el temporal seguirán sin cobrar por dicho concepto –reconocer y cobrar no es lo mismo-.
Con este Acuerdo se da aún más poder a la Administración de la privatización y los recortes, de la arbitrariedad y el enchufismo. Los sindicatos firmantes también sacan lo suyo: tendrán muchas posibilidades de obtener importantes beneficios con el tema de la formación. Y aunque, a corto plazo, algunas trabajadoras y trabajadores cobremos más, a la larga nos debilitará porque profundiza la división y las tensiones entre unos y otros al alejarnos del criterio de “a igual trabajo, igual salario”: las diferencias que existían entre grupos se profundizan hasta el nivel individual y el salario se convierte en un instrumento más de disciplina laboral.
La firma del Acuerdo sobre Carrera y Promoción Profesional en diciembre de 2006, ya supuso una grave discriminación entre quienes cobraban y quienes no: entre personal estatutario y funcionario y personal laboral, entre fijos y temporales. Y entre quienes lo recibían en función de la categoría. La discriminación se amplió con la congelación del pago de estos conceptos, pues se siguió pagando a quienes ya lo cobraban y se negó el cobro a quienes reunían los requisitos señalados en el Acuerdo de 2006. A diferencia de la aplicación inicial de dicho Acuerdo, en la que a los sectores agraciados se les pagaba en función de la antigüedad, ahora se hará en función de criterios subjetivos decididos por los mandos y jefes.
Para unas categorías, la evaluación de tres factores dependerá de la decisión de los jefes: dos directamente –“Actividad profesional”, el que más peso tiene y que de no llegar al 30% puede impedir el acceso al nivel, y “Participación y compromiso con la organización”- ya que serán dichos jefes quienes evalúen y, otra, indirectamente –el acceso a los cursos-, ya que, como sabemos, la posibilidad de su realización depende mucho del permiso de las jefaturas. Aquí también aumentará la influencia de los sindicatos firmantes. Solo se podrán evaluar de manera objetiva los apartados correspondientes a la Docencia e Investigación. Para las categorías “no sanitarias” de los grupos C1, C2 y E, dos factores dependerán de los jefes de forma absoluta y uno (el de la formación) de manera relativa.
Las graves y desastrosas consecuencias de este Acuerdo se verán próximamente. Habrá más facilidad de coaccionarnos y más división entre trabajadores y, con ello, más debilidad para defender nuestras condiciones de trabajo. También será más difícil la unidad con la ciudadanía para defender la Sanidad Universal, 100% Pública y de Calidad, pues toda manifestación de colaboración podrá ser considerada falta de “compromiso con la organización” y castigada salarialmente.
Desde el Mats llamamos a luchar contra este Acuerdo y anunciamos que, en caso de entrar en la Mesa Sectorial, buscaremos los medios de negociar un nuevo Acuerdo que transforme el dinero destinado a Carrera Profesional en cantidades fijas repartidas equitativamente entre el conjunto de las plantillas.
Madrid, 14 de agosto de 2018
