Madrid, 8 de agosto de 2018
Excm. Embajador D. Federico Ramón Puerta
Embajada de Argentina en España
Calle de Fernando el Santo, 15
28010 Madrid
Mujeres organizadas en colectivos feministas y mujeres independientes, residentes en el Estado español abajo firmantes, consideramos que la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto es una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las adolescentes y las mujeres. Lo es de la misma forma que se hace en la mayoría de los países de la Unión Europea, incluida España.
En Argentina, lo indican las estadísticas más confiables, entre 340 mil y 450 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Esto muestra claramente cómo la penalización no impide su práctica, sino que la hace peligrosa para las mujeres.
El aborto es parte de la cotidianeidad de casi medio millón de mujeres que año a año desoyen mandatos sobre sus cuerpos y sus vidas. Sin dudas la maternidad debe ser voluntaria, deseada y proyectada.
Las cifras oficiales nos muestran que las complicaciones por abortos inseguros, ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Son hoy, la principal causa evitable de mortalidad materna en Argentina. Mujeres obligadas a gestar.
Estas mismas estadísticas oficiales, recogidas a partir de 1983 con la llegada de la democracia, indican que a día de hoy ya son más de 3000 las mujeres fallecidas como consecuencia de abortos inseguros.
Una deuda enorme de esta democracia que desoye, o no quiere mirar de frente, este gravísimo problema de salud pública.
Nadie parece querer ver que la mayoría de estas mujeres son jóvenes y empobrecidas. Desigualdades profundas que atraviesan el acceso al aborto, cuando una mujer decide que no puede seguir adelante con un embarazo no deseado.
Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida plena y sin violencia. La prohibición y criminalización del aborto y la falta de acceso a procedimientos seguros, de calidad y gratuitos constituyen una violación a los derechos humanos.
Despenalizar y legalizar el aborto es admitir que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado.
Se debe reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas. Se debe aceptar que el
derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho que sólo le compete a ellas. El propio cuerpo es el primer territorio de ciudadanía de todo ser humano.
Por esto apoyamos el largo proceso de lucha que están llevando a cabo las mujeres argentinas, con su marea verde imparable, y exigimos que se apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por esta Campaña.
Compartimos que negociar el voto de la ley, sobre el cuerpo de las mujeres, es criminal.
Es imposible que sin la seguridad del aborto legal, se pueda llegar al Ni Una Menos.
Comisión 8M