Es una de las medidas que recoge el anteproyecto de ley de derechos y deberes de los usuarios
A menudo, el uso abusivo se apunta como uno de los principales factores de los colapsos en los servicios de Urgencias de los centros sanitarios. El debate está en cómo combatir los excesos en estos recursos y en determinadas prestaciones como la prescripción de medicamentos. El Gobierno de Aragón se plantea ahora hacerlo con medidas coercitivas que contemplan desde una amonestación por escrito a multas de hasta 3.000 euros. Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema de Salud en la Comunidad, elaborado por el Departamento de Sanidad, que dirige Sebastián Celaya. Prevén remitirlo a las Cortes el próximo otoño, después de un amplio proceso participativo que está a punto de concluir.
«Al legislar, hay que poner garantías para prever una reacción ante los incumplimientos, es importante que la sociedad vea que tienen consecuencias», señala Pablo Martínez, director de Derechos y Garantías del Usuario de la DGA. En este sentido, apunta que esta norma permitirá delimitar mejor derechos de los pacientes como el de información o el de confidencialidad, pero también incluye sus obligaciones, porque «deben ser corresponsables y respetuosos con el resto de usuarios, con los profesionales y con el sistema». Por ello, otro de los objetivos de la futura ley es atajar las amenazas, insultos o presiones al colectivo sanitario, que se considerará infracción grave, castigada con entre 3.001 y 30.000 euros.
Más llamativo resulta que se tipifique, en este caso como falta leve, la utilización «indebida, abusiva o irresponsable» de los recursos y prestaciones que no respondan a «una necesidad objetiva». En el caso de Urgencias, desde Sanidad siempre se ha intentado concienciar a la población para un uso correcto pidiendo que se recurra a los centros de salud siempre que sea posible. No obstante, las autoridades son conscientes de que el envejecimiento de la población aragonesa supone un mayor número de ingresos.
En 2016, las Urgencias de los hospitales públicos aragoneses registraron 597.19 asistencias, lo que supuso una media de 1.621 personas cada día. Este dato venía a confirmar la tendencia de constante aumento, ya que de 2013 a 2016 se incrementaron un 10%. Solo en el Miguel Servet, se atendieron en 2016 un 5% más de casos que el año anterior. También en 2016, la media de visitas por aragonés a la consulta de su médico de familia fue de 5,4.
Pero hay otra mala práctica que la DGA tiene especial interés en combatir, y que está relacionada con los medicamentos financiados por Sanidad. En este sentido, Pablo Martínez constata que «en ocasiones se ha detectado un uso fraudulento». «Incluso se han dado casos de retorno de fármacos al mercado», recuerda el director general, que reconoce que en esas situaciones «se ve que algo falla en la gestión».
El gasto de la Comunidad en medicamentos tampoco deja de crecer: roza ya los 400 millones de euros al año, entre el farmacéutico y el hospitalario. Precisamente, la DGA acaba de presentar una campaña para sensibilizar a la población sobre el uso adecuado de los fármacos. Según los datos facilitados en la presentación, el 54% de los aragoneses tiene al menos un medicamento prescrito, porcentaje que aumenta al 93% a partir de los 75 años. En 2016 se expidieron en el Servicio Aragonés de Salud 21,5 recetas por habitante, y el gasto medio de cada una fue de 11,40 euros.
También se considerarán infracciones leves, entre otras, el incumplimiento del régimen de visitas en los hospitales, el deterioro de las instalaciones o el incumplimiento del deber de las personas de responsabilizarse de su estado de salud o de las prescripciones sanitarias comunes a toda la población, «cuando de ello puedan derivarse riesgos o perjuicios para terceras personas».
En cuanto a los profesionales, podrán recibir una sanción leve, por ejemplo, por la omisión del deber de vigilancia o la falta de los controles o precauciones exigibles a su actividad. Y se les podrá imputar una infracción grave si no garantizan la confidencialidad de la información o hacen un uso indebido de datos contenidos en la documentación clínica.
Eso sí, la ley también dará mayor protección al personal –que ya está considerado autoridad–, de modo que serán faltas graves la resistencia, las faltas de respeto, amenazas, insultos, represalias o cualquier presión contra ellos, pero también contra los pacientes o sus acompañantes. Se multarán aquellas actuaciones que no tengan consecuencias penales, al igual que en el caso de que se materialice la agresión, algo que la ley considera muy grave, lo que conllevaría una sanción de entre 30.001 y 600.000 euros.
«Son casos puntuales»
«Los profesionales cada vez están más formados en asertividad y habilidades sociales e intentan aplacar los conflictos, pero hay veces que se traspasan los límites de su dignidad o su integridad», advierte Martínez, que aclara que «no es una deriva, sino casos puntuales». Para evitar «males mayores» o una cronificación de estas situaciones, el borrador de la ley también prevé que sus responsables sean cambiados forzosamente a otro centro. En 2017 se denunciaron en Aragón 175 agresiones a personal sanitario, 125 de ellas verbales. Pero se calcula que solo trascienden el 4% del total.
Al margen del régimen sancionador, el texto compila medidas que ya se incluyen en otras leyes como la de Salud de Aragón o la de muerte digna, y también recoge que se prestará especial atención a colectivos vulnerables, posibles casos de violencia de género o situaciones de soledad.
Fuente: Heraldo de Aragón
