El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas llama la atención sobre la situación de las mujeres en las observaciones finales que ha hecho públicas tras examinar a España
Critica que las menores no puedan abortar sin autorización de sus progenitores y que los estereotipos de género «continúen profundamente arraigados»
La ONU ha vuelto a señalar la desigualdad de género existente en España. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC) ha emitido las observaciones finales tras el sexto examen que le hace a nuestro país desde que ratificara el pacto homónimo en 1976. Las conclusiones, hechas públicas el pasado 3 de abril, hacen hincapié en los déficits de derechos como el de la vivienda, la salud o la educación y critican las medidas de austeridad de los últimos años, pero también emiten una serie de reproches contundentes sobre la situación de las mujeres.
Como ya hiciera el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres en 2014, la ONU ha vuelto a llamar la atención a España por el impedimento con el que se encuentran las menores de 16 y 17 años y de mujeres con discapacidad para abortar sin consentimiento de sus padres o tutores. Esta restricción fue introducida por el Partido Popular en la reforma del aborto que llevó a cabo en 2015 en un escenario de gran contestación social y después de haber fracasado en el intento de reforma capitaneada por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y que culminó con su dimisión.
Para el Comité DESC se trata de «un obstáculo para acceder al aborto» por parte de las menores y las mujeres con discapacidad y, por ello, recomienda a España que «considere eliminar el requisito de contar con el consentimiento del representante legal». Un punto que llevan años demandando las organizaciones feministas y las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. «Lo que ha conseguido la reforma es que las mujeres vuelvan a ser tuteladas. Eso a pesar de que saben perfectamente que solo un pequeño porcentaje de menores acuden a abortar sin sus padres y, si es así, es porque hay algún conflicto», explica Guillermo González, médico y presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE).
Pero el Comité no solo critica la reforma del aborto, también carga contra cómo se enfoca en España la interrupción voluntaria del embarazo en general y muestra su preocupación por «las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva», incluyendo el aborto y la píldora anticonceptiva de emergencia.
Ante este escenario, le pide a España que establezca un mecanismo para asegurar que la objeción de conciencia a la que pueden acogerse los médicos «no sea un obstáculo para que las mujeres tengan acceso» y llama la atención sobre «las disparidades existentes entre las diferentes comunidades autónomas». Y es que depende del territorio, las mujeres tienen más o menos derecho a los anticonceptivos o a los servicios que permiten abortar de manera segura.
«El Gobierno no está dando pasos en esta dirección y lo que están es obviando sus responsabilidades en esta materia», dice González. De hecho, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva lleva sin renovarse desde 2015 y su aplicación, denuncian los colectivos sociales, es «prácticamente nula». En ella se establecen las líneas básicas de cómo deberían ser las políticas públicas, entre otras cosas, en lo referente a educación sexual. En este punto, otro reproche de la ONU, que exige a España que «se dé una formación integral y apropiada para ambos sexos y para cada edad» en las aulas.
La «persistente» brecha salarial
Las observaciones celebran «los esfuerzos» realizados por el Estado para acabar con la desigualdad de género, pero le reprocha que «los estereotipos de género continúen profundamente arraigados en la sociedad», algo que perpetúa la discriminación contra la mujer. Por ello, le pide al Gobierno que intensifique los esfuerzos para «combatir la percepción estereotipada de los roles tradicionales de género, tanto en la familia como en la sociedad» y le insta a que agilice la implementación del Plan Estratégico sobre Igualdad de Género 2018-2022, que está actualmente gestando.
Elena Laporta, abogada de la organización Women’s Link recuerda que no es la primera vez que la ONU llama la atención sobre los estereotipos de género. Ya lo hizo en 2014, cuando el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) condenó a España por el caso de Ángela González, cuya hija fue asesinada por su padre en un régimen de visitas sin supervisión.
«Al Comité le preocupa especialmente la situación de las mujeres y su dificultad de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales y es algo que aborda de manera transversal desde diferentes ámbitos», explica Gabriela Jorquera, integrante de la Plataforma DESC España. En concreto, las observaciones nombran la tasa de desempleo y algunas situaciones de trabajo precario, entre ellas las contrataciones temporales, y cómo éstas tienen un «efecto desproporcionado en las mujeres».
La brecha salarial también ocupa su lugar en la reprimenda de la ONU, que identifica como «persistente» y ante la que recomienda que «redoble sus esfuerzos» para eliminarla y combatir la segregación horizontal y vertical en el empleo –es decir, el acceso a los puestos de poder y a las profesiones consideradas «masculinas»–. «Le anima a continuar asegurando la efectiva aplicación del principio de igual salario por trabajo de igual valor» con el fin de «introducir la obligación de mayor transparencia de salarios en las empresas», concluyen las observaciones del Comité.
Fuente: El Diario
