El Tribunal de Cuentas Europeo critica la participación privada en infraestructuras y servicios públicos

El Tribunal de Cuentas Europeo(TCE) critica duramente en un informe la participación privada en infraestructuras y servicios públicos publicado el 20 de marzo del 2018.

En España, este modelo sirvió para financiar autopistas de peaje que ahora debe rescatar el Estado y varios Hospitales en el Estado Español pero principalmente en Madrid, los llamados modelos PFI construidos en la época del gobierno del PP con Esperanza Aguirre como presidenta de la CAM.

En particular, el Tribunal examinó si:

1. a) los proyectos fiscalizados han podido explotar los beneficios que se espera que ofrezcan las APP
2. b) los proyectos fiscalizados se basaron en análisis sólidos y enfoques adecuados
3. c) los marcos institucionales y jurídicos generales de los Estados miembros fiscalizados fueron adecuados para la aplicación satisfactoria de los APP

El Tribunal de Cuentas Europeo es contundente y claro: la UE no debe seguir financiando infraestructuras o servicios públicos con participación privada mientras no se tengan en cuenta las recomendaciones que aporta.

El documento analiza 12 asociaciones público-privadas cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la información y la comunicación, que han supuesto 5.600 millones de euros de financiación europea. Y concluye que la participación privada en estos proyectos «no puede considerarse una opción económicamente viable para el suministro de infraestructuras públicas».

En este informe no se analizan los proyectos de construcción de Hospitales realizados en Estado Español y en especial los de la Comunidad de Madrid en la última década. Entre ellos señalamos Hospital de Alzira de Valencia, el Nuevo Hospital de Toledo y en Vigo y Son Espases de Baleares y los siete hospitales nuevos de Madrid (Hospitales Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Henares, Tajo y Sureste, Puerta de Hierro de Majadahonda). Esperamos que un próximo informe se fiscalicen también.

Se han centrado en aquellas estructuras cofinanciadas por la UE y, en el caso de los hospitales españoles, solo algunos de ellos acudieron a esa fórmula de financiación como el nuevo de Vigo y el Burgos y el de Toledo. Ahora el proceso financiero y de funcionamiento son similares y de su estudio podemos ya sacar consecuencias para el sector de los servicios públicos sanitarios.

El informe asevera que los proyectos público-privados analizados han sufrido “ineficiencias considerables en forma de retrasos durante la construcción e importantes aumentos de los costes”. En total, siete de los nueve proyectos completados sufrieron demoras que oscilaron entre dos y 52 meses y, además, fue necesaria una cantidad adicional de casi 1.500 millones de euros de fondos públicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y España, de los cuales la UE proporcionó alrededor del 30% -422 millones de euros-. El Tribunal considera que estas cantidades “se han gastado de manera ineficiente por lo que respecta a la consecución de los beneficios potenciales”.

Los proyectos financiados bajo el modelo público-privado “se aprovechan para proporcionar bienes y servicios que habitualmente suministra el sector público”, explica el informe, que indica la gran magnitud del negocio que supone esta fórmula en la que las multinacionales privadas hacen negocio con el apoyo financiero público: desde la década de 1990, en la UE se han llevado a cabo 1.749 proyectos público-privados por un valor total de 336.000 millones de euros. Según revela el informe, la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo en el sector del transporte, que en 2016 representó un tercio de las inversiones de todo el año, por delante de la atención sanitaria y la educación.

Sombras de corrupción

La sospecha de la corrupción política sobrevuela algunos datos que ofrece el informe, como que “en la mayoría de proyectos fiscalizados, se eligió la opción de la financiación público-privada sin ningún análisis comparativo previo de opciones alternativas, como el comparador del sector público, sin lograr demostrar, por lo tanto, que se trataba de la opción que maximizaba la relación calidad-precio y protegía el interés público al garantizar una igualdad de condiciones entre las asociación público-privada y una adjudicación de contratos públicos tradicional”.

En este sentido, el Tribunal indica que “los proyectos de autopistas en España se licitaron de manera puntual, pero los contratos se renegociaron poco después, lo que suscita preguntas sobre si la contratación se había gestionado debidamente”.

Las auditorias revelan que en el caso de las autopistas público-privadas analizadas se dispararon los costes tras la contratación en cerca de 300 millones de euros, que debía asumir el socio público. En concreto, el coste de la autopista A-1 se incrementó en un 33% (158 millones de euros) y un retraso de dos años, mientras que la autopista C-25 en Catalunya experimentó un incremento del 20,7% (143,8 millones de euros, incluyendo 88,9 millones de euros en costes financieros) y retrasos de 14 meses. Eso sólo en las autopistas auditadas en este informe.

En resumen, su análisis devastador señala que la entrada de capital privado en los proyectos del sector público ha supuesto «insuficiencias generalizadas y beneficios limitados, con gastos ineficaces e ineficientes», donde “la relación coste-beneficio y la transparencia se han visto gravemente perjudicadas, en particular, por políticas y estrategias poco claras, análisis inadecuado, registros fuera del balance patrimonial y acuerdos”. Y por último las sospechas de corrupción política.

JLRG

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