Los habitantes del PAU de Vallecas logran que el Ayuntamiento de Madrid comience a tomar medidas contra los efluvios del complejo que trata y almacena todos los residuos de la ciudad
Han comenzado a movilizarse para que en 2020 el Consistorio no renueve el contrato de la incineradora, que aunque no produce malos olores, sí emite sustancias tóxicas a apenas dos kilómetros del barrio con la media de edad más joven de toda la capital
En 2008 la Asociación de Vecinos PAU del Ensanche de Vallecas puso en marcha en su página web un formulario de olores. En él, los habitantes del entonces creciente nuevo desarrollo del sureste de Madrid comenzaron a registrar dónde, qué tipo y qué intensidad de efluvios percibían del Parque Tecnológico de Valdemingómez, el complejo –como prefieren denominarlo los vecinos– donde se trata y almacena toda la basura que se genera en la capital, y que está situado a apenas dos kilómetros de las viviendas.
En ese formulario los vecinos debían indicar si el olor que percibían era a ceniza o quemado, fecal o basura, gas o aceite y marcar las horas y las calles donde se registraba. Diez años después, este registro, que aún sigue vivo, se ha convertido en la mejor prueba de campo de que lo que los vecinos llevaban denunciando durante varias legislaturas no era una exageración sino un hecho: que el complejo de Valdemingómez, a donde llegan al año 1,2 millones de toneladas de residuos, produce continuos malos olores que no son inevitables ni asumibles, como determinó un informe olfatométrico que encargaron los propios habitantes del PAU en 2013.
« Hay días que aún recibimos 70 formularios, y en enero recogimos cerca de 200″, explica Rosa María Pérez, presidenta de la asociación vecinal. Desde el pasado verano, envían los datos cada mes al Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena, toda una victoria para los habitantes que tras años de lucha han logrado no solo que se reconozca por parte de la Administración que existe un problema, sino que también se han empezado a desarrollar medidas para paliarlo.
Oídos sordos de los ayuntamientos del PP
« Durante años nos dijeron que los olores no existían y cuando por fin admitieron que sí había le echaban la culpa a otros», explica Pérez. La presidenta se refiere a las diferentes legislaturas gobernadas por el PP, primero con Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza, y después con Ana Botella, quienes cuando no tuvieron más remedio que admitir que los efluvios existían desviaron las culpas a vertederos ilegales del cercano asentamiento de Cañada Real. «Todo con tal de no admitir que el complejo de Valdemingómez, de gestión municipal, era el responsable», afirma la presidenta.
De ahí que la llegada de la corporación de Ahora Madrid, con Inés Sabanés como responsable del área de Medio Ambiente y Movilidad, supusiera un punto de inflexión en las reivindicaciones vecinales. «Era la primera vez que el Ayuntamiento reconocía que había un problema y empezaba a trabajar en ello», cuenta.
Aunque si bien para los vecinos los plazos de la Administración se presentan «muy lentos», desde el Consistorio aseguran que en marzo empezarán a notar las primeras mejorías, que se incrementarán a los largo del año después que se vayan poniendo en marcha las medias aprobadas el pasado 18 de enero. Estas van encaminadas a mejorar el llenado de túneles, increment ar del tiempo de retención de la materia orgánica en los túneles de compostaje o a desarrollar mejoras en las dos plantas de biometanización -proceso por el que se produce el biogás a partir de los residuos-, así como en las del tratamiento del propio biogás.
El cierre de la incineradora
Los vecinos, no obstante, están en alerta y ya han cogido carrerilla para emprender la segunda parte de su lucha: lograr el cierre de la incineradora de Valdemingómez. El complejo está formado por siete plantas. Tres de ellas están dedicadas al tratamiento de los residuos procedentes de los contenedores de envases y restos y rechazos de otras instalaciones. Otra trata el biogás para obtener energía eléctrica y dos más son donde se produce la biometanización . La séptima instalación es la incineradora, la única de todo el complejo que no produce malos olores.
» El problema es que la combustión de los residuos emite sustancias carcinógenas y tóxicas que se liberan al aire», como explica Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que forma junto a la asociación del PAU y otras entidades ecologistas y vecinales la Alianza Incineradora deValdemingómez NO, que tiene por objetivo lograr la no renovación del contrato de la instalación, que vence en 2020.
Según estudios recientes recopilados por los vecinos, los gases que emite la incineradora aumenta n la mortalidad por cáncer y el desarrollo de otras enfermedades. En el caso de los hombres, hay un 98% de posibilidades más a padecer cáncer de pleura y un 43% más cáncer de vesícula; entre las mujeres hay un 38% más de posibilidades de sufrir cáncer de estómago, y los dos géneros tienen 140% más de probabilidades de padecer cáncer de páncreas que una persona que no inhala a diario los gases de la incineradora.
Estos mismos estudios también arrojan datos preocupantes relacionados con el embarazo, como un 44% más de probabilidades a tener un aborto espontáneo o un 127% de más casos de grandes prematuros. «Cada año nacen en el PAU de Vallecas 1.000 niños y ahora mismo tenemos la media de edad más joven -30 años- de toda la ciudad», subraya Villalobos, habitante del PAU, y quien apunta que son los más pequeños quienes están más tiempo en el barrio y, por tanto, in h a la ndo los gases de la in cineradora, puesto que sus colegios y sus casas están en la misma zona. «Quienes trabajan fuera del barrio evitan ese tiempo de exposición pero no así los niños», explica.
La población afectada por los gases no son solo las 40.000 personas que actualmente viven en el PAU, sino que alcanza a más de 713.000 habitantes repartidos por varios distritos de la capital, como Villa y Puente de Vallecas, Vicálvaro o Villaverde, y municipios madrileños, como Perales del Río, Getafe o Rivas. El Ayuntamiento evita de momento pronunciarse sobre el cierre de la incineradora y fuentes municipales señalan que los estudios epidemiológicos que actualmente realiza Madrid Salud » se tendrá en cuenta para decidir sobre el futuro» de la instalación .
Ahora se quema al año un 30% de la basura que llega a Valdemingómez, alrededor de 300.000 toneladas. En su cierre no solo entra en juego que la Administración quiera hacerlo sino que también implica un cambio en la generación de residuos. «Si producimos menos basura, menos se quemará», subraya Villalobos, quien ve con buenos ojos las medidas emprendidas por el Ayuntamiento con la puesta en marcha contenedores para la basura orgánica y confía que desde el el Consistorio se termine por desarrollarse un plan que reduzca los residuos desde el origen.
Por el momento, la Alianza recoge firmas en el portal Decide Madrid para llevar al Pleno la no renovación del contrato. El pasado sábado más de 3.000 personas, según los organizadores, salieron a la calle en el barrio para reclamar el cierre. Y Rosa Pérez avisa: «Ya estamos preparando la próxima movilización que llevaremos hasta el centro de la ciudad».
