“No tendrán la consideración de retribución en especie a efectos de lo previsto en el artículo 44.2. de la ley del impuesto, los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal”… (1).
El pasado 30 de diciembre el BOE publicó una modificación del artículo 44 del Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por el que se considera que los pagos que hacen las farmacéuticas a los médicos y otros profesionales para asistir a congresos y actividades de formación están exentos de tributar. No se consideran pagos en especie, no se consideran ingresos adicionales. Se consideran gastos de formación de la empresa en la que trabajan, es decir, del Servicio de Salud. Pero ¿por qué? Porque, según reconoce esta norma, son gastos financiados por los empleadores. Son gastos financiados indirectamente por el Servicio de Salud, por el Estado, aunque los pague a través de una empresa farmacéutica. En efecto, es el Estado el que está financiando, porque le da a la empresa farmacéutica la posibilidad de recaudar un “impuesto indirecto” muy importante, el sobreprecio que pone a los medicamentos gracias al monopolio de las patentes y la exclusividad de datos. Con ese sobreprecio los laboratorios financian los gastos de formación de los profesionales sanitarios, financian gastos de investigación, pero se quedan con mucho más dinero por hacer esas gestiones. Es un sistema perverso e ineficiente.
En este modelo, las compañías farmacéuticas «invitan», deciden qué médico va al Congreso, qué médico va a este o aquél curso de investigación. Los médicos le deben pedir el favor al laboratorio para que les invite a ellos o a sus residentes a los cursos y los congresos. El Estado, los servicios de salud, los contribuyentes en definitiva, pagan. Pero el médico se siente agradecido al laboratorio, que es el que ha invitado. El médico no es ni siquiera consciente de que es su centro sanitario, su Servicio de Salud, el que está pagando. Ahora el RD 1074/2017 lo aclara.
Es un sistema perverso, porque el empleador, el Servicio de Salud pierde la capacidad de dirigir el proceso de formación y actualización, las prioridades, los contenidos…; en efecto, son los laboratorios los que condicionan o deciden programas y ponentes. Además, el profesional no se siente bien tratado por su Servicio de Salud, su empleador, y cree que es el laboratorio quien se preocupa por él. Y cuando uno recibe un favor, tiende a ser agradecido, tiende a recetar los productos de quien le invitó, aunque sea de forma inconsciente. De esta manera se fomenta una hiper-prescripción de medicamentos más caros, que podrían no estar indicados. Por otra parte, muchos profesionales no aceptan que sea el laboratorio quien les invite, por considerarlo contrario a su ética profesional, y no pueden acceder a las actividades de formación que necesitan, porque su empleador ha «delegado» en esas empresas. La industria captura de esta forma una dimensión estratégica de las organizaciones sanitarias, la formación continuada de su personal, y condiciona comportamientos de profesionales y directivos.
Pero el sistema no sólo es perverso. Es enormemente ineficiente. El Estado, los gobiernos, los sistemas de salud, les dan a las empresas farmacéuticas la capacidad de recaudar el “impuesto” del sobre-precio que permiten las patentes para, supuestamente, pagar la investigación y la formación de sus profesionales. Pero las empresas gastan mucho menos de lo que les damos y se quedan el resto. En efecto, en España, en 2016, el total de ventas de medicamentos a precios de laboratorio, fueron 15.595 millones de euros (2). Siguiendo el criterio de Dean Baker, Co-Director del Center for Economic and Policy Research (3), podemos estimar que, si los medicamentos se pagaran a precio de genérico, habríamos gastado un 30%, 4.678 millones. Quiere decir que el «sobre-precio» que pagamos es de 10.917 millones. Pero las empresas solamente gastaron en España 908 millones de euros en investigación (4), y 501 millones de euros en formación y financiación de sociedades científicas y asociaciones de pacientes (5). Es mucho dinero, pero las empresas farmacéuticas todavía se quedaron mucho más, 9.508 millones de euros, que podían ir a más formación, más investigación, u otras finalidades muy necesarias de los Servicios de Salud (dotación adecuada de personal, retribuciones adecuadas, tecnología apropiada, programas de promoción de la salud, servicios sociales, etc.). *
¿No sería razonable cambiar este modelo por otro en que los precios se pagaran en función de la competencia efectiva del mercado, sin el monopolio de las patentes (precio de genérico), y el gasto en I+D y en formación se pagara directamente por los Servicios de Salud? En efecto, el modelo alternativo, la salida de la actual espiral de precios excesivos, es desvincular los precios y financiación de la investigación (“delinkage”). (6)
Así, la investigación se dirigiría a las prioridades de salud de los pacientes y las poblaciones, y no a los intereses comerciales de los laboratorios. La investigación sería cooperativa y abierta. Y los resultados de la investigación serían utilizados sin monopolio, con lo que los precios de los medicamentos no serían exorbitantes y no pondrían en riesgo la accesibilidad y la estabilidad de los sistemas de salud.
De la misma manera, la formación sería gestionada por los comités de docencia de los centros sanitarios y los Servicios de Salud, en función de las necesidades de los pacientes y de las instituciones sanitarias, sin interferencia de los intereses comerciales de la industria.
El cambio de modelo no será fácil ni de un día para otro. Será un proceso en el que el primer paso es tomar conciencia del problema (los altos precios provocan que miles de pacientes no pueden acceder al medicamento que necesitan y, al mismo tiempo ponen en riesgo la viabilidad de los sistemas de salud) y de que existe una alternativa. A partir de ahí los gobiernos regionales y nacionales, así como la Unión Europea, deben tomar medidas para cambiar la situación. También los profesionales sanitarios pueden influir decisivamente con su opinión y sus actitudes en el cambio de modelo. El Informe del Panel de Expertos del Secretario General de las Naciones Unidas (7) ha mostrado una serie de medidas interesantes para avanzar.
Gasto farmacéutico actual (2016) y modelo alternativo (en millones de euros)
Modelo Actual, con financiación indirecta de la formación y de la I+D |
Modelo Alternativo, con financiación directa de la formación y de la I+D
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Gasto en Medicamentos a Precio Venta Laboratorio pagado por Servicios de Salud y Pacientes |
15.595 |
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Precio de Venta si hubiera libre competencia (genéricos) |
4.678 |
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Sobre-Precio (impuesto indirecto, a través de los Monopolios de patentes) |
10.917 |
0 |
Gasto en I+DGasto en pago de cursos, congresos, sociedades científicas, etc. |
908501 |
908501 |
Beneficios para los Laboratorios |
9.508 |
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Ahorro para el Sistema de Salud (dotación de profesionales, condiciones adecuadas de trabajo, I+D) |
9.508 |
*En la Unión Europea-28 el ahorro sería de más de 70.000 millones de euros y en EEUU de 183.000 millones de dólares, cada año.
- https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf
- https://www.farmaindustria.es/web/documento/memoria-anual-2016/
- https://cepr.net/documents/publications/intellectual_property_2005_10.pdf
- https://www.efpia.eu/media/219735/efpia-pharmafigures2017_statisticbroch_v04-final.pdf
- https://www.eldiario.es/sociedad/laboratorios-pagaron-organizaciones-medicas-profesionales_0_661434641.html
(6) Ver https://delinkage.org/savings/
(7) https://www.unsgaccessmeds.org/final-report/
Fuente: Blog de Fernando Lamata