Rommy Arce
Concejala de Ahora Madrid en Usera
Raul Camargo
Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz de políticas sociales
El pasado sábado celebrábamos el 40 aniversario de la FRAVM para rendir homenaje a un movimiento vecinal que dio forma a los barrios de la periferia de Madrid. Gente humilde que construyó sus casas, que diseñó el trazado urbano de su barrio poniendo nombre a las calles, que peleó cada centro de salud y cada escuela hasta conseguir una ciudad que garantizase unas condiciones de vida dignas. Pero hicieron algo más que eso, generaron lazos de solidaridad y hermandad en defensa de sus comunidades porque aprendieron sobre la experiencia vivida que “uno por uno estábamos derrotados de antemano, pero que unidos como un batallón y peleando con decisión y con inteligencia éramos invencibles”. La Residencia de Mayores San José es fruto también de esa lucha vecinal por conquistar derechos y servicios públicos de calidad para una clase trabajadora que habitaba barrios de “barro” y miedo en esa larga noche del franquismo.
Una residencia 100% pública y de proximidad para los mayores de Orcasur
Hoy la Residencia San José, ubicada en Orcasur, atiende a 39 ancianos y ancianas autónomos, con plenas capacidades físicas, y casos de emergencia social, ya que muchos de ellos no tienen familia. El suyo es un modelo de residencia de proximidad con un número limitado de plazas porque estaba pensada para dar un trato personalizado a sus residentes, muy arraigados en el entorno. De hecho, muchos de ellos colaboran en programas educativos con los colegios de las inmediaciones como el Montserrat o el María Reina. Se trata de diversas actividades de convivencia intergeneracional — carnavales, Navidad, lectura de cuentos, etcétera— con las que este colegio ha buscado paliar la soledad de los mayores y que han conseguido generar vínculos de apoyo mutuo muy importantes entre estas personas y los menores de la zona, muchas veces en situaciones de precariedad afectiva y desarraigo familiar. Se generaba así toda una red de convivencia a partir de la colaboración entre todas estas entidades que estaba funcionando positivamente y que se cerraba con el comedor social de la Comunidad de Madrid situado en el mismo complejo de la residencia de mayores.
Pero todas estas sinergias y proyectos, lo logrado por años de lucha vecinal y la labor del Ayuntamiento, parece que va a verse trastocado por una misiva fulminante. De la misma manera en que se trasladan unos muebles viejos, la Comunidad de Madrid ha conminado a los mayores de San José a elegir en 48 horas un nuevo destino. La falta de adecuación de la residencia San José a las necesidades de las personas altamente dependientes ha sido la excusa sinsentido para justificar su cierre. Algo insólito en un contexto de envejecimiento acelerado de la población y de listas de espera eternas para poder obtener plaza en las residencias. Pero además, la calidad de los servicios públicos para personas mayores vendrá determinada por su capacidad para dar respuesta no solo a una demanda creciente, sino también para atender las necesidades de una población cada vez más heterogénea. Residencias como la de San José son un recurso ideal de proximidad para mayores que no desean o no pueden vivir solos, sin que ello signifique que sean altamente dependientes, y para los que mantener la cercanía con sus lazos familiares y vecinales es importante y se traduce en calidad de vida. Por supuesto, el comedor social también se vería cerrado junto con la residencia.
Y es que la señora Cifuentes ha vuelto a demostrar que los planes de gobierno de la Comunidad de Madrid son papel mojado. En el reciente debate sobre el estado de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes nos presentaba su Plan de Residencias de Mayores 2017-2020 repleto de promesas sin detalle presupuestario. Una vez más, pura propaganda, algo en lo que el nuevo y el viejo PP son unos profesionales. En este Plan lo que no se decía es que poco a poco se van a ir desmantelando los servicios públicos de la región. Cifuentes y su escudero, el Consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, pretenden ocultar que cierran una residencia de mayores pública. Una decisión alarmante ya que en la Comunidad de Madrid existen unas listas de espera de 7.000 personas para residencias de ancianos y solo hay 25 de gestión directa en toda la región de una red de 500 residencias, donde queda claro que existe una aplastante mayoría de concertadas y privadas. Por no mencionar que el cierre de esta residencia se lleva a cabo en un distrito que en mayo de este año aprobó en su pleno, a instancias del Foro Local y con la abstención del Partido Popular, cómo no, instar a la Comunidad de Madrid para la construcción de residencias de proximidad en cada uno de sus barrios. La Junta de distrito de Usera comunicó esta decisión del pleno a la Comunidad y su respuesta ha sido no solo no construir otra residencia sino acabar con lo poco existente.
Los familiares, residentes y trabajadores y trabajadoras se han tenido que enterar por la prensa de los planes de la presidenta. A la parte social se le ha negado la negociación colectiva y los trabajadores y trabajadoras, cuyos sindicatos se oponen al cierre, serán desplazados si nada lo detiene a otros centros de la Comunidad. Esperemos que no les tengan preparado centros ubicados en destinos tan lejanos y fuera de la ciudad de Madrid como Parla o Tres Cantos, a los que hoy conocíamos que la Comunidad piensa enviar a muchos de los mayores, de manera totalmente impune si el movimiento vecinal no lo impide, ya que muchos de ellos como señalábamos antes no tienen parientes cercanos.
Traslado del CACYS de Arturo Soria a Orcasitas
El próximo 15 de enero la Residencia de San José tendrá que estar desalojada porque se iniciarán las obras de adaptación del edificio a su nuevo uso. Un nuevo despropósito más para esta historia, ya que está previsto trasladar a este equipamiento el Centro de Adaptación Cultural y Social CACYS Manzanares ubicado actualmente en Arturo Soria. Los expertos gestores, que siguen engordando una deuda para la Comunidad que ya asciende a 31.667 millones de euros, plantean un cambio de uso de los edificios afectados para alojar servicios para los que no fueron diseñados alegando que el traslado se debe a que en las actuales instalaciones no existe la posibilidad de crecimiento que precisa. Sin embargo, no nos salen las cuentas: el actual CACYS alberga a 32 adolescentes y la residencia San José tiene cabida para 48 personas, por lo que no parece razonable semejante desplazamiento para apenas aumentar unas plazas demás.
Cifuentes quiere seguir así profundizando las desigualdades norte-sur de la región de Madrid y construyendo una ciudad en la que los colectivos vulnerables como los jóvenes migrantes, en su mayoría de origen magrebí, que acuden al CACYS sean derivados a las zonas de mayor conflicto social. Un centro como el CACYS Manzanares no puede ubicarse en las inmediaciones de uno de los barrios más ricos de Madrid como es Arturo Soria porque molesta. En el norte de Madrid solo puede haber oficinas, actividad económica y residencias de pago mientras que en el sur seguirán concentrándose las viviendas y recursos sociales para los que menos tienen. Para el Consejero Carlos Izquierdo es mejor continuar profundizando la segregación y enviar a los menores en situaciones de exclusión social a uno de los barrios más abandonados por anteriores corporaciones como es Orcasur. Un barrio en el que afortunadamente ya se trabaja para solucionar problemas de convivencia. El Ayuntamiento de Madrid, muchas veces asumiendo competencias impropias de las cuales la Comunidad de Madrid se desentiende, trata de atajarlos a través de inversión en servicios sociales y campañas de sensibilización contra la xenofobia y el racismo como la campaña antirumores que en estos días acaba de lanzar la Junta de distrito de Usera. Todo ello a pesar de los arbitrarios ataques de Montoro a los presupuestos del ayuntamiento de Madrid y su intento de frenar otro modelo de gobernar que antepone la inversión social en las personas por delante de la estabilidad financiera de los bancos.
Madrid se ha convertido en la última década en la capital más segregada de Europa y en la segunda con mayor desigualdad social. Medidas como esta, que ponen en evidencia el trato vejatorio que sufren estos menores por su condición de migrantes, muestran una vez más la xenofobia institucional ejercida desde las administraciones públicas regidas por el Partido popular. Los desequilibrios territoriales de esta ciudad y los problemas de integración no van a resolverse apartando u ocultando el problema en guetos. En los dos últimos años el CACYS Manzanares ha sido noticia por su sistemática carencia de recursos humanos y materiales para cuidar de manera adecuada de los albergados en él, fruto de los gigantescos recortes del gobierno de Cifuentes. Es necesaria, por tanto, una mayor inversión social en centros de atención a menores y adolescentes para que estas personas reciban los servicios que requieren y no marginalizarlos en ciertos barrios de la ciudad.
Desde aquí emplazamos al Consejero Izquierdo a visitar la Residencia San José y dar a los vecinos, residentes y trabajadores una explicación sobre los motivos reales por los que se va a cerrar este centro. Ni lo mayores pueden ser olvidados ni tampoco los y las jóvenes del CACYS. El único pecado de los primeros es no poder valerse ya por sí mismos; el de los segundos, haber migrado en busca de una vida mejor y encontrarse en tierra extraña y absoluto desamparo. Nuestro deber desde las instituciones y desde el movimiento vecinal es visibilizar estas situaciones de desigualdad y conseguir transformar nuestro Madrid en la ciudad que todas queremos. Las vecinas de Orcasur llevan una vida reclamando recursos para un barrio históricamente olvidado. Nadie mejor que ellas para defender los servicios públicos y, ante todo, para mostrar solidaridad con aquellos que también quieren ser apartados para caer en el olvido.