Reclamamos una Sanidad pública DIGNA para todos.
NO a la LEY de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
NO a la LEY de FUSIONES, PRIVATIZACIÓN, ENCHUFES Y CORRUPCIÓN.
NO a la politización de la Sanidad Pública.
NO a las UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA (UGC). Son las estructuras que han propiciado el deterioro de la Sanidad Pública Andaluza. La fragmentación del Sistema Sanitario ha supuesto una grave pérdida de la calidad de la asistencia sanitarIa. Las UGC carecen de normativa que las regule, y esta ley les da el soporte legal que necesitan para su legalización, desarrollo e implantación absoluta. Asociado al concepto de UGC están el cumplimiento de objetivos y la incentivación a través de la PRODUCTIVIDAD. NO es ético que los profesionales como empleados públicos reciban incentivos en detrimento de la inversión o la calidad de la asistencia. Son el paso previo a la Gestión Privada de la Sanidad Pública.
NO a la SUBASTA DE MEDICAMENTOS. Guías farmacológicas consensuadas con profesionales y Servicios de Salud a nivel Estatal, con el fin de garantizar la CALIDAD y ABASTECIMIENTO de fármacos a la población sin sufrir agravio comparativo con otras Comunidades, y facilitar la Interoperabilidad de la Tarjeta Sanitaria andaluza.
NO al acceso a puestos de Dirección y Cargos Intermedios a través de LIBRE DESIGNACIÓN, ni de personal eventual o laboral. NO a la función directiva fundamentada en competencias o perfiles profesionales, acreditación o incentivación, sino en los ya establecidos por la Legislación vigente de Igualdad, Mérito Capacidad e Idoneidad.
NO a una Ley que NO contempla la anulación presupuestaria a conciertos de servicios sanitarios y no sanitarios, y la reversión de los servicios privatizados.
NO a la integración en la Sanidad Pública de la administración paralela conformada por cientos de Fundaciones, Agencias Empresariales y demás entes instrumentales ni de otras administraciones públicas. Esta Ley proclama como necesaria la estructura paralela para la prestación de la asistencia sanitaria, investigación y formación, y su régimen jurídico ampara la politización y corrupción, en detrimento de la inversión en la asistencia sanitaria pública.
NO a una Ley que evita que los contratos de obras, bienes y servicios sean gestionados exclusivamente por Funcionarios Estatutarios Fijos o de Carrera de forma INDEPENDIENTE y sin injerencias políticas.
NO al cargo en el presupuesto del SAS de las obras, bienes y servicios de las Fundaciones y Agencias Empresariales paralelas.
NO a la Plataforma Central de Compras bajo la dirección de comisarios políticos. NO a la Gestión por Competencias Profesionales. Los perfiles profesionales son propios de la gestión privada y facilita y fomenta el “ENCHUFISMO”. Los profesionales de la sanidad pública deben cumplir los criterios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al sistema.
NO a la incorporación de personal laboral procedente de las agencias empresariales y fundaciones al SAS, sin que ésta sea en las mismas condiciones de acceso que el resto del personal Funcionario Estatutario.
NO a la gestión de la CALIDAD basada en la Acreditación de Centros y Profesionales, la calidad viene dada por la satisfacción del paciente, las listas de espera, ratios de camas y de profesionales, así como de una cartera de servicios que responda a las necesidades de toda la población. La Calidad debe ir siempre orientada al Paciente, no sólo a su seguridad sino al conjunto de la asistencia, tanto al proceso como al resultado de forma individual y colectiva.
NO a “nuevos procedimientos” de selección y provisión de puestos de trabajo eventual o fijo, y movilidad voluntaria del personal fijo. Estos procedimientos ya están legalmente regulados. Exigencia de resolución de procesos de movilidad, selección y provisión anuales, ajustados a las necesidades de los distintos centros públicos de asistencia sanitaria con el fin de proporcionar al sistema el personal y tasas de reposición suficiente para atender satisfactoriamente a la población.
NO a la EQUIDAD de la asistencia basada en criterios técnicos-científicos. La Equidad ha de establecerse en función de la población, dispersión geográfica y accesibilidad. Toda la población de Andalucía tiene el derecho de recibir la mejor asistencia sanitaria posible independientemente donde residan.
NO a una ley que NO garantiza la eliminación del COPAGO, sólo propone “minimizar el impacto” de forma arbitraria.
NO a una Ley que no garantiza un presupuesto mínimo del 7% del PIB, finalista y provincializado, con un control trasparente de su ejecución.
NO A LA LEY DE GARANTÍAS Y SOSTENIBILIDAD DEL SAS.