El 27 de septiembre de 1975, al alba, fueron fusilados en diversos cuarteles de Madrid Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz , Jon Paredes, Txiki, y Ángel Otaegui. El dictador, que moriría tres meses más tarde, dio un último golpe de rabia a pesar de la oposición nacional e internacional. Contubernio judeo-masónico, dijo.
La misma excusa que mantuvo durante cuarenta años para justificar el sometimiento de un pueblo tras el alzamiento fascista contra el gobierno legítimo de la II República: tiros en la nuca, muertos en las cunetas, torturas, cadenas perpetuas, hambre, miseria…
Tras su muerte, su actuación no fue ni cuestionada ni juzgada. Gracias a la Transición la impunidad se impuso como se impuso un relato sobre lo sucedido hecho a imagen y semejanza del dictador.
Jose María «Chato» Galante y Jacinto Lara son miembros de La Comuna, asociación que lucha para que se reconozcan los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante los oscuros años del franquismo.
– Pregunta: ¿Qué se siente sabiendo que la persona que te puedes encontrar por la calle a la persona que te torturó durante el franquismo?
– Chato: Lo que uno siente es indignación sin necesidad de verlo. Cuando yo llevaba unos meses fuera de la cárcel y me entero que le conceden una medalla al mérito policial a Billy El Niño, en democracia ya, hace que te preguntes dónde estamos. En 1978, siendo Ministro de Interior Rodolfo Martín Villa, es decir, durante el segundo gobierno de Adolfo Suárez, se condecoró a un torturador compulsivo, conocido, denunciado, con tres o cuatro procesos abiertos durante la propia dictadura por malos tratos. Pero eso es porque a mí me afecta más directamente, fue él quien me torturó, es más indignante que la Presidencia de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas la ostente un individuo que firmó cinco sentencias de muerte; o que los jueces de mi proceso acabasen ejerciendo en el Tribunal Supremo o en el Constitucional. Lo que indigna es un aparato de estado que pasó íntegramente de la represión fascista a ser reconocido como democrático y, por tanto, respetado. Esto es lo que indigna.
– P.: Sin embargo sigue sin reconocerse que la tortura fue una práctica sistemática en las comisarías de policía, en los cuarteles de la guardia civil, en la antigua DGS… Los muertos fueron muchos, incluso en plena Transición. La tortura formaba parte del propio sistema franquista pero el aparato represor del Estado no ha sido desmantelado ni durante la Transición ni posteriormente.
– Jacinto: No, no ha habido ninguna depuración del aparato represivo. El Estado no ha asumido esa actuación como propia y, evidentemente, no ha tomado las medidas correspondientes contra los responsables de crímenes contra la humanidad. Ni las torturas ni ninguno de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y realizado por sus aparatos represores están reconocidos ni judicial ni extrajudicialmente. Las resoluciones que hemos tenido nosotros en el marco de la querella argentina en el marco de la extradición de Billy el Niño es que actúa sobre un delito aislado y cuando actúas sobre delitos aislados implícitamente estás negando que ese delito concreto que es objeto de denuncia se haya cometido en contexto de un ataque generalizado contra la población civil, que es lo que ocurrió y lo que tipifica que sea un crimen contra la humanidad. Es una doble negación: no se reconoce ni el crimen individual ni el contexto en el que se comete y esto es parte de la política de impunidad mantenida por el Estado español.
– P.: ¿Las heridas se cierran así, olvidándolas?
– J.: A mí no me gusta utilizar ese tipo de términos: ni heridas ni brechas. Aquí se trata simplemente de que se han cometido gravísimas violaciones de los derechos humanos que en ningún momento han sido reconocidas ni reparadas. Con esta actitud el Estado español incumple con todas sus obligaciones internacionales.
– C.: Hay que valorar una cuestión: ellos hablan de cerrar heridas y la primera cosa que sorprende es de las heridas de quién hablan. Qué disgusto le han dado en su vida, dónde está enterrado su abuelo, si en una cuneta, cuántas veces le he torturado, cuántos años de cárcel lleva usted… Es una falacia que lo que pretende negar es que un sector de la sociedad persiguió sistemáticamente a otro.
Con la cuestión de la extradición de Billy el Niño se habla de casos aislados, pero no puedes hablar en estos términos cuando tienes una policía política organizada para perseguir los derechos y las libertades democráticas y que tiene un organigrama concreto al igual que los tribunales especiales que juzgaban estos delitos.
Billy El Niño torturó a cientos de personas y mató a varias y por ahí anda, convenientemente condecorado.
– P.: Choca mucho que el Gobierno exija a unos que pidan perdón a las victimas pero ellos mismos, como representantes del Estado, no asuman su propia responsabilidad en cuanto el respeto a las víctimas del franquismo. ¿Un poco cínico, no?
– J.: No, es un fiel reflejo de la asimetría que existe en relación con el reconocimiento de unas víctimas y de otras en función de quiénes han sido los victimarios, quiénes han perpetrado los delitos. Si los delitos han sido realizados por parte del aparato del Estado, nos regimos por unas reglas y si han sido perpetrados por parte de una organización armada, una organización terrorista, estamos siempre ante un discurso completamente distinto. Pero ya no se trata solamente del discurso: estamos hablando del reconocimiento y protección de personas que han sufrido violación en sus derechos fundamentales. En este país, para las víctimas del terrorismo, existe una protección integral bastante amplia, con una cobertura muy importante y con un reconocimiento social, político e institucional. Para las víctimas del franquismo no existe nada de eso.
Existe única y exclusivamente la absoluta ignorancia por parte de las instituciones del Estado. Estamos hablando ya no solamente de un reconocimiento en el ámbito estrictamente político sino también en el ámbito judicial. Nadie discute que si un señor ha cometido un asesinato en el marco de una acción terrorista, se le persiga, se le juzgue y se le condene. Pero para una víctima de la dictadura franquista que ha sufrido en su propia carne o en la de sus familiares delitos muy similares no existe ni la más mínima protección ni el más mínimo reconocimiento. Estamos ante un doble relato, un relato oficial que se ha mantenido en relación con las víctimas de la dictadura que no tiene nada que ver con la realidad y por otro estamos con un relato, en relación con lo que es la violencia terrorista, que también está muy enmarcado en un marco social determinado y que no tiene ningún tipo de parangón con lo primero. Las víctimas mortales de ETA están en torno a las 900 personas pero las víctimas de la dictadura franquista fueron cientos de miles. No hay comparación, ni cualitativa ni cuantitativamente. Cualitativamente porque un delito de terrorismo no es comparable con uno de crímenes contra la humanidad y cuantitativamente ya hemos hablado de cifras. Y las víctimas de crímenes contra la humanidad en el Estado español no han tenido la más mínima reparación por parte del Estado, más allá de una Ley de Memoria Histórica del 2007 que no repara nada, que es absolutamente insuficiente y que tiene un marcado carácter administrativo cuando de lo que estamos hablando es de delitos y de crímenes.
-P.: El 27 de septiembre de 1975 tuvo lugar la ejecución de las últimas sentencias de muerte firmadas por Franco, siendo ya su sucesor Juan Carlos de Borbón y con Adolfo Suárez como Ministro-Secretario General del Movimiento. Se muere Franco y un año más tarde las Cortes Franquistas ya habían aprobado la Ley para la Reforma Política. ¿En unos meses Suárez fue capaz de desmantelar todo el aparato político y el represivo de unas Cortes y unos personajes que unos meses antes habían estado apoyando a Franco en su faceta más sanguinaria?
-C.: No. No lo hizo porque no era su intención. La idea era cambiar algo para que nada cambiara. Le ofrecieron a un sector del régimen la supresión de una serie de fórmulas y a cambio la Jefatura del Estado que designó el dictador se mantuvo, a cambio de no tocar el aparato del Estado, a cambio de la impunidad por los crímenes cometidos durante toda la dictadura y a cambio de seguir gobernando. Los mismos sectores sociales que habían dirigido este país de forma despiadada durante la dictadura lo siguieron haciendo después bajo otro marco jurídico. Y a la otra parte se le vendió el paquete con el fantasma de un golpe de estado y con el ruido de sables en los cuarteles.
Ellos no, pero los que sí hicieron un ejercicio de transfuguismo fue la izquierda que pactó el acuerdo porque ellos planteaban un modelo de estado completamente diferente (República, derecho a la autodeterminación…) y aceptaron un modelo completamente diferente.
El cambio se da en otro aspecto, creo que fuese su intención hacerlo.
– P.: Aunque lo que sucedió durante el franquismo no está completamente documentado sí que se han preservado a duras penas archivos y para las generaciones que no vivieron la dictadura ni la transición se está quedando como un punto (que no siempre se da) en los libros de historia. ¿El futuro del franquismo es el olvido y la impunidad?
– J.: Ya se perdió mucho fondo documental porque se destruyó. El Ministerio del Interior recibió órdenes expresas para que se destruyeran, si no todo, sí buena parte de esos archivos.
Con el tema de los archivos, más allá de lo que no se ha conservado, que es bastante, hay un problema de acceso, no se facilita su estudio. Ni siquiera en ámbitos judiciales se facilita el acceso a los fondos documentales de la represión. Puedes solicitar el acceso pero, por un lado está muy fragmentado (parte en el Archivo Histórico Nacional, parte en el Centro Documental de Memoria de Salamanca, otra en manos del ejército y, por supuesto, hay fondo documental de la represión en la iglesia católica y en el Ministerio del Interior), es un archivo con muchísimas patas. Lo que sí existe en general, sin particularizar, muchísimas dificultades para acceder a esos fondos por parte de investigadores, historiadores, personas directamente afectadas e, incluso, los pocos jueces que han querido investigar, cuando han librado oficios a los organismos correspondientes, se ha obstaculizado al máximo el que en el marco de un proceso judicial un juez pueda tener acceso a esos documentos.
El tema de los archivos es una estrategia más para obstaculizar el que se llegue a la verdad. Los fondos históricos de la represión son fundamentales para el establecimiento de una verdad histórica, investigadora… que debe contribuir al establecimiento de una verdad judicial a través de resoluciones judiciales. En el momento en que obstaculizas el acceso, te estás cargando el derecho a la verdad, igual que te estás cargando el derecho a la justicia y el derecho a la reparación de las víctimas.
– P.: En lo relacionado con la memoria histórica no solo hay derechos objetivos. Las emociones son muy importantes. Hay muchas familias que desean que los restos de su padre, su abuelo o su hermana reposen con ellos y saber la verdad de lo que sucedió con ellos, cómo murieron, dónde están enterrados… ¿Qué sentido tienen todas las dificultades, en muchos casos insalvables, para investigar las fosas comunes que sabemos que existen a lo largo de la geografía del Estado español?
– C.: Hay una batalla por el relato. En el mismo momento en que termina la dictadura empieza otra batalla que es cómo contar lo que ha sucedido. Y es una batalla absolutamente desigual. Ellos tienen todos los medios de comunicación, los mecanismos de educación, todo el poder que les da el aparato de estado… Y enfrente tienen a un pequeño sector de la sociedad que ha tenido la experiencia directa de vulneración de derechos humanos básicos. Hay que negar la existencia de eso. ¿Por qué no se abren las fosas? Pues porque el reconocimiento de que hay centenares de miles de cuerpos en fosas es algo que no les conviene, demostraría una represión feroz comprable solo a la de Camboya o algo así. En ningún país se ha hecho una salvajada de estas proporciones. Y el interés del aparato del Estado es hacerlo desaparecer.
Acaban de desenterrar los restos del padre de Ascensión Mendieta. Fue con nosotros a Argentina, con 80 años, a la jueza a denunciarle que quería los restos de su padre porque se había comprometido con su madre a que los enterraría juntos. Claro que hay un aspecto emocional en la medida que afecta a personas concretas. Lo que es decisivo es que las fosas son una parte de la batalla por la construcción del relato; los archivos y la documentación son otra parte de la batalla del relato. Yo no puedo tener acceso a mi proceso militar: lo he visto, pero cuando solicité que me lo fotocopiaran se negaron. Ni siquiera para mí. Y la siguiente vez que fui ya ni me lo dejaron ver. Cuando tú vas a esa argumentación que decía Jacinto, lo que te dan es tu sentencia ante el Tribunal del Orden Público y las declaraciones que hiciste tú mismo. Pero no te enseñan ninguna información de los seguimientos, de la actividad de la policía. Pequeñas referencias de un boletín interno que tenían que son absolutamente estrafalarias: por ejemplo, en las distintas referencias de ese boletín aparezco militando en cinco o seis partidos diferentes, dependiendo de la caída que había en ese momento te metían en uno o en otro. Ese es la cuestión: todo lo de la Brigada Político Social o de sus antecedentes de policía política no hay acceso a nada. ¿Por qué? Pues porque cómo van a mantener su relato si se pueden conocer cierto tipo de cosas.
Garantizar el acceso a la verdad solo se puede hacer a partir del recurso a la justicia. Es el mismo mecanismo que se hizo con el fascismo alemán. Gracias a los procesos de Núremberg se estableció una verdad jurídica: este es un régimen criminal. A partir de ahí… En Alemania no hay fundaciones Adolf Hitler, pero aquí sí que hay fundaciones Francisco Franco; allí no hay calles Goering, pero aquí sí tenemos General Yagüe… Tú estableces unos principios para el relato y a partir de ahí se puede discutir, investigar y escribir la historia que quiera, pero se ha establecido la realidad de una caracterización jurídica de aquel régimen. Eso es lo que queremos que suceda aquí.
– P.: Algunas cifras que dan los historiadores son espeluznantes, el franquismo supuso un grado de represión tremendo. Su función fue sólo ideológica también fue de acabar con las ganas y la capacidad de respuesta de toda una sociedad. ¿Creéis que sobre una base de muerte, asesinatos, tortura indiscriminada, se puede construir un sistema democrático realmente? ¿O pasará factura antes o después?
– J.: Un estado que se define como democrático y de derecho que ignora supinamente las reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, presenta un déficit tan importante que lo que dibuja el estado de derecho y lo que dibuja el estado democrático queda totalmente desfigurado. Sobre eso no puedes construir ni establecer unos pilares básicos que sostengan ese estado democrático y de derecho en unas condiciones mínimamente dignas, sobre todo para su ciudadanía. A partir de ahí cada uno tendrá una opinión al respecto. Pero sobre la ignorancia y sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en este país durante cuarenta años, la política del olvido que ha sido implantada, la política de desmemoria y la política de impunidad no pueden ser pilares básicos de un estado democrático de derecho. Tú te podrás definir constitucionalmente pero evidentemente va a presentar una serie de déficits tan sumamente importantes que va a desconfigurar ese estado democrático y de derecho, que es lo que ha venido pasando y que tiene un fiel reflejo en lo que está sucediendo ahora. No me refiero exclusivamente a la cuestión territorial catalana, me refiero a que cuando tú estableces un marco de impunidad tan importante como el que se ha mantenido aquí, eso se traduce en determinadas políticas que ya estamos viendo cuáles son, con unos niveles de corrupción muy importantes. Y esto lleva a la aprobación de leyes restrictivas de derechos fundamentales. Mientras esa orientación no se cambie se mantendrá el caldo de cultivo que propicia que suceda lo que pasa en este país durante este trayecto desde que se aprobó la Constitución de 1978.
– P.: ¿La sociedad alemana sería igual sin los procesos de Nuremberg?
– C.: Fue una batalla política por la resistencia del ejército y en parte de la propia sociedad alemana. Había un discurso similar al que hoy intentan hacer aquí: nosotros no sabíamos que existían campos de exterminio. Igual que cuando te dicen aquí no, yo no sabía que se torturaba sistemáticamente. ¿Alguien, en Euskadi, no sabía lo que pasaba tras los muros de Intxaurrondo? ¿Alguien en Madrid no sabía lo que pasaba en la Dirección General de Seguridad? ¿Alguien pensaba que los cuartelillos de la Guardia Civil eran guarderías modélicas? Había un miedo socializado a la Guardia Civil, a la Brigada Políticosocial y a todo ese tipo de cuerpos.
Y hay otra cosa que ha señalado Jacinto que es muy importante y es el conjunto de la sociedad. La idea de que este es un problema de las víctimas o de los familiares de las víctimas es errónea: es el conjunto de la sociedad el que lo está pagando. Ese tipo de transición que se hizo en sus condiciones de convivencia democráticas. Y no existen bases para ningún modelo de reconciliación que no esté presidido por un reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No puede haber estado de derecho mientras a mí se me niegue mi derecho a la justicia, mientras yo siga siendo un delincuente porque yo estoy “perdonado” pero nunca me han anulado las sentencias de los tribunales fascistas. Ni la mía ni la de Miguel Hernández, ni la de Lluis Companys, ni la de nadie. Seguimos siendo delincuentes. Y esto no me afecta solo individualmente, afecta a la sociedad en sus derechos y en el modelo social que tiene y su convivencia. Sobre esa base no se puede establecer para el conjunto de la sociedad un modelo de convivencia. Para nosotros hay una necesidad previa de reconocimiento para garantizar el estado de derecho.
– P.: Ahora mismo hay cosas preocupantes, como la impunidad que vuelve a tener reconocida la policía gracias a la Ley de Seguridad Ciudadana o la represión de la libertad de expresión, como ocurrió con la compañía de titiriteros detenida en Tetuán. ¿Esto forma parte de las consecuencias por no haber solucionado las cosas como había que haberlo hecho, enjuiciando por crímenes de guerra al franquismo?
– C.: Sí, eso y el estar inmersos en una situación de crisis general. En todas las situaciones de crisis el aparato de estado toma medidas más estrictas. El neoliberalismo cambia un modelo más consensuado por un modelo más impuesto que adopta un tipo de legislación más restrictiva de derechos. Es un fenómeno global. Recuerda la imagen de los Beatles y la policía inglesa y ahora ve a echar un vistazo por Londres, no tiene nada que ver. A estas alturas no se distinguen unas policías de otras, pero ese es un fenómeno más general. Pero nosotros tenemos sin aprobar asignaturas previas, no hemos hecho el bachillerato.
– P.: Todos los que tenemos cierta edad nos acordamos de la imagen del antiguo Jefe de Estado, Juan Carlos I, detrás de Franco el día 1 de octubre, en el baño de masas que se dio en respuesta a la oposición internacional contra los fusilamientos del 27 de septiembre. Según nuestra Constitución Juan Carlos es el legítimo heredero de la dinastía histórica pero realmente fue nombrado sucesor por Franco. ¿La línea del régimen continúa?
– J.: En cuanto a la línea del Jefe de Estado, sí.
– C.: Hay una ruptura democrática en el sentido de que tenemos un parlamento, hay elecciones libres… Cuando la gente dice que esto es una dictadura, sobre todo la gente más joven, pienso que cómo se nota que no han conocido una dictadura real. Hay muchas limitaciones en nuestro sistema pero yo no creo que sea eso, es que tú necesitas un modelo de sociedad distinto, más libre y más justo siempre. Las limitaciones de ahora no son las de la dictadura pero lo que sí es verdad es que hay cosas básicas previas y en las que se debería basar este sistema que no se han hecho porque no hubo una ruptura democrática en condiciones. Hay continuidad en la Jefatura del Estado, hay continuidad en el aparato del Estado… Se producen unas limitaciones en el sistema de las que hablaba Jacinto. De lo que se trata es de tirar eso abajo y a partir de ahí construir de nueva planta algo distinto. No solo en el modelo territorial sino también en muchos otros aspectos. Yo no soy muy partidario de pensar en términos de continuidad estricta con el franquismo porque la Jefatura del Estado durante la dictadura estaba en manos de un señor que hacía lo que le daba la gana por encima de todos y que acaparaba en su puño todos los poderes del Estado, y la Jefatura del Estado de hoy, aun estableciéndose una continuidad con el franquismo, no tiene el poder ni las funciones de la Jefatura de entonces. Hay continuidad en un sentido pero no la hay en otro.
– P.: Cuando éramos jóvenes la gente de nuestra generación, en general, no íbamos al Valle de los Caídos a visitarlo como un monumento más. Pero lo cierto es que sus visitas aumentan. ¿Se está empezando a olvidar quiénes están enterrados allí? Porque simbólicamente es muy doloroso el que sigan enterrados junto a Franco cientos de asesinados por él. Si un día esa cruz deja de dominar la sierra madrileña ¿significará un cambio profundo en la sociedad española? ¿O solo es un símbolo?
– J.: Es un símbolo muy importante. Estamos hablando de un monumento de exaltación de un régimen dictatorial, un régimen fascista y, como consecuencia de que es un monumento de exaltación de una dictadura criminal y sanguinaria, nuestra posición es que eso debería desaparecer. El simple hecho de que desapareciera revelaría unos cambios en este país que hasta la fecha no se han producido. ¿Qué esté todo solucionado? Lo dudo mucho. El problema central no es, desde nuestro punto de vista, el mantenimiento de esa simbología, como puedan ser monumentos, símbolos, nombres de calles, etc. Eso tiene mucha importancia porque revela la existencia de un déficit democrático muy importante en este país. Lo ideal es que desapareciera. Pero el Valle de los Caídos es un problema muy complejo porque es una de las mayores fosas comunes de este país. Estamos hablando incluso de personas que fueron inhumadas en el Valle de los Caídos y sus familiares ni siquiera saben que están ahí, se convierte en un problema. Puede haber unas 30.000 personas enterradas allí. A ver qué haces con esos restos cadavéricos. Seguramente habrá muchas familias que quieran recuperar los restos de sus seres queridos que están enterrados, prácticamente en todos los casos, sin la autorización y sin el conocimiento de sus familiares. Tenemos un problema porque siempre se puede hacer un memorial o lo que se considere oportuno pero luego están los derechos de los familiares que, lógicamente, hay que respetar. La solución siempre es compleja. Pero se le dé la solución que se le dé, lo que hay que hacer es que deje de tener el significado que actualmente tiene. Hay que resignificarlo pero ya, desde mañana mismo. Sacar los restos de Franco y de José Antonio y a partir de ahí repensar y reformular qué tiene que ser. Pero hay que desterrar lo que ese monumento, hasta día de hoy, ha venido significando.
Esto entraría en la remodelación del relato oficial y ofrecer un relato que se ajuste a la realidad, a lo que aconteció de verdad. Esa es nuestra posición.
Insisto en que hay muchos problemas porque cuando estamos hablando de una o de la mayor fosa común de nuestro país, que alberga el cuerpo de 30.000 personas, casi todos republicanos…
– C.: Los muertos del otro bando no querían estar ahí, querían ser enterrados con sus familias. Fueron a las fosas comunes que habían utilizado previamente y levantaron los restos para llevárselos de allí y trasladarlos al Valle de los Caídos sin comunicárselo a nadie porque como Franco, en su megalomanía, quería un entierro faraónico. Si los faraones se enterraban con su séquito, Franco quiso enterrarse con los que él había matado. Como fenómeno es algo indescriptible en el siglo XX y que siga existiendo en el siglo XXI y que se hagan excursiones desde Madrid para ir a verlo es espeluznante.
-J.: Debe ser de los escasos monumentos que existen en el mundo donde el victimario está enterrado junto a las víctimas, en el mismo espacio. Espacio que, además, tiene un carácter religioso. El dictador es enterrado junto a las víctimas.
También quiero insistir mucho en que eso forma parte del relato oficial porque entra dentro del discurso que se ha mantenido de las políticas de reconciliación. Dicen que es un símbolo de reconciliación.
– C.: El asesino y sus víctimas están juntos, reconciliados.
– J.: Es la imagen que se pretende transmitir junto a otras muchas. Ha habido propuestas de todos los gustos y colores en relación al Valle de los Caídos, incluso renombrarlo Valle de La Paz. Dudo mucho que esta última propuesta tenga mucho que ver con la realidad: no se puede llamar Valle de La Paz al lugar donde están enterradas 30.000 víctimas de un genocidio.
A nadie se le ocurre que Auschwitz se convirtiese en un monumento de exaltación al nazismo. Auschwitz está resignificado. Buena parte del campo está conservada pero resignificada, está orientada hacia el recuerdo de las víctimas, a su reconocimiento. Y a contar lo que realmente sucedió en ese espacio. No tiene nada que ver con el Valle de los Caídos. Lo único que digo es que no es tanto que desaparezca la cruz como que se le dé un giro. La cruz tendrá que desaparecer en algún momento porque, según mi opinión, no puede tener la consideración de un espacio religioso bajo ningún concepto. Hay que resignificarlo reconvertirlo.
Lo que ocurre también es que hay un serio problema en cuanto a la exhumación de los restos de las 30.000 víctimas
C.: Sí, porque el suelo se ha venido abajo, se han mezclado unos restos con otros… Es una zona atravesada por la capa freática, muy húmeda, con inundaciones. Hay zonas enteras de las catacumbas del Valle de los Caídos donde no se puede entrar desde hace 20 años. No hay acceso posible. Por eso se dice que hay alrededor de 30.000.
– P.: Pero el número exacto se desconoce, ¿no?
-J.: Se puede cuantificar basándonos en los registros porque sí es verdad que se registraba. Hay un registro del Valle de los Caídos, aunque seguro que no está completo. Se habla orientativamente de ese número de personas conforme a registros.
-C.: Tienes ahí enterrados a todos los que murieron durante la construcción del mausoleo y esos no están en ningún registro porque significaría reconocer un tipo de actividad que no querían reconocer. Hay gente que en su partida de defunción dice que murió en la cárcel de Porlier y que está en el cementerio de Carabanchel pero realmente está en el Valle de los Caídos. Todo tenía una explicación según convenía.
– P.: ¿Cómo se puede preservar la memoria histórica para la gente que ya ha nacido en democracia?
-C.: Es una cuestión de trabajo. Si tú viajas, por ejemplo, por Euskai, por Navarra, pueblo a pueblo, hay gente que ha escrito la historia de esa represión. A lo mejor un pueblo de 5.000 personas van por el tomo 14 explicando lo que pasó, porque hay mucha gente con interés en recuperar ese tipo de información.
En Madrid es mucho más difícil, pero hay investigadores que, si tuviesen acceso a la documentación lo haría sin ningún problema porque hay mucha gente interesada. No te puedes imaginar la cantidad de personas que se dirigen a La Comuna queriendo recoger testimonios de tortura, de las fosas, de las cárceles… Hay mucho interés precisamente porque es una de las cosas que más se ha ocultado y hay un sector de gente interesado en recuperar la memoria.
-P.: A mí me da miedo que la falta de memoria, que la falsedad del relato oficial, pueda embellecer de alguna manera la masacre que fue el franquismo ante las generaciones más jóvenes.
-C.: Socialmente es una consecuencia. Si tú estableces una verdad jurídica sobre lo que fue aquello y demuestras la existencia de crímenes contra la humanidad, eso es algo demostrado, comprobado y que pasa a formar parte de la memoria democrática de esa sociedad. Mientras no lo hagas puede aparecer en cualquier momento. Si tú juzgas los crímenes contra la humanidad, estableces una serie de verdades que son hechos probados jurídicamente y condenados, eso pasa a la memoria democrática. Eso no quiere decir que no vaya a haber fascistas, pero la sociedad sí sabrá lo que significa porque como sociedad tiene un relato de lo que pasó. Y el relato en este país es un relato que permite que Falange, por ejemplo, que fue un pilar de la represión, pueda salir a la calle con toda su simbología.
Hay un relato oficial que no aguanta un análisis sensato. Y nuestra historia rompe ese relato oficial. Solo se pueden cerrar las heridas que realmente existen si estableces una base de respeto absoluta a los derechos humanos básicos. Ese tiene que ser el terreno sobre el que hay que construir porque en caso contrario el discurso no se sostiene.
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