Jesús Ausín
Con fecha 7 de junio pasado, el BOE publicaba el Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud, por el que se convoca licitación pública del contrato de servicio de intervención comunitaria para la prevención y promoción de la salud en el cuidado de los malestares de la vida cotidiana (BOE 135 del 7 de junio).
La Plataforma Salvemos el Ramón y Cajal, a la cual pertenezco, ha rechazado de plano la “privatización” de este servicio de intervención comunitaria que ahora mismo no se presta y por tanto es de nueva creación. El MATS, sindicato asambleario de Sanidad, emitió un comunicado rechazando de lleno esta privatización de servicios sanitarios. Igualmente UGT se ha posicionado en contra con el consiguiente comunicado.
La razón esgrimida por el Gobierno de AhoraMadrid y en particular Javier Barbero, Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, es el impedimento que tienen para contratar personal dependiente directamente del Ayuntamiento debido a la Ley Montoro y a su techo de gasto.
No dudo que uno de los fines de la ley Montoro sea la de obligar a los ayuntamientos a privatizar servicios. Porque, llama la atención que no se puedan prestar esos servicios publicados en el BOE directamente con personal del Ayuntamiento de Madrid, contratado al efecto, pero sí se puedan gastar 6.287.872,48 euros si quién lo lleva a cabo, es una empresa privada, y que eso no afecte al techo de gasto. Al final el gasto es el mismo (bueno posiblemente es mucho más caro privatizándolo) pero uno computa y otro no, ¿por qué?
Lo que a mi me llama la atención y a gran parte de mis compañeros de PODEMOS, así como al 99% de los componentes de la Plataforma “Salvemos el Ramón y Cajal” es que, quiénes han luchado contra esta ley que les obliga a no poder dedicar a gasto social lo que pretenden, ni aumentar el presupuesto, a pesar de haber tenido superávit y reducido la deuda que dejó Gallardón en unos 3.000 millones, y han hecho caso omiso a las advertencias del Ministro, llegando incluso a pleitear en un contencioso, el rechazo al plan económico financiero, en esta ocasión no sólo no haya presentado lucha, sino que se han dado por vencidos antes de comenzar la batalla y además se cierren filas entorno a una decisión que los militantes de PODEMOS no entendemos, que los votantes de AhoraMadrid rechazan, que los profesionales de la sanidad no quieren y que se ha tomado sin consultar, no a las bases, sino ni siquiera al círculo de Sanidad o a los Voves del Ayuntamiento con quién se tuvo una primera reunión de presentación y a quién nunca más se convocó antes de tomar la decisión y sacar adelante el anuncio.
¿Por qué seguir adelante con algo que la sociedad no reclama, con lo que tus enemigos se están frotando las manos y que cabrea masivamente a tus simpatizantes y compañeros?
El techo de Gasto no es excusa en esta ocasión. Se trata de servicios de nueva creación, que están muy bien, pero que a quiénes van de dedicados ni reclaman, ni estiman prioritarios (dile tu a un abuelo al que no le llega la pensión o a un parado sin prestación, que le vas a dar una charla sobre como afrontar los malestares de la vida). Si se pueden prestar como servicio público desde el ayuntamiento, bien, sino, una de dos, o seguimos luchando por acabar con esa nefasta ley realizada para que el liberalismo sea obligatorio incumpliéndola y llevándola a los tribunales, o lo dejamos hasta que la justicia nos de la razón o un gobierno de cambio acabe con ella.
El Gobierno de AhoraMadrid debe dar marcha atrás, antes de que sea demasiado tarde.