La Intervención detecta que el centró abonó entre 2009 y 2015 menús de los pacientes sin adjudicación que lo respaldase. El hospital aduce que no hubo irregularidad y que resultó más barato
El hospital Clínico San Carlos de Madrid, que atiende a 366.000 vecinos, ha estado seis años permitiendo a una empresa gestionar un servicio básico del centro (los menús que comen los pacientes) sin concurso público de por medio. Entre noviembre de 2009 y agosto de 2015 la dirección del centro aprobó pagos por valor de 10,2 millones de euros a la empresa Mediterránea de Catering, a pesar de que ya no era la adjudicataria, según recoge un durísimo informe de la Intervención General del Gobierno regional del ejercicio 2015, que se va analizar próximamente en la comisión de la Asamblea de Madrid que analiza la deuda regional. Un portavoz del centro señala que el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal han avalado sus actuaciones en enero de este año.
«Durante varios ejercicios se ha puesto de manifiesto un grave incumplimiento de los principios básicos de la contratación pública: publicidad, transparencia, libertad de acceso a las licitaciones, concurrencia, objetividad y selección de la oferta más ventajosa para los intereses del hospital», señala la Intervención. Unos principios que no se cumplieron dando lugar a «contratos irregulares». El más significativo, por su cuantía económica, es el «servicio para la adquisición de productos alimenticios del hospital y planificación de las dietas», formalizado en noviembre de 2007 por dos millones de euros con Mediterránea de Catering. Es decir, las comidas que reciben los pacientes. Esta sociedad, constituida en 1988, tiene entre sus accionistas a su fundador Mariano Muñoz Orejón y al fondo de inversión Portobello Capital.
El contrato adjudicado en 2007 solo tenía la vigencia de un año, prorrogable otro más, es decir, hasta 2009. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas prohíbe taxativamente «una duración mayor a la derivada de la posible prórroga», por lo que desde noviembre de 2009 las prórrogas concedidas por el hospital no tienen base jurídica, según la Intervención. Además, «el precio se ha incrementado considerablemente sin que por el centro se haya aportado justificación suficiente». Entre 2009 y 2013, sin contrato de por medio, la pensión alimenticia subió un 31,4%. Según el hospital, los precios crecieron «por la introducción de nuevos productos y para reestablecer el equilibrio financiero al disminuir el número de dietas requeridas por el cierre de áreas de hospitalización como consecuencia de la ejecución de obras importantes».
Entre 2009 y 2013, ya sin contrato, los precios del menú que facturaba la empresa subieron un 31,4%
Para la Intervención «esta mera explicación no es suficiente. No consta que se haya tramitado expediente de modificación de contrato ni que se dieran las circunstancias previstas para ello». En definitiva, no se «promovió una nueva licitación pública. En consecuencia, ha habido un incremento improcedente de la facturación de esos años». Entre 2009 y 2013 la Intervención calcula en 8,9 millones de euros el montante pagado por los menús. Faltan los datos de 2014. Entre el 1 de enero y el 16 de agosto de 2015 el Clínico pagó otros 1.317.131, euros, hasta que entró en vigor un nuevo contrato..
La Intervención solicitó una justificación del incremento de precios, la cancelación de esas prórrogas irregulares y la puesta en marcha de un nuevo proceso de licitación. Algo que se hizo en 2015. Desde entonces Mediterránea de Catering ha ganado todos los contratos. El último, de diciembre de 2016, por 1,59 millones de euros para distribuir 906.000 menús en un año. Un portavoz del Clínico asegura que el Tribunal de Cuentas, por contra, decretó el 13 de enero de 2017 el archivo de las diligencias preliminares que había iniciado tras conocer el informe de la Intervención por no tener «alcance». ¿Por qué? Porque aunque la «falta de título jurídico» en una relación de servicios entre una Administración y un particular puede ser una irregularidad administrativa, no hay alcance contable si los pagos realizados corresponden a servicios necesarios y efectivamente prestados. «Antes de llegar al Tribunal de Cuentas, órgano superior en este dictamen, los letrados de la Comunidad así como el Ministerio Fiscal también archivaron el informe».
El mismo portavoz argumenta que en 2009, cuando finalizó la prórroga del contrato, la «segunda fase del Plan Director del hospital preveía la reforma de la cocina. Al no conocer realmente el número de dietas, desayuno, comida, merienda y cena por paciente, que se tenían que servir se cerró un acuerdo con un cambio de valoración económica. En lugar de las dietas estimadas se iba a abonar las dietas consumidas, que es más beneficioso económicamente para el hospital al no saber si se podría utilizar la cocina o no». Al final la consejería de Sanidad presupuestó menos para ese Plan Director y la cocina nunca se reformó. Para la Intervención se tenía que haber licitado un nuevo contrato.
También la cafetería
No es el único contrato irregular que la Intervención detectó con esta empresa. En octubre de 2001 Mediterránea de Catering empezó a gestionar la cafetería del hospital por un periodo de 16 años. A cambio tenía que pagar un canon anual de 24.600 euros. Sin embargo la deuda acumulada hasta 2013 por la sociedad concesionaria era de 355.937 euros. «Hasta el año 2007 el hospital no facturó a la citada empresa y a partir de 2008 el centro y la concesionaria firmaron un acuerdo de compensación por importe de 392.863,99 euros, prohibida expresamente por la normativa contable y presupuestaria».
El hospital también perdonó un canon que debía recibir de la misma empresa porque esta suministró durante años miles de botellas de agua
El centro argumenta que el hospital estuvo un par de años sin poder suministrar agua por un grave problema en más de 20 kilómetros de tuberías. A cambio, la concesionaria de la cafetería suministró agua embotellada a pacientes y trabajadores, una media de 63.000 botellas al mes. Por eso se le compensó el canon. La Intervención destaca que «no se tiene constancia de que el hospital haya facturado o reclamado la deuda, o propuesto la rescisión del contrato». La Intervención también pidió al Clínico que justificara «cómo produjeron los hechos que aduce» y «que el importe de tal suministro fue el que se pretende compensar». El hospital reitera que en este caso el Tribunal de Cuentas, la Abogacía de la Comunidad y el Ministerio Fiscal también les da la razón.
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