El penúltimo caso de corrupción, ahora del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha vuelto a poner de manifiesto que no se trata de unas cuantas manzanas podridas en el PP, sino que este partido es una red corrupta en su conjunto. Basta recordar el número de causas abiertas (Gürtel, Noos, Púnica, Barcenas, Pokemon, Palma Arena…) y de altos dirigentes implicados (Ignacio González, Francisco Granados, Rita Barberá, Alfonso Rous, Carlos Fabra, Juan Cotino, Sonia Castedo…). La lista sería interminable.
Pero junto a todos los políticos, también aparecen implicadoslos consejeros o dueños de las grandes empresas en particular las del sector de la construcción (OHL, ACS, Ferrovial, Abertis…). Demostrando, una vez más que, para que exista una verdadera trama corrupta, se precisa la colaboración indispensable entre los cargos públicos y los propietarios de las grandes fortunas de este país.
Mientras la corrupción política y empresarial devoraba miles de millones de euros de las arcas públicas (inversiones innecesarias o absurdas como autopistas o aeropuertos; mordidas escandalosas como la del 3% en Cataluña; fuga y blanqueo de capitales en paraísos fiscales…); a las clases trabajadoras y populares se nos pedían sacrificios, apretarnos los cinturones o convencernos de que los recortes en sanidad, educación o servicios sociales eran necesarios e inevitables.
Más aún, mientras robaban a manos llenas, nos querían convencer que, lo mejor para este país, era vender las empresas públicas como el Canal de Isabel II; o privatizar nuestra sanidad construyendo hospitales gestionados por las mismas empresas con las que ellos tenían sus negocios. Concretamente en la sanidad madrileña, Ignacio González, quiso llevar a cabo la mayor privatización de la historia poniendo en manos de Sanitas, Ribera Salud o Capio, los hospitales que se construyeron durante el período de Esperanza Aguirre, mediante convenios totalmente ventajosos para las empresas que llevaron a cabo su realización o gestión.
De esta forma se estaba creando un triángulo de tres vértices: corrupción, privatización y recortes sociales; que se retroalimentaban mutuamente y de los que se beneficiaron ilegal y escandalosamente, una gran parte de la clase política (mayoritariamente el PP) y las élites económicas o financieras de este país. En el otro extremo estábamos los maltratados ciudadanos, trabajadores y todo el erario público expoliado por este latrocinio. Era como una especie de Triángulo de las Bermudas por donde desaparecían nuestra sanidad, nuestros derechos y nuestra dignidad. De esta manera las privatizaciones y la corrupción trajeron de la mano los recortes salariales, disminución de las plantillas, aumento de las horas de trabajo y una precarización que ya se sitúa en el 35% aproximadamente.
Pero no basta con indignarse. La corrupción y las injusticias existen y se amparan no solo por las ambiciones colectivas y personales de los indeseables; sino también por la indiferencia, la pasividad o la complacencia de la ciudadanía. No podemos seguir pensando que todo esto pasa porque tiene que pasar o porque somos así por naturaleza; eso no es cierto, no toda la gente es corrupta como no todos los hombres son maltratadores o toda la sociedad indiferente.
Concretamente en la sanidad madrileña hay mucho por hacer. Durante estos días están saltando a la palestra todas las irregularidades que han tenido lugar en los hospitales nuevos que mandó construir Esperanza Aguirre. En el Hospital del Tajo o en el Infanta Leonor se han detectado contratos ilegales, fraccionados, otorgados sin concurso, además de las tropelías habituales de las empresas gestoras que han sido responsables también, de los servicios no sanitarios y a los que se les ha sometido a unas condiciones laborales humillantes que han repercutido en la calidad asistencial.
La sanidad pública ha sido asaltada, saqueada y está siendo devorada por intereses privados o corporativos a cuya cabeza están los cargos del PP y los dueños o consejeros de las empresas privadas. Los damnificados siempre somos los mismos: usuarios y trabajadores del sector. No nos queda otra que seguir luchando y responder ante cada agresión o intento de acabar con nuestros derechos o nuestra sanidad.
Por esa razón, el MATS, además de unirnos a la denuncia de la corrupción política (y muy en particular la que está teniendo lugar en la sanidad pública); creemos necesario señalar que ésta, forma parte de un mismo paquete junto a los recortes sociales y las privatizaciones. No son cosas distintas ni separadas.
Por lo tanto, el MATS, creemos que es necesario luchar contra todas ellas a un mismo tiempo. Y para ello, seguiremos proponiendo la necesidad de articular un amplio frente entre los trabajadores sanitarios, no sanitarios y muy en especial, de éstos con los usuarios y el conjunto de la ciudadanía.
Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad
21 de abril de 2017