Por primera vez en la historia dos juzgados de la Audiencia Nacional coordinan una operación contra una «organización criminal» que actuaba a través de las empresas públicas del Canal de Isabel II y Mercasa
Operación contra la corrupción en la etapa de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. La UCO realiza una treintena de registros y ha detenido a doce personas, entre ellas al propio Ignacio González. Los agentes también investigan a su hermano Pablo, directivo de la empresa pública Mercasa, y a Edmundo Rodríguez, que fue uno de los máximos responsables del Canal de Isabel II en Latinoamerica. Se trata de una operación pionera porque por primera vez la coordinan dos juzgados de la Audiencia Nacional. El juzgado número 6, que dirige Eloy Velasco, investiga la presunta corrupción a través del Canal de Isabel II y otras empresas. El juzgado número 5, que dirige el juez José de la Mata, investiga la presunta corrupción a través de otra empresa pública, Mercasa. En ambos casos se investigan sobreprecios en contratos públicos para el supuesto pago de comisiones a la trama liderada por González, epicentro de las pesquisas.
Los investigadores les atribuyen los presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificacion documental. Las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron en octubre de 2015 y la denuncia ante la Audiencia Nacional se presentó en julio de 2016. Entre los registros de la Guardia Civil figuran el domicilio del expresidente madrileño y la sede del Canal de Isabel II.
Irregularidades en el Canal
El principal eje de esta investigación es la compra por parte de Inassa, es decir el Canal de Isabel II, de la sociedad brasileña Emissao por un valor que podría ser cuatro o cinco veces superior al real. El presidente de Inassa, una de las principales empresas investigadas era Edmundo Rodríguez, una persona de máxima confianza de Gonzalez. De hecho, fue una de las personas que le acompañó en su polémico viaje a Cartagena de Indias donde fue espiado. Rodríguez fue una de las personas a quien se le pudo ver junto a González entrando en una vivienda con varias bolsas blancas y salir después sin ellas. El presidente de Inassa fue destituido en 2016 por Cristina Cifuentes después que su nombre apareciese en los papeles de Panamá.
La ruinosa compra de Emissao se hizo en tres pagos, dos de ellos a través de una cuenta en Suiza del Royal Bank of Canada y la tercera en el banco portugués Bradesco. Todos los pagos se hicieron desde una cuenta del Helm Bank Miami ubicado en EEUU. La clave de esta investigación es saber si parte del dinero acabó desviado a las personas vinculadas con esta operación, entre ellas Ignacio González. La UCO investiga si hubo enriquecimiento personal por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid.
La UCO también sospecha que Ignacio González adjudicó contratos públicos de manera ilícita por cobrar comisiones a cambio y blanqueó ese dinero a través de familiares. Emissao no es la única empresa en la diana de los investigadores. Hay otras dos empresas más ubicadas también en Colombia en las que están implicados los detenidos.
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Irregularidades en Mercasa
El juez José de la Mata abrió una pieza separada secreta para investigar el consorcio Mercasa-Incatema. Ese consorcio, Mercasa, en el que trabaja el hermano de Ignacio González, es la conexión entre ambas causas.
De la Mata ha ordenado este miércoles la práctica de diversos registros en Madrid, en coordinación con el juez Velasco, y la imputación de una decena de personas
Se investiga un contrato para montar un mercado mayorista (CLOD) en la capital de Angola, Luanda, por más de 500 millones de dólares. Sospechan que se generaron sobreprecios para el pago de comisiones, y los investigadores atribuyen los delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal.
Armando Andrade, exdirectivo de esta empresa pública, confirmó en una entrevista exclusiva a la Cadena SER las irregularidades de Mercasa en Angola a través de su lugarteniente en el país africano, Guillerme Taveira Pinto, prófugo de la justicia española por su presunta implicación en otro caso de corrupción, el caso Defex. Andrade apuntó a un presunto delito de blanqueo de capitales en la filial Mercasa – Incatema, de participación pública, y apuntó a negocios del Canal de Isabel II.
