El TSJA obliga al Ayuntamiento de Oviedo a subrogar a los 29 trabajadores de la Auxiliar de Recaudación

El equipo de gobierno estudia «recurrir» la decisión judicial que reconoce una «sucesión de empresas»

La sala de lo Social considera «nulo» el despido y deberán ser readmitidos de forma inmediata

Una directiva comunitaria de la Unión Europea le bastó al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para declarar «nulo» el despido colectivo de los veintinueve trabajadores de la Auxiliar de Recaudación y obligar al Ayuntamiento a subrogarlos. Esto resume mucho un ‘culebrón’ judicial que se inició cuando el Ayuntamiento decidió remunicipalizar el servicio de Recaudación, con oposiciones suspendidas de por medio, y varios frentes judiciales abiertos. Uno de sus últimos capítulos se desveló ayer al mediodía.

La Sala de lo Social del TSJA hizo pública la sentencia del juicio, celebrado el pasado 2 de marzo, en base a una demanda interpuesta por los trabajadores por despido colectivo contra el Ayuntamiento. Durante la vista oral, Federico Recalde, el abogado de los veintinueve extrabajadores de la empresa que gestionó hasta principios de año los tributos municipales, argumentó que el Ayuntamiento tenía que subrogar a los exempleados de la Auxiliar amparándose en una directiva comunitaria. Esta recoge expresamente que tienen que ser subrogados en el mismo momento que se «transmiten los medios esenciales para desarrollar una actividad», independientemente de que la empresa en cuestión sea una administración pública, en este caso un ayuntamiento. Aquí radica lo esencial de la sentencia judicial. El escrito recoge que «queda acreditado que durante los días 2, 4, 5, 13 y 31 de enero de 2017 se hicieron sucesivas entregas al Ayuntamiento de las aplicaciones informáticas y archivos que éste había previamente requerido». La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias va más allá y describe como el Ayuntamiento en esos requerimientos de entrega del material informático, efectuados los días 28 y 29 de diciembre de 2016, «recuerda lo esencial de dicha entrega a fin de garantizar la continuidad del servicio y la prohibición de paralización de los servicios municipales». Traducido a lenguaje coloquial: sin el material informático que cedió la Auxiliar al Ayuntamiento el servicio de Recaudación municipal no se hubiese podido poner en funcionamiento. Esto redunda en una sucesión de empresas que obliga al Ayuntamiento a contratar a estos trabajadores como así reza la sentencia del TSJA, que declara «nulo» el despido colectivo de los veintinueve extrabajadores de la Auxiliar.

Todos ellos se reincorporarán al servicio de Recaudación como personal laboral indefinido no fijo, explicó su abogado, Federico Recalde. Además, el Ayuntamiento «tiene que darles la ocupación de acuerdo a su categoría», matizó el letrado. Eso sí, se deberá de abrir un período de «reajuste» entre los trabajadores y su nuevo empleador. De momento, los dos puestos que sí tienen una asignación clara serán los de María Jesús Castiñeira y Ángel Fernández que deberán ser readmitidos como delegados de personal aparte de sus funciones dentro del servicio de Recaudación, recoge la sentencia.

La «readmisión» de los extrabajadores es la única «opción» viable al tratarse, como reconoce el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de un despido nulo. No cabe la posibilidad de indemnizarles, una opción que sí se da cuando el despido es improcedente. Además, las sentencias de lo Social son ejecutivas, esto es, el Ayuntamiento debe ejecutar y hacer efectiva la sentencia independientemente de si recurre la decisión judicial o no. Si no presenta recurso, la sentencia será firme y los trabajadores deberán reincorporarse inmediatamente. En caso contrario, los trabajadores también se reincorporarían al servicio de Recaudación de manera provisional mientras resuelve el Tribunal Supremo. En este punto, según explicó el letrado de los empleados de la Auxiliar, el Ayuntamiento tendría dos opciones: pagarles el sueldo hasta que se resuelva el recurso sin que acudan a sus puestos de trabajo o, lo más «lógico», que acudan a sus puestos y cobren por el desarrollo de sus servicios. Un recurso de casación puede tardar en resolverse entre seis meses y dos años, calculó el abogado. Y todo sin perjuicio a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que «no afecta a esta decisión judicial», apuntó Recalde. En este sentido, explicó que «la ley española prevé esta contingencia a través de la sucesión de empresas y las administraciones públicas no son inmunes a ello».

¿Y ahora qué?

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no es firme. Cabe recurso de casación ante la sala 4 del Tribunal Supremo. El Ayuntamiento tiene cinco días hábiles para presentarlo, esto es, hasta el viernes 31 de marzo. En este punto ya se conocería si la sentencia es firme o provisional. Si es firme «en diez días los trabajadores ya podrían reincorporarse», afirmó su letrado. Pero, al cierre de esta edición, el equipo de gobierno no había decidido aún si recurrir o no. «Estamos estudiando la sentencia con los técnicos municipales para ver qué decisión se toma porque el recurso de casación tiene algunos condicionantes», explicaron fuentes municipales sin dar más detalles.

Ahora se abren varios interrogantes. Uno de ellos versa sobre el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Ente de Servicios Tributarios del Principado el pasado 1 de enero. Desde esa fecha, el gobierno regional gestiona directamente el cobro de la viñeta, del Impuesto de Actividades Económicas y de la vía ejecutiva; el Ayuntamiento se encarga con personal propio del resto de la recaudación que hasta 2016 llevaba a cabo la concesionaria. «El convenio fue una decisión política que ahora deberán reorganizar», apuntó Federico Recalde. Sobre el futuro del contrato se mostró prudente pero sí aventuró que o bien se llega a un «acuerdo entre las dos partes» o habrá que «revocarlo» porque ahora hay personal «suficiente» y «cualificado» para llevarlo a cabo, aseveró el abogado de los trabajadores.

«Me siento como cuando iba a mirar la nota de un examen». Así explicó María Jesús Castiñeira, portavoz de los trabajadores de la Auxiliar cómo se sentía tras conocer la sentencia que obliga al Ayuntamiento a subrogar a los veintinueve trabajadores de la antigua adjudicataria. «Estamos muy contentos y esto demuestra que lo que pedíamos no iba tan desencaminado». De igual modo se mostró su compañero Ángel Fernández: «Tenemos muchísimas ganas de empezar a trabajar. Llevamos dos años luchando para que escucharan nuestras pretensiones», afirmó. Fernández aseguró que «están en manos del equipo de gobierno» y ofrecen toda su «colaboración» para «ponerse a funcionar mañana mismo» porque, explicó, con el personal actual no «le salen los números» a la hora de cuantificar cuanto ha recaudado el Ayuntamiento desde que remunicipalizó el servicio el pasado mes de enero.

Fuente: El Comercio