El rescate del centro hospitalario privatizado provoca tensiones entre los empleados y la empresa concesionaria
El consejero delegado de la sociedad, Alberto de Rosa, censura la actitud de la conselleria y anuncia que Ribera Salud llevará a los tribunales la decisión del Consell de rescatar la concesión
El pasado martes, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, la socialista Carmen Montón, anunció que el Gobierno valenciano había comunicado a Ribera Salud, empresa que gestiona el Hospital de Alzira, la no renovación de la concesión sanitaria, que concluye el 1 de abril de 2018. Así, este mes de abril comienza el proceso de rescate de la gestión, que durará un año y en el que la Generalitat tutelará la transición al sistema público de salud del centro de La Ribera y los consultorios de atención primaria de la zona.
Uno de los compromisos políticos del ‘Acord del Botànic’ era la reversión de las concesiones sanitarias – La Ribera es la primera y el Consell trabaja para recuperar la gestión del hospital de Dénia, en manos de DKV, mientras que las otras tres no podrán ser recuperadas en la actual legislatura-. Sin embargo, la decisión del Gobierno valenciano -calificada por Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, como ‘ Riberexit‘-, no es aceptada por la empresa concesionaria, que ha anunciado su decisión de recurrir judicialmente la medida.
Queda un año por delante, hasta que la gestión pase a ser pública, en el que las relaciones entre la Administración y la empresa parece que no van a ser las más cordiales. De Rosa denunció el pasado jueves que la conselleria había enviado inspectores al hospital de Alzira para comprobar que no se destruya documentación.
Lo mismo puede ocurrir entre la sociedad concesionaria y los trabajadores, que desde el primer momento, en febrero de 2015, antes de las elecciones autonómicas, apostaron por la gestión pública. Al menos cinco de los seis sindicatos representados en el comité de empresa lo hicieron.
En ese conflicto entre la empresa y los trabajadores ha aparecido recientemente un nuevo actor. Se trata de la plataforma Sanitat Sols Una, una asociación creada para defender el conocido como ‘Modelo Alzira’ de la que ya forman parte cientos de personas.
Se trata, explican los sindicatos, de un colectivo auspiciado por Ribera Salud -que hasta hace nada buscaba testimonios «bonitos y felices» entre los pacientes del hospital para la elaboración de un vídeo ‘clínico’- y que no cuenta entre sus partidarios con una mayoría de los alrededor de 1.600 trabajadores de la sociedad, dado que «gran parte de sus componentes no son personal sanitario».
Belén Doménech, presidenta del comité de empresa, cuestiona la decisión de la empresa de recurrir y denuncia presiones desde Sanitat Sols Una a los trabajadores para que se sumen a la plataforma. «La relación con la empresa no ha cambiado», explica Doménech.
Desde Ribera Salud lamentan que los sindicatos hayan adoptado una postura más beligerante en los últimos tiempos después de una década de «paz social». «Ahora, sin embargo, está todo mal», apuntan, explicando que sólo difunden noticias negativas relacionadas con la empresa. Como contrapartida, la dirección del centro utiliza el tablón de anuncios del hospital para ensalzar la gestión privatizada y dar publicidad a las noticias negativas relacionadas con el departamento que dirige Montón.
En este sentido, Pedro Durán, representante del sindicato de médicos Simap en el comité, denuncia el ambiente de «crispación» que se vive en La Ribera, con un clima de mucha tensión con la dirección del centro. También se refiere a Sanitat Sols Una, de quienes dice que se arrogan la representación de los trabajadores, «a quienes presionan para recabar adhesiones». «No la tienen. Usurpan las funciones de los sindicatos para defender un modelo que ha supuesto inseguridad laboral y a una empresa que despide, sanciona y lleva a cabo modificaciones laborales de forma unilateral cuando lo que se ha vendido es una relación laboral idílica que no es real».
Por ello, Durán sostiene que muchos trabajadores tienen miedo y se sienten maltratados, al tiempo que cuestiona el sistema de incentivos de la empresa, que «divide a los médicos, porque no se trata igual a un médico de atención primaria que, por ejemplo, a un neurocirujano».
Subrogación de los trabajadores
En cuanto al futuro de los trabajadores, el comité de empresa se muestra esperanzado en que la transición al sector público se produzca lo más rápidamente y de la forma más adecuada posible. «Todavía no nos han dicho cómo, pero sí que parece que la conselleria lo tiene claro», explica Belén Doménech, quien aclara que son conscientes de que no pueden pasar a ser personal estatutario (funcionarios): «Lo que queremos es que se mantengan los puestos y se respeten las condiciones laborales, y la conselleria ha mostrado su voluntad de que se produzca un proceso pacífico de transición».
El próximo jueves 6 de abril se reúne la comisión técnica. «Esperamos que, una vez ha comenzado el proceso, ya nos empiecen a concretar cosas, porque de momento tenemos una declaración de buenas intenciones pero ningún documento», indica la presidenta del comité de empresa quien, no obstante, asegura que los trabajadores están tranquilos: «Hasta ahora, Sanidad está cumpliendo con los plazos marcados».
Fuente: El Diario