El goteo de noticias de posibles casos de corrupción que tienen como protagonista a la privatización de la sanidad pública está acelerándose. Unos “sobrecostes” que viene denunciando la Marea Blanca durante un largo periodo, pero reclaman ir un paso más allá y tomar cartas en el asunto contra el negocio de las privatizaciones.
Las recientes informaciones que apuntan a los procesos de privatización de hospitales en Madrid y Valencia no han pasado desapercibidos para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. A la pista que sigue el juez de la Púnica, Eloy Velasco, sobre presuntas irregularidades en el Gobierno de Esperanza Aguirre a la hora de publicitar sus nuevos complejos hospitalarios, en los últimos días se le ha sumado la detención de nueve personas en Valencia a nueve personas relacionadas con una supuesta trama de corrupción vinculada al Hospital General de Valencia y su exgerente Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco, que cumple condena por malversar fondos destinados a cooperación internacional.
Unos casos que han elevado el termómetro de la Marea Blanca que no le ha sorprendido estas intervenciones judiciales. “En todas las concesiones de nuevos hospitales se han repetido los mismos problemas: se multiplica entre cuatro y siete veces su coste, irregularidades en la adjudicación de las concesiones, recortes en edificios y equipamiento, deterioro en la calidad de los materiales, retrasos en la entrega de los centros, contrataciones de personal amañadas, trampas y sobreprecios en la publicitación e información al público, etc”, relata el colectivo.
Y es que otra de las patas de esta trama que denuncia la Marea Blanca y que afecta a la sanidad pública tiene que ver con la parte empresarial. Nombres como Acciona, OHL, Dragados-FCC o Cofely vienen a la mente de la federación por sus apariciones en los casos judicializados. “Las más importantes empresas de la construcción española se encuentran presuntamente involucradas en las tramas de la Gürtel y la Púnica”, resumen. Asimismo, tampoco olvidan la presencia de “fondos de inversión internacional, entidades financieras, auditoras (PWC, Deloitte,..) y responsables políticos, en su mayor parte del Partido Popular (Matas, Camps, etc.)”.
Todo con un marco de unión: “la denominada Colaboración Público-Privada (CPP)”. Momento en el que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública recuerda lo que señalaron hace años: esta fórmula trae “graves riesgos para pacientes, sistema sanitario, trabajadores y arcas públicas”. De hecho, el paso del tiempo, según el colectivo, ha evidenciado que “las prometidas ventajas en eficiencia, transparencia y calidad” han brillado por su ausencia dejando paso a “unos costes disparatados imposibles de sufragar a medio y largo plazo”. En cambio, lo que sí aprecia la Marea Blanca que ha traído sus resultados con la CPP es “la generalización de la corrupción pública, con los mismos protagonistas que la burbuja financiera y del ladrillo, que tanto dolor están provocando en la población”.
Las propuestas a los partidos
Por ello, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha procedido a realizar “un llamamiento a los partidos políticos para poner freno a este saqueo de dinero público”. Pero el movimiento se demuestra andando. Por eso, la Marea Blanca propone a las fuerzas parlamentarias que apuesten por “abrir auditorías” en los parlamentos para “analizar la aplicación de la CPP y sus consecuencias para la sanidad y las arcas públicas”, así como que se abran “procesos de denuncia de todas las concesiones y su reintegración al sistema público” por lo que se debería, según exigen, “abolir el modelo de gestión privada de los centros sanitarios financiados con recursos públicos”.
Una serie de reclamos que el colectivo cierra con una petición muy concreta: “Sanciones ejemplares para implicados en esta trama de corrupción dada la trascendencia de la misma para la salud de todos los españoles”.
Fuente: El Boletín