A día de hoy hay una cosa incierta y dos completamente seguras.
Empecemos por lo segundo. Habrá gobierno de Rajoy gracias a la abstención del PSOE; y en segundo lugar, la política que va a poner en práctica ese nuevo gobierno, será un nuevo plan de ajustes y recortes sociales.
Lo que no tenemos claro, es cuál será la composición física de ese gobierno, pero da igual. Los mismos perros con distintos collares.
El nuevo plan de ajustes (¿alguien pensaba que se habían acabado?) viene motivado por el ultimátum de Bruselas para recortar el déficit público en 2017 del 4,6% al 3,1%. Esto supone una cantidad de 15.000 millones de euros –que Bruselas ha ido renegociando dada la crisis política-.
Los “expertos” (esos que casi nunca aciertan, ni abogan por unas políticas más sociales); señalan que, dado el crecimiento del PIB en un 3,4%, no será necesario recortar más que 5.500 millones de euros ya que los 9.000 restantes vendrán “solos” gracias a las inercias del crecimiento.
El cuento de la lechera ha tenido muchas veces -en este país- un final muy poco feliz.
¿Qué ocurriría si el crecimiento es menor al previsto? ¿Acaso no se está gestando una nueva recesión económica a nivel mundial? ¿Cuántas veces han corregido Guindos o Montoro las cifras de ingresos y gastos públicos? ¿Estamos ante déficits puntuales o ante problemas estructurales y crónicos? Más preocupante incluso es la situación de la llamada caja de la seguridad social, que el gobierno del PP ha dilapidado en unos pocos años. ¿Qué va a suceder con las pensiones? Ya se está hablando de “ingresos extras” o sacar las pensiones de viudedad y orfandad que serían financiadas por otras vías (la cantidad es de 20.000 millones).
Sea como sea, el nuevo gobierno, solo tendrá una alternativa siguiendo la senda de Bruselas. Incidir en los planes de ajuste y recortes sociales. Ya sea por valor de 5.500 millones o 15.000 millones. Y en ese sentido, la vía impuestos (ajuste suave) no creemos que fuera suficiente. El escenario más probable es una nueva vuelta de tuerca hacia los trabajadores del sector público o haciendo caja con la venta del patrimonio público (servicios sociales, educación o sanidad).
Para esta hipótesis es para lo que nos tenemos que preparar. Son los tiempos que nos han tocado vivir. Mientras la apuesta de los gobiernos, en época de crisis económica, sea el control del gasto público y la transferencia de recursos públicos hacia las empresas privadas, no tendrán otro camino que ajustar las clavijas a los trabajadores y a sus derechos sociales o laborales.
¿Se podría cambiar esta dinámica infernal? Por supuesto. En primer lugar desarrollando una política económica y social más favorable a la inmensa mayoría de la población, tanto en materia fiscal, social o salarial. En segundo lugar, promoviendo en los centros de trabajo y barrios, una gran campaña de información y concienciación que prepare un ambiente más favorable a la movilización. Por ahí tenemos que empezar ya.
Jesús Jaén